La medida busca mejorar la transparencia, eficiencia y seguridad en la gestión gubernamental
SAN JUAN, Puerto Rico – En un paso hacia la modernización del gobierno, la representante Tatiana Pérez Ramírez presentó el Proyecto de la Cámara 364, titulado «Ley para la Integración e Implementación de la Tecnología Blockchain en la Administración Pública de Puerto Rico».
La iniciativa tiene como objetivo establecer proyectos piloto para incorporar esta tecnología en diversas agencias gubernamentales, con miras a optimizar procesos como las contrataciones públicas, la auditoría de impuestos municipales y la gestión de registros oficiales.
«En la era digital, es imperativo que nuestra administración pública se modernice y se adapte a las necesidades de los ciudadanos. La tecnología blockchain ofrece una solución segura y eficiente que puede transformar la forma en que gestionamos la información gubernamental», destacó Pérez Ramírez al presentar la medida.
El proyecto de ley establece la creación de un Comité Asesor de la Asamblea Legislativa, el cual estará integrado por expertos en tecnología y representantes de distintas agencias. Su función será estudiar la viabilidad de la implementación de blockchain y desarrollar un plan para su ejecución progresiva.
Pérez Ramírez subrayó que esta iniciativa no solo beneficiará la administración pública, sino que también podría convertir a Puerto Rico en un centro atractivo para la inversión y el desarrollo de empresas tecnológicas.
«La implementación de blockchain no solo busca modernizar nuestros procesos gubernamentales, sino también fomentar un ecosistema propicio para la innovación y la inversión en tecnología», señaló.
Transparencia y seguridad en el gobierno
La propuesta legislativa surge como respuesta a desafíos persistentes en la administración pública, tales como la burocracia, la falta de transparencia y la vulnerabilidad en la gestión de datos. Con el uso de blockchain, se espera garantizar un mayor nivel de confianza en las instituciones gubernamentales y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.
El proyecto ahora pasará a discusión y evaluación en la Asamblea Legislativa, donde se determinarán los próximos pasos para su posible implementación.
