Asociaciones empresariales y líderes municipales reaccionan ante la decisión de la gobernadora Jenniffer González de vetar el Proyecto de la Cámara 420, que buscaba congelar el impuesto por tres años
SAN JUAN, Puerto Rico – El veto de la gobernadora Jenniffer González al Proyecto de la Cámara 420 (PC 420), que proponía una congelación de tres años al impuesto al inventario, provocó reacciones encontradas entre el sector privado y los alcaldes del país. Mientras los empresarios calificaron la determinación como un golpe al desarrollo económico, varios líderes municipales defendieron la decisión al considerar que la medida legislativa carecía de una fuente de sustitución fiscal viable.
La gobernadora justificó su veto alegando que, de firmar el proyecto, los municipios dejarían de recibir aproximadamente $314 millones durante el próximo año fiscal. “Si firmamos la medida tal y como está, no tendríamos la fuente de repago para esas deudas”, señaló González, quien anunció que someterá un nuevo proyecto que “congele el impuesto por cinco años e incluya su eventual sustitución”, conforme al borrador original avalado por la Junta de Supervisión Fiscal.
“Hoy perdió Puerto Rico”
Las principales asociaciones empresariales del país coincidieron en que el veto representa un retroceso para la economía y una oportunidad perdida para la modernización contributiva.
“Hoy perdió Puerto Rico. Con este veto, la gobernadora dejó pasar la oportunidad de hacer historia y de ponerse del lado del pueblo; a pesar del consenso de los presidentes de Cámara y Senado, a quienes agradecemos por su postura, visión y compromiso con el desarrollo económico”, expresó José González, presidente de la Asociación de Comercio al Detal (ACDET).
“El impuesto al inventario penaliza a todos: al ciudadano que no encuentra productos esenciales, al comerciante que no puede planificar y al país que no logra competir. Vetar este proyecto es cerrar las puertas al progreso y prolongar una estructura contributiva que el propio gobierno reconoció como insostenible”, añadió Mateo Cidre, presidente de Hecho en Puerto Rico.
Por su parte, el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, expresó su frustración con el proceso. “Nos decepciona profundamente que, una vez más, prevalezcan las presiones políticas sobre el bienestar del país. Seguiremos dando la batalla hasta lograr que este nefasto impuesto se elimine”, indicó.
El presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), Carlos Budet, también reaccionó en contra del veto. “Este veto no es solo un revés para el comercio; es una pérdida para el ciudadano que paga más caro, para la empresa que intenta crecer y para el país que necesita desarrollo y estabilidad. Ganó la política, perdió Puerto Rico”, sostuvo.
Alcaldes piden planificación y fuentes alternas
Desde el ámbito municipal, algunos alcaldes respaldaron la decisión de la gobernadora, aunque reconocieron la necesidad de buscar soluciones que alivien la carga contributiva de los comerciantes.
El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, explicó que su posición no es oponerse al alivio, sino al enfoque del PC 420. “Lo que originalmente se había acordado era un proyecto que congelara el impuesto al inventario por cinco años, en lo que se buscaba un sustituto a ese impuesto. Eso también fue avalado por la Junta de Control Fiscal. Pero el proyecto actual es totalmente distinto. No da cinco años, da tres, y no provee para una sustitución. O sea, eso es lo que se está tratando de acordar aquí”, puntualizó.
Aponte recordó que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) había preparado un borrador de ley que proponía un esquema de pago más flexible para los comerciantes. “El año pasado, atendiendo la solicitud de los comerciantes, el CRIM redactó una medida para que la mercancía o el inventario se pague una vez se haga la venta, y que el comerciante no tenga que pagar por el inventario antes de venderlo. En mi opinión, eso atiende la necesidad de los comerciantes sin eliminar el impuesto, y no deja al municipio sin los recursos necesarios para ofrecer servicios básicos”, explicó.
El alcalde de Toa Baja, Betito Márquez, coincidió en la necesidad de un acuerdo más amplio y apoyó la decisión de la gobernadora. “Bueno, yo pienso que la gobernadora debería vetarlo, es lo que nosotros los alcaldes estamos recomendando, lamentablemente, porque lo que se quería trabajar representaba una solución para ambas partes, tanto para los empresarios como para los municipios. Ante la falta de comunicación y la intransigencia de quién tiene la razón, llegamos a este punto. Así que no tenemos otra alternativa”, afirmó.
Márquez hizo un llamado a la cooperación entre los poderes del Estado. “Si lo veta, lo que recomendaría es que nos sentemos a la mesa y se radique otro proyecto, porque los empresarios necesitan oxígeno, los alcaldes necesitan oxígeno, y Puerto Rico necesita oxígeno. Lo que conviene es sentarnos con transparencia y voluntad para discutir el bienestar del país”, expresó.
Asociación de Alcaldes: “No se puede eliminar sin sustituir”
El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Jorge ‘Georgie’ González Otero, también intervino en el debate, aclarando que la controversia “no es un asunto atribuible al Partido Popular Democrático (PPD) ni a su presidente, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera”.
“Este proyecto fue concebido, promovido y aprobado por la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara y el Senado, y responde a un compromiso programático de ese partido. Desde la Asociación de Alcaldes hemos sido claros: no se puede hablar de eliminar el impuesto al inventario sin establecer antes un sustituto fiscal real y permanente que garantice los fondos esenciales para los municipios y los servicios que recibe la gente”, sostuvo.
González Otero añadió que “el licenciado Pablo José Hernández ha expresado una posición responsable y sensata: no se opone a la eliminación del impuesto, pero exige planificación, transparencia y una fuente alterna de ingresos antes de tocar el bolsillo de los municipios. Pretender responsabilizarlo por un error político y legislativo originado dentro del PNP es un intento de desviar la atención del verdadero problema: la improvisación de un gobierno que legisla sin consenso y luego busca culpables”.
Un debate de equilibrio fiscal y desarrollo económico
La discusión en torno al impuesto al inventario pone nuevamente sobre la mesa uno de los dilemas más complejos de la política fiscal puertorriqueña: cómo lograr equilibrio entre competitividad económica y estabilidad municipal.
Mientras el sector privado exige acciones concretas para aliviar la carga contributiva y estimular la inversión, los alcaldes advierten que la eliminación del impuesto sin una fuente de reemplazo comprometería la capacidad del gobierno local para ofrecer servicios esenciales.
El nuevo proyecto anunciado por la gobernadora podría definir el rumbo de esa discusión. Si logra articular una propuesta que equilibre las necesidades de los empresarios, los municipios y la Junta Fiscal, Puerto Rico podría encaminarse hacia una reforma contributiva más justa, moderna y sostenible.
