La Cámara de Representantes evalúa medida que busca permitir transacciones 100 % en línea
SAN JUAN, Puerto Rico – La industria bancaria de Puerto Rico y organizaciones vinculadas al consumidor advirtieron este jueves sobre los riesgos de un proyecto de ley que obligaría a las instituciones financieras a ofrecer todos sus servicios en línea. Según señalaron, la medida podría dejar en mayor vulnerabilidad a la población adulta mayor y comprometer la estabilidad del sistema financiero.
Durante una vista pública de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, presidida por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, se discutió el Proyecto de la Cámara 147, que enmendaría la Ley de Bancos de Puerto Rico para imponer este requisito.
“El adulto mayor realiza muchas de sus diligencias de manera presencial, como parte de su desempeño psicosocial y de su salud. Existe un elemento humano en la atención personal que jamás podrá ser sustituido por el servicio virtual”, expresó José Acarón, director estatal de AARP Puerto Rico, quien alertó sobre riesgos de explotación financiera, robo de identidad y lavado de dinero.
Aunque Acarón reconoció que un 63 % de los adultos mayores ya utiliza servicios digitales semanalmente, defendió alternativas específicas como la banca a domicilio para mayores de 70 años o personas con discapacidad, en lugar de una digitalización total obligatoria.
El autor de la medida, el representante Ángel Morey Noble, defendió que su intención es facilitar el acceso a adultos mayores con problemas de movilidad. Recordó que un proyecto similar fue aprobado en la Cámara en el pasado cuatrienio, aunque no prosperó en el Senado.
Por su parte, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la Asociación de Bancos de Puerto Rico se opusieron al proyecto. La subcomisionada de la OCIF, Mónica Rodríguez Villa, advirtió que podría interpretarse como “intromisión indebida en el libre mercado” y planteó que no todas las instituciones tienen los recursos tecnológicos para cumplir con el mandato.
La presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio, coincidió en que la medida colocaría a la banca en riesgo financiero. “Es una exigencia imposible y extremadamente costosa, particularmente para los bancos de mayor tamaño”, afirmó.
Actualmente en Puerto Rico operan nueve bancos comerciales. El Ombudsman sugirió que, en lugar de un mandato uniforme, la digitalización se implemente de forma gradual.
