La Contraloría señaló que el Departamento de Seguridad Pública contrató una empresa externa para suplir funciones de la Junta sin establecer el Comité correspondiente, lo que afectó la evaluación de aptitud física y mental de los empleados
San Juan, Puerto Rico (EFE) – La Contraloría de Puerto Rico informó este miércoles que una auditoría suya reveló que durante las incumbencias de Wanda Vázquez y Pedro Pierluisi el Departamento de Seguridad Pública (DSP) no designó a los funcionarios que conformarían la Junta de Evaluación Médica.
Los auditores especificaron que del 20 de diciembre de 2019 al 8 de febrero del 2022 no se estableció el Comité, establecida por la Ley 20-2017, según indicó la Contraloría en un comunicado.
Vázquez gobernó a la isla entre el 7 de agosto de 2019 y el 2 de enero de 2021, para entonces darle paso a Pierluisi hacer lo propio desde el 2 de enero de 2021 al 2 de enero de 2025.
Ante la falla de conformar la Junta de Evaluación Médica, el DSP contrató del 21 de mayo al 31 de diciembre del 2024 a una empresa por $454,000 para prestar estos servicios a un máximo de 500 empleados, y actuar como si fuera dicha Junta, determinó la auditoría.
La Junta de Evaluación Médica tiene como responsabilidad recomendar las solicitudes de retiro por incapacidad física, determinar aptitud y condición física de los candidatos a policías, bomberos y técnicos de emergencias, así como a dar consejería por situaciones que afecten la estabilidad emocional de los empleados.
Por esta situación, el DSP no contó con la información necesaria para determinar aptitud, condición física y mental de los candidatos y empleados que requieren las diversas funciones de los negociados.
La auditoría señaló además que el DSP tampoco estableció el Comité Ejecutivo de Seguridad adscrito a la Oficina del Gobernador, para trabajar la integración plena de la agencia y sus negociados.
El DSPS se compone del Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Emergencias Médicas, Investigaciones Especiales, Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y Sistema de Emergencias 911.
Los auditores identificaron además que el DSP no preparó 23 de los 26 informes de progreso que debían presentar cada 60 días al gobernador y a la Asamblea Legislativa, y los tres informes preparados no se remitieron a la Oficina del Gobernador.
Además, los funcionarios encargados de la propiedad no realizaron un inventario físico al cese de funciones del encargado el 27 de junio de 2022, no habían establecido un registro sobre casos de pérdidas e irregularidades, ni habían emitido el recibo de propiedad en uso para propiedad valorada en $636,000.
Estas deficiencias impiden validar con certeza que la información y los procesos sean los correctos, y que, de hallarse una irregularidad, se puede detectar a tiempo, aseguró la auditoría.
Ante ello, la Contraloría emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del DSP.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
