La agencia federal ahora permite que iglesias y grupos religiosos accedan a préstamos por desastre; crecen las críticas por posible violación de la separación iglesia-Estado
WASHINGTON, D.C. — La Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) anunció la creación de su nuevo Centro para la Fe, una oficina dedicada a facilitar el acceso a capital, asesoramiento y contratos gubernamentales para organizaciones religiosas, comunitarias y casas de culto. Como parte de esta iniciativa, la SBA también eliminó una regulación vigente desde la administración Biden que prohibía a las entidades religiosas solicitar préstamos federales por desastre.
Según la administradora de la agencia, Kelly Loeffler, la medida busca “poner fin a la era de un gobierno armado que ha discriminado sistemáticamente a los estadounidenses de fe”. Loeffler aseguró que esta nueva política permitirá que iglesias y otros grupos religiosos afectados por tragedias como huracanes o terremotos accedan al mismo tipo de ayuda federal disponible para otras organizaciones.
Durante la administración anterior, la SBA mantuvo una norma que excluía de los préstamos por desastre a entidades “dedicadas principalmente a la enseñanza o adoctrinamiento religioso”, incluso luego de que la Corte Suprema señalara que tal restricción era inconstitucional. La agencia afirma que esta exclusión representaba una forma de discriminación religiosa.
El nuevo Centro para la Fe, creado bajo la Orden Ejecutiva 14205, estará adscrito a la Oficina de Desarrollo Empresarial de la SBA y se enfocará en formar alianzas con organizaciones religiosas para ampliar su acceso a programas de recuperación económica y contratación pública. Más detalles están disponibles en sba.gov/faith.
Críticas y preocupaciones
El anuncio ha generado fuertes críticas de parte de defensores de la separación entre iglesia y Estado, así como de organizaciones seculares y académicos constitucionalistas. Entre los principales señalamientos:
- Violación de la Primera Enmienda
Se advierte que el uso de fondos públicos para beneficiar organizaciones que promueven prácticas religiosas (como cultos, oración o evangelización) puede representar una violación al principio constitucional de no establecimiento de religión. - Falta de transparencia financiera
A diferencia de otras entidades sin fines de lucro, muchas iglesias no están obligadas a presentar informes financieros al IRS (como el Formulario 990), lo que dificulta el seguimiento del uso de fondos federales y puede derivar en falta de rendición de cuentas. - Posibles prácticas discriminatorias
Algunas organizaciones religiosas pueden imponer criterios de afiliación religiosa para contratar personal o brindar servicios, lo cual contrasta con las leyes federales de no discriminación, incluso si operan con fondos públicos. - Riesgo de financiamiento duplicado
Exenciones especiales permiten que iglesias, escuelas afiliadas y sus organismos superiores soliciten ayuda por separado, lo que podría dar paso a solicitudes múltiples dentro de una misma red religiosa, generando subsidios excesivos. - Acceso desproporcionado para organizaciones grandes
Informes previos han señalado que megatemplos y denominaciones con miles de millones en activos recibieron ayuda significativa durante la pandemia, desplazando a organizaciones pequeñas o laicas con necesidades reales. - Interpretaciones legales controversiales
Juristas advierten que los cambios recientes en la regulación de la SBA pueden estar basados en interpretaciones erróneas de la Constitución y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, motivadas más por agendas políticas que por fundamentos jurídicos sólidos.
Mientras la SBA promueve esta nueva etapa como un acto de equidad religiosa, sectores críticos aseguran que podría tratarse de un precedente peligroso en la relación entre religión y fondos públicos.
