En la Conferencia de Seguros de Salud de Puerto Rico 2026, líderes de la industria advirtieron sobre la desigualdad en los reembolsos federales, el impacto sobre beneficiarios y hospitales, y la urgencia de cambios estructurales
SAN JUAN, Puerto Rico – Líderes y expertos del sector de la salud y de los seguros reclamaron corregir la disparidad en el financiamiento federal de Medicare Advantage para Puerto Rico, al advertir que la brecha en los reembolsos afecta el acceso a servicios y la estabilidad del sistema de salud en la Isla.
El planteamiento surgió durante la Conferencia de Seguros de Salud de Puerto Rico 2026, celebrada en San Juan por la Cámara de Comercio de Puerto Rico junto a su Comité de Salud. La presidenta de la entidad, Margaret Ramírez Báez, afirmó que el encuentro buscó mover la discusión de la crisis a la acción con énfasis en datos, colaboración y responsabilidad fiscal.
“Este foro trasciende la conversación tradicional sobre crisis y nos enfoca en la acción. Desde la Cámara de Comercio impulsamos un diálogo basado en datos, colaboración y responsabilidad fiscal, con el objetivo de promover un sistema de salud más accesible, eficiente y centrado en el paciente. Debemos atender asuntos vitales como la salud mental y el Medicare, porque somos la jurisdicción americana con el mayor rendimiento de Medicare Advantage; pero, irónicamente, con el reembolso más bajo de la nación. Las matemáticas no cuadran”, dijo Ramírez Báez.
Por su parte, el presidente del Comité de Salud, Luis E. Pizarro, sostuvo que Puerto Rico cuenta con la capacidad y el talento para transformar su sistema de salud, pero advirtió que eso requiere alinear política pública, sostenibilidad financiera y acceso real a servicios.
“Puerto Rico tiene la capacidad y el talento para transformar su sistema de salud, pero requiere alineación entre política pública, sostenibilidad financiera y acceso real a servicios con la ayuda del sector privado y gobierno. Este encuentro permite precisamente eso: sentar a todos los sectores en la misma mesa para construir soluciones concretas y medibles que impacten positivamente la vida de los pacientes”, expresó.




Durante la conferencia se indicó que Medicare Advantage cubre al 96% de los beneficiarios elegibles en Puerto Rico, representa más de $10 mil millones anuales y constituye la base del sistema de salud en la Isla. Sin embargo, en 2026 el pago mensual promedio del programa en Puerto Rico es de $730, frente a $1,228 en Estados Unidos, una diferencia de 68%.
También se planteó que esa brecha se ha ampliado en más de 160% desde 2011 y que tiene consecuencias directas para los beneficiarios. Entre ellas, se destacó que los adultos mayores de bajos ingresos en Puerto Rico no tienen acceso al Programa de Ahorros de Medicare, lo que los obliga a cubrir costos de su bolsillo y limita su capacidad para atender necesidades esenciales como alimentos y medicamentos.
Ramírez Báez sostuvo que Puerto Rico ha demostrado que puede ofrecer servicios de salud de alta calidad con menos recursos que cualquier jurisdicción estadounidense, y defendió que corregir esa desigualdad es un asunto de equidad.
“Puerto Rico ha demostrado que puede ofrecer servicios de salud de alta calidad; sin embargo, lo hace con menos recursos que cualquier jurisdicción en Estados Unidos. Corregir esta desigualdad en el financiamiento no es sólo una necesidad económica, es un asunto de equidad para millones de ciudadanos americanos que residen en la Isla. El momento de actuar es ahora. Sin intervenciones estructurales, la brecha en financiamiento continuará ampliándose, poniendo en riesgo el acceso a servicios de salud para miles de familias en Puerto Rico”, señaló.
