Banca, constructores, corredores y gremios legales chocan por el impacto económico de la medida
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de lo Jurídico del Senado celebró una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 1033, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que propone enmendar la Ley Notarial de Puerto Rico para establecer una estructura uniforme y obligatoria de honorarios notariales.
La medida persigue fijar tarifas mínimas, limitar la discreción en la negociación de honorarios, exigir el pago inmediato de aranceles y honorarios al momento de autorizar un instrumento público y establecer penalidades por incumplimiento, con el fin de reforzar la fe pública notarial y la seguridad jurídica en Puerto Rico.
El presidente de la comisión, el senador Ángel Toledo López, dejó claro al inicio de la vista su doble rol como legislador y notario.
“Claramente me voy a poner el sombrero de senador, porque estamos haciendo un justo balance entre los diferentes lados que pueden tener intereses particulares en esta medida, pero yo quiero ser claro con todos y todas, yo soy senador, pero soy abogado y soy notario también. Creo que eso es importante dejarlo claro, entendiendo que mi línea de preguntas no va dirigida a desfavorecer o a favorecer ninguna postura, sino a tener un récord lo más claro posible para que la comisión pueda rendir un informe adecuado y que los compañeros senadores y senadoras puedan emitir su juicio, hacer el análisis que corresponde en el momento en que corresponda”, expresó.
En representación de la Oficina de Administración de los Tribunales, comparecieron la licenciada Giselle Rosa González y el licenciado Manuel Ávila De Jesús, quienes presentaron recomendaciones técnicas a la pieza legislativa. Rosa sugirió añadir lenguaje aclaratorio para que la prohibición de ofrecer servicios notariales gratuitos como práctica habitual no se interprete en contravención del deber ético de facilitar acceso a la justicia a personas sin capacidad de pago.
“Sugerimos añadir al texto propuesto un lenguaje aclaratorio que disponga que la prohibición de ofrecer servicios notariales de forma gratuita como práctica habitual no debe interpretarse en contravención del deber ético que cobija a toda persona profesional del Derecho de facilitar acceso a la justicia a quienes no tienen capacidad de pago”, indicó.
Asimismo, recomendó precisar que la multa por incumplimiento con el pago de aranceles y honorarios al momento de la autorización de un instrumento público aplicaría a los otorgantes o comparecientes, y no a los notarios.
“Además, recomendamos establecer el deber de los notarios de advertir a los otorgantes y los comparecientes sobre su responsabilidad de pago de los aranceles y los honorarios notariales y las consecuencias de su incumplimiento”, añadió.
Rosa también señaló que la sección que impone al Departamento de Hacienda, a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y a la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas el deber de aprobar reglamentación en un término de 90 días podría requerir una vigencia diferida. “El establecimiento de una vigencia diferida sería cónsono con el término propuesto y contribuiría a una implementación ordenada y efectiva de la ley”, sostuvo.
El presidente del Colegio Notarial de Puerto Rico, Ismael García Ortega, favoreció la medida con enmiendas y defendió la función esencial de la fe pública. “La Exposición de Motivos del PS1033 reconoce correctamente que la fe pública notarial constituye una función esencial del ordenamiento jurídico puertorriqueño, mediante la cual el Notario garantiza la autenticidad y legalidad de los actos y contratos formalizados mediante instrumentos públicos”, afirmó.
Entre sus recomendaciones, planteó que se atienda de forma expresa la expedición de copias certificadas de instrumentos públicos y testimonios, al entender que actualmente carecen de una estructura arancelaria clara y uniforme. “La copia certificada es un acto que conlleva fe pública, deberes de verificación, fidelidad, custodia y plena responsabilidad disciplinaria para el notario, ya sea respecto a un instrumento matriz o a un asiento del Registro de Testimonios, en formato físico o electrónico”, señaló.
En la misma línea, el licenciado Ángel Alicea Montañez, en representación del Colegio de Abogados y Abogadas y del Instituto del Notariado, respaldó el proyecto.
