Las auditorías realizadas este año también resultaron en 19 anulaciones y cuatro revocaciones por violaciones a los términos establecidos
SAN JUAN, Puerto Rico – El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) emitió 305 notificaciones de deficiencia tras auditar 1,798 decretos de exención contributiva durante el año 2025, como parte de un proceso de fiscalización más riguroso liderado por su Oficina de Incentivos para Negocios (OIN). Las auditorías, que incluyeron a individuos residentes inversionistas y negocios de exportación de servicios, también derivaron en 19 anulaciones y cuatro revocaciones por incumplimientos con los términos del decreto.
El secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, subrayó que estas acciones forman parte de un esfuerzo institucional para garantizar el uso adecuado de los incentivos bajo la Ley 60-2019 y otras leyes anteriores.
“Los incentivos son una herramienta poderosa para atraer inversión, pero conllevan la responsabilidad de cumplir con las condiciones establecidas por ley”, afirmó.
Las notificaciones de deficiencia emitidas detallan el incumplimiento identificado, pueden incluir multas de hasta $10,000 y, en casos subsanables, instrucciones para corregir la situación. También contienen un aviso sobre el derecho a reconsideración dentro de 20 días calendario.
Además de los señalamientos, la OIN procesó más de 887 entregas voluntarias de decretos durante el año. Según el director de la oficina, Ernesto J. Zayas García, este resultado responde a una política de cumplimiento más estructurada y transparente, que busca garantizar que los beneficios lleguen a quienes verdaderamente aportan al desarrollo económico del país.
Como parte de los nuevos controles, toda solicitud de decreto bajo el incentivo para individuos residentes inversionistas debe incluir certificaciones de antecedentes penales del país de residencia anterior, emitidas el mismo año de la solicitud. También se realiza una búsqueda final de historial público antes de la firma del acuerdo. Personas con historial de fraude o delitos graves no son elegibles para recibir incentivos.
Entre otras medidas, el DDEC extendió la exigencia de rendir informes anuales a todos los programas de incentivos –hasta ahora solo cinco requerían esta obligación– y creó un Comité de Auditoría de Cumplimiento encargado de evaluar referidos, imponer sanciones y recomendar revocaciones cuando proceda.
Zayas García indicó que la OIN colabora activamente con el Departamento de Hacienda y el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) en el intercambio de información. También recibe confidencias o referidos a través del correo electrónico compliance@ddec.pr.gov.
Para el año 2026, la agencia anticipa implementar campañas de auditoría por muestreo en todas las industrias bajo la Ley 60, así como mecanismos automáticos para la emisión de notificaciones y penalidades por incumplimiento con el Informe Anual de Negocio Exento. Las multas comenzarán en $1,000 y podrán escalar hasta una revocación total del decreto.
