El informe propone seis fuentes fiscales, medidas legislativas y nuevos mecanismos de captación para mitigar el impacto en los municipios
SAN JUAN, Puerto Rico – Las principales organizaciones del sector productivo de Puerto Rico remitieron al Ejecutivo, a la Legislatura y a los gobiernos municipales el estudio económico “Alternativas para la Sustitución del Impuesto al Inventario”, elaborado por el economista Vicente Feliciano y Advantage Business Consulting. El análisis detalla múltiples fuentes fiscales que, combinadas, superan los $700 millones y permitirían eliminar el impuesto al inventario sin crear nuevos tributos ni comprometer la estabilidad presupuestaria de los municipios.
El documento surge luego del veto al Proyecto de la Cámara 420, que proponía congelar por tres años la tasa del impuesto al inventario mientras se completaba una transición. El estudio plantea que existen alternativas suficientes para sustituir la totalidad del ingreso municipal asociado a este impuesto, estimado en $319 millones para el año fiscal 2025.
Entre las alternativas presentadas, varias fueron originalmente identificadas por el Senado y la Federación de Alcaldes. Estas incluyen la exención de los pagos municipales a Medicaid (ASES), que representa un alivio estimado de $77 a $88 millones; el reembolso del 1.03 % correspondiente al Fondo de Redención Estatal, que suma $138 millones; y distintas medidas legislativas que aportarían cerca de $11 millones. El análisis también incorpora fondos adicionales por concepto de room tax, arbitrios al ron, ingresos federales extraordinarios y aumentos en aranceles, que en conjunto elevan el total a más de $700 millones.
Una de las propuestas más significativas es asignar a los municipios los ingresos producto de la nueva tasa del 4 % sobre intereses, dividendos y ganancias de capital contemplada bajo la Ley 60, cuyo efecto acumulado generaría $123 millones en el año fiscal 2028. El estudio recalcula el impacto con base en decretos vigentes y nuevos, proyectando un crecimiento sostenido en los recaudos para años posteriores.
El análisis también identifica un potencial de $31 millones provenientes del exceso del room tax por encima de los $142 millones recaudados en 2024, así como hasta $94 millones generados por el aumento en el reembolso del arbitrio federal al ron, establecido en la legislación federal de 2025. A esto se sumarían $216 millones de ingresos adicionales asociados al incremento en aranceles federales, canalizados al Puerto Rico Trust Fund.
La carta enviada a la gobernadora fue suscrita por ACDET, Hecho en Puerto Rico, el Centro Unido de Detallistas, ASORE, la Cámara de Comercio, la Asociación de Centros Comerciales y MIDA. Estas organizaciones solicitaron que las alternativas identificadas sean acogidas en la sesión legislativa en curso o en una extraordinaria, y que se integren formalmente al diseño de la Reforma Contributiva junto al periodo de congelación y la eliminación final del impuesto en 2028.
El presidente de ACDET, José González, indicó que el estudio “representa un ejercicio serio de responsabilidad fiscal y compromiso con el país”, y recalcó que las alternativas son “concretas, cuantificadas y sostenibles”. El economista Vicente Feliciano añadió que los datos confirman la viabilidad de eliminar el impuesto sin menoscabar la capacidad fiscal municipal.