“El PS1033 adopta una política pública que por años hemos defendido: los honorarios notariales deben ser taxativos, uniformes y no negociables. Ya es tiempo de tratar los honorarios notariales como unos taxativos, que no permita negociación, y cualquier acuerdo para pagar una cantidad distinta será nulo. El proyecto atiende esta recomendación al fijar tarifas mínimas claras, eliminar la negociación y prohibir descuentos o privilegios que reduzcan los honorarios establecidos”, expresó.
Alicea sostuvo además que la medida representa justicia económica para la clase togada.
“Desde 1987 no se revisan sustancialmente los honorarios notariales, a pesar del aumento en el costo de vida, la inflación y las crecientes exigencias profesionales. El proyecto reconoce esta realidad y actualiza las tarifas de manera razonable y proporcional”, indicó.
Como recomendación específica, propuso incluir en el Artículo 77 una tarifa uniforme para la expedición de copias certificadas de escrituras. “Nuestra recomendación es que se imponga una tarifa fija de $40.00 por la expedición de la copia certificada, y un aumento de $1.00 por página adicional a la quinta página del documento”, señaló.
Desde el sector inmobiliario y de la construcción, las posturas fueron más cautelosas. Adelaida Torres y Joel Carrión, en representación de la Asociación de Realtors, reconocieron la intención de proteger la función notarial y eliminar prácticas indebidas en la retención de pagos, pero advirtieron sobre el impacto económico.
“Reconocemos y respaldamos la intención legítima del PS1033 de proteger la función notarial y eliminar prácticas indebidas en la retención de pagos y el control de honorarios por terceros. Sin embargo, los aumentos propuestos podrían resultar excesivos y afectar adversamente a la clase media y al acceso a vivienda, así como al mercado inmobiliario en general”, expresó Torres.
Aunque endosaron los mecanismos para asegurar el pago inmediato y correcto de los honorarios, sugirieron evitar la estandarización a una cantidad fija uniforme y mantener un esquema con mínimos y máximos.
Por su parte, Juan Carlos Muñoz, en representación de la Asociación de Constructores, indicó que no pueden respaldar los incrementos propuestos.
“No podemos endosar los incrementos propuestos en los honorarios notariales bajo el PS1033. No obstante, sí favorecemos los cambios propuestos para establecer penalidades, prohibiciones y controles para honrar el servicio de los notarios y asegurar el pago de estos por su valioso servicio”, sostuvo.
Muñoz recomendó además enmendar el inciso relacionado con excepciones para atemperarlo a la legislación reciente que sustituye el concepto de vivienda de interés social por el de vivienda de alto impacto social, económico y para repoblación.
Desde el sector bancario, también se levantaron objeciones. El presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios, Carlos Del Valle, manifestó oposición a la medida tal como está redactada, al entender que incrementaría los costos de las transacciones hipotecarias en un contexto de inflación, altos intereses y reducción en el volumen de compraventas. “Levantamos preocupación seria, en lo que respecta a los préstamos hipotecarios residenciales. Debemos considerar que el volumen de compraventas de bienes inmuebles ha bajado drásticamente. Esto está atado a diversos factores, a saber: la inflación, la capacidad de crédito del consumidor, la falta de inventario en el mercado, y altos intereses”, indicó.
Del Valle añadió que el alza en los intereses hipotecarios ya ha impactado el movimiento de propiedades y los gastos de cierre. “Lo propuesto por la medida, sin duda, incrementará este impacto”, afirmó.
En la misma línea, la presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio, expresó reparos a la aprobación del proyecto según redactado. “La Asociación respetuosamente expresa serios reparos a la aprobación de esta medida. De quedar aprobada, según redactada, podría tener efectos perjudiciales no intencionados sobre el mercado hipotecario de bienes raíces en Puerto Rico, considerando la coyuntura económica y fiscal en la que se encuentra Puerto Rico en estos momentos”, señaló.
Álvarez Rubio sostuvo que la eliminación de la negociación entre las partes conllevaría un aumento directo en los costos de otorgamiento de instrumentos relacionados con compraventas, permutas e hipotecas. “Ello tendrá un impacto directo en los costos del otorgamiento de instrumentos relativos a las transacciones tales como compraventas, permutas, hipotecas y otras transacciones”, concluyó.
La Comisión de lo Jurídico continuará la evaluación del proyecto antes de rendir su informe al pleno del Senado.
