Designado secretario de Salud denuncia falta de equilibrio entre proveedores y aseguradoras; defiende manejo de plan médico gremial y niega señalamientos éticos
SAN JUAN, Puerto Rico — El designado secretario del Departamento de Salud, Dr. Víctor M. Ramos Otero, compareció este jueves ante el Senado de Puerto Rico reunido en Comisión Total, donde enfrentó una extensa sesión de preguntas sobre su gestión como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y su visión sobre el sistema de salud. En el proceso, lanzó señalamientos directos al poder que ejercen las aseguradoras en la isla y defendió la creación del fallido plan médico gremial CMC Care Holdings, LLC.
Durante la ronda de preguntas, la senadora Wandy Soto Tolentino planteó preocupaciones sobre la relación entre aseguradoras y proveedores. Ramos respondió tajantemente: “Los médicos y proveedores de salud son los que deben tener el control de las decisiones de un paciente y no las aseguradoras”.
Añadió que los entes reguladores del gobierno no cuentan con los recursos necesarios para ejercer su función de fiscalización:
“La Oficina del Comisionado de Seguros y el ASES, que son los que tienen que fiscalizar, realmente tienen bien pocos empleados, versus la máquina de gente que tienen las aseguradoras. Y eso es un problema, porque son gente bien comprometida…”, expresó.
Reiteró su posición: “Yo no creo que las aseguradoras puedan tener control. Lo deben tener los proveedores, que son los que están viendo a los pacientes”.
Estas expresiones se produjeron en el contexto de una vista centrada en la evaluación de su nombramiento, pero que abordó temas estructurales del sistema de salud y el equilibrio de poderes entre aseguradoras, proveedores y agencias gubernamentales.
Plan médico sin ejecución final
Uno de los temas centrales fue el intento fallido de establecer un plan de salud propio bajo la corporación CMC Care Holdings, LLC, creado durante la presidencia de Ramos en el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
Ramos describió el proyecto como una propuesta para atender las necesidades particulares de los médicos colegiados.
“Uno de los proyectos más ambiciosos que emprendimos fue la creación de un plan de salud propio para nuestros miembros, bajo la corporación CMC Care Holdings, LLC. Este esfuerzo surgió de la necesidad de ofrecer una alternativa que respondiera a las particularidades de nuestra profesión y garantizara una cobertura adecuada”, afirmó.
Detalló que el plan contó con una inversión privada de aproximadamente $1.4 millones, con aportaciones individuales de entre $1,000 y $50,000, provenientes exclusivamente de médicos y proveedores de salud. Esos fondos se destinaron a estudios actuariales, establecimiento de oficinas, adquisición de equipos, contratación de personal y creación de un centro de llamadas.
“Todas las decisiones y movimientos financieros relacionados a este proyecto fueron documentados y supervisados por expertos en derecho corporativo y seguros”, subrayó Ramos.
Indicó que el Dr. Carlos Díaz Vélez, actual presidente del Colegio y uno de sus críticos más vocales, formó parte activa del proceso como vicepresidente del Colegio y de la Junta del plan.
“Durante ese proceso participó activamente en las decisiones tomadas, votando a favor de todas las decisiones”, afirmó.
Ramos alegó que la paralización del proyecto se debió a la falta de acción de la administración entrante del Colegio:
“Cuando el doctor Carlos Díaz asumió la presidencia, no cumplió con la entrega del estudio actuarial, a pesar de que estaba realizado. Tampoco concretó las gestiones con el inversionista privado que había conseguido bajo mi mandato”, dijo.
Auditoría privada y señalamientos
Otro tema que dominó la sesión fue el contenido de una auditoría realizada a los fondos federales utilizados por el Colegio de Médicos durante la emergencia del COVID-19. El Dr. Díaz aseguró que el informe contenía 17 señalamientos, incluyendo conflictos de interés, contratos sin licitación, duplicidad de servicios legales y uso indebido de fondos federales.
Ramos desestimó los señalamientos, aclarando que la auditoría fue de carácter privado y no federal, contratada como requisito administrativo.
“La auditoría del doctor Díaz tiene 17 señalamientos. Fue una auditoría privada, no es una auditoría federal”, enfatizó.
Negó también estar bajo investigación de cualquier agencia: “Yo nunca he sido citado, nunca he recibido un target letter, nunca he sido entrevistado, ni investigado”, expresó bajo juramento.
A preguntas de la senadora Soto Tolentino, Ramos también confirmó que durante su presidencia se autorizaron contratos con fondos federales a través del Colegio y que, al momento del cambio de administración en abril de 2022, el Dr. Díaz decidió no renovar los contratos, lo que representó la pérdida de más de $4.5 millones en ingresos proyectados para el Colegio.
“Fue la decisión del nuevo presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de que no entraran más dinero a las arcas del Colegio”, sentenció.
Próximos pasos y evaluación legislativa
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que si Ramos entrega la documentación requerida, el Senado evaluará su confirmación el próximo lunes.
“Todo el que le quiso preguntar, le preguntó. Todo el que quiso enterarse, se enteró. Pero además de los que estamos aquí, el pueblo de Puerto Rico. Esta vista se televisó. Así que, el pueblo de Puerto Rico vio lo que declaró el doctor Carlos Díaz y lo que declaró Víctor Ramos”, expresó Rivera Schatz al concluir la audiencia.