A pesar de ese escenario, se destacó que el 82% de los beneficiarios en Puerto Rico está inscrito en planes de cinco estrellas, una proporción superior al promedio nacional. Ante ese panorama, organizaciones del sector han solicitado al gobierno federal establecer un nivel mínimo de financiamiento para Medicare Advantage basado en el ajuste geográfico aplicado en las Islas Vírgenes estadounidenses, así como implantar en Puerto Rico el Programa de Ahorros de Medicare, medida que podría beneficiar a más de 300,000 adultos mayores y personas con discapacidad.
En cuanto a Medicaid, se indicó que Puerto Rico necesita aproximadamente $8 mil millones anuales para atender adecuadamente a su población, incluida la expansión de beneficios esenciales como servicios a largo plazo y programas de apoyo para personas de bajos ingresos.
El presidente de MCS Advantage y MCS Life Insurance Company, Roberto Pando, afirmó que el mensaje al Congreso debe ser claro en cuanto al uso de fondos adicionales para atender a los pacientes en Puerto Rico.
“Tenemos que llevar el mensaje al Congreso de que cada dólar que tengamos para Medicare se usará de la mejor manera para nuestros pacientes. Tenemos mucho que hacer”, expresó Pando.
Penelope Kokkinides, vicepresidenta sénior y gerente general de Medicare en Triple, señaló que Puerto Rico enfrenta retos de reembolso en un contexto de alta población de edad avanzada, alta prevalencia de condiciones crónicas, bajos ingresos, inseguridad alimentaria, falta de transportación y aislamiento social.
“Casi nueve de cada 10 beneficiarios elegibles en la Isla están inscritos en MA, la penetración más alta en EE. UU. El 24.6% de los residentes tienen 65 o más, una de las proporciones más altas a nivel nacional, y una mayor prevalencia de diabetes, enfermedades cardiovasculares y renales. Tiene el menor ingreso medio, inseguridad alimentaria, falta transportación y aislamiento social. No es un sistema perfecto, pero en términos de ejecución del cuidado administrado, es uno de los ejemplos reales más avanzados en EE. UU.”, indicó Kokkinides.
La ejecutiva añadió que Puerto Rico debe ser reconocido como un mercado de alto valor dentro de Medicare Advantage y sostuvo que ajustes específicos en los reembolsos pueden producir mejores resultados en calidad, equidad y control de costos.
“Sí, podemos mostrar lo que Puerto Rico está haciendo para fortalecer nuestro argumento a favor de más fondos. Debe ser reconocido y respaldado como un mercado de MA de alto valor donde ajustes específicos en reembolsos pueden generar retornos desproporcionados en calidad, equidad y control de costos”, agregó.
Durante la actividad, Greg Murphy, miembro del Comité de Medios y presidente del Grupo Parlamentario de Médicos del Congreso, destacó la importancia de educar al Congreso sobre la realidad del sistema de salud de Puerto Rico y defendió la necesidad de lograr un sistema asequible.
“Muchas personas no saben lo que sucede en el sistema de salud de Puerto Rico por lo que es muy importante educar al Congreso. Es crítico lograr un sistema de salud asequible”, dijo Murphy.
Por su parte, el comisionado residente, Pablo José Hernández, afirmó que los cambios necesarios van más allá de Medicare Advantage e incluyen una mejor coordinación de servicios y la protección de los fondos del Plan Vital.
“Los cambios que necesitamos van mucho más allá del Medicare Advantage, como mejorar la coordinación de servicios para lograr justicia social en Puerto Rico. He tenido muchas conversaciones con congresistas y la meta es que nos traten igual y salvar los fondos del Plan Vital. Los desafíos son complejos, pero se que los superaremos si trabajamos juntos, el sector público y privado”, manifestó Hernández.
En la conferencia también se subrayó la importancia de maximizar el Índice Salarial mediante una mejor presentación de datos. Además, Ricardo Hernández, principal ejecutivo de Menonita Health, advirtió que de los 42 hospitales de Puerto Rico, el 62.6% opera con márgenes negativos y 17 están en riesgo, lo que evidencia la fragilidad financiera del sistema hospitalario.




