Agentes advierten que la medida es onerosa e injustificada, y afectaría su participación en contratos gubernamentales
Por Antonio Gómez
Especial para Seguros y Finanzas
SAN JUAN, Puerto Rico – La organización de Agentes de Seguros Profesionales en Puerto Rico y el Caribe rechazó una medida legislativa que impondría a estos una retención del 5% de su compensación en contratos de seguros con el gobierno.
El presidente de la Junta de la entidad, Edgar Mercado Pérez, señaló en vistas públicas camerales que la retención a las comisiones de los productores de seguros públicos representa “una medida onerosa, inequitativa e injustificada”.
Recalcó que los productores ya contribuyen económicamente al Estado mediante impuestos y licencias, y advirtió que no deben ser utilizados como fuente de financiamiento de la Oficina del Comisionado de Seguros, como propone la medida.
El Proyecto de la Cámara 341, se indicó, busca que esta aportación adicional sea utilizada para allegar más fondos a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios.
La legislación está bajo estudio de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara, que es presidida por el representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez, autor de la medida.
Además de la propuesta de retención de parte de las comisiones, el proyecto contiene disposiciones para “impulsar el proceso de subasta para la prestación de estos servicios”.
En expresiones durante las audiencias, el autor del proyecto sostuvo que considera necesario enmendar tanto el Código de Seguros como el Código Municipal “para incentivar que los procesos de adquisición de seguros públicos se lleven a cabo exclusivamente mediante el procedimiento de subasta. Cuando sea necesario realizar una selección libre, los productores de seguros públicos deberán atenerse a la aportación adicional para mejorar la eficiencia de la OCS y la salud fiscal de los municipios”.
El portavoz de la organización de Agentes de Seguros Profesionales afirmó durante su ponencia que esta retención propuesta desincentiva la participación de profesionales calificados en el servicio al sector público y sienta un “precedente peligroso” de financiamiento indirecto de entidades gubernamentales a costa de la iniciativa privada.
Advirtió que el lenguaje del proyecto requiere ajustes para “evitar ambigüedades legales y operacionales”, y sugirió que se reconozca al corredor de seguros como representante independiente de los municipios autónomos, con la responsabilidad fiduciaria de velar por su mejor interés en la adquisición del servicio.
Mercado Pérez se opuso además a otras disposiciones de la misma pieza legislativa que permitirían la contratación directa de seguros en periodos de emergencia “sin salvaguardas claras”.
“Este tipo de contratación sin controles ni procesos mínimos de revisión puede resultar en prácticas discrecionales y riesgosas”, afirmó. Pidió incorporar a la medida protocolos de emergencia que conserven el proceso de competencia transparente.
