El informe identificó 21 hallazgos, incluidos contratos remitidos tarde, expedientes fiscales no localizados, documentos incompletos y deficiencias en sistemas de información
SAN. JUAN, Puerto Rico
La Oficina del Inspector General (OIG) identificó 21 hallazgos relacionados con incumplimientos y deficiencias operacionales, administrativas, fiscales y tecnológicas en la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA), adscrita al Departamento de Agricultura, tras examinar sus operaciones entre el 1 de julio de 2022 y el 1 de mayo de 2026.
Entre los señalamientos figuran expedientes incompletos de agricultores, deficiencias en los procesos de contratación y facturación, documentos fiscales que no pudieron ser localizados, problemas en la conservación de archivos públicos y vulnerabilidades relacionadas con los sistemas de información y la continuidad operacional.
La OIG examinó una muestra de 201 de los 15,278 expedientes de agricultores correspondientes al periodo evaluado. El informe detalla que 74 expedientes, equivalentes al 37 % de la muestra, no contenían el formulario de Condiciones Generales del Seguro Agrícola, mientras que 40, un 20 %, tenían informes de inspección previa sin el sello requerido del agrónomo. También se identificaron expedientes sin recibos de pago, copias de pólizas, firmas y otros documentos requeridos.
La investigación también encontró problemas en la contratación gubernamental. La CSA no registró ni remitió a la Oficina del Contralor dentro del término establecido 10 contratos por $157,607.04 y tres enmiendas por $142,900. Estos documentos fueron enviados con retrasos de entre 16 y 33 días.
Además, la OIG señaló la ausencia de cláusulas obligatorias y documentos requeridos en contratos de servicios profesionales. El registro interno de contratos tampoco incluía la totalidad de los acuerdos otorgados durante varios años fiscales.
En el área de facturación, la Oficina de Finanzas de la CSA entregó 84 facturas de una muestra solicitada por la OIG. De estas, fueron examinadas 61: 40 correspondientes a servicios de inspección agrícola no permitían identificar a las personas que las firmaron, 21 carecían del comprobante de pago y 12 no tenían firma de aprobación. La CSA tampoco pudo localizar 23 expedientes de facturación solicitados por los auditores.
Los auditores también observaron problemas en el lugar destinado a custodiar archivos. Según el comunicado de la OIG, había humedad y hongos en el techo y las paredes, el sistema de alarma contra incendios aparentaba estar fuera de funcionamiento, faltaban equipos para controlar la humedad y la temperatura y no existía un registro de las personas que accedían a los expedientes.
En Recursos Humanos, los expedientes de los 28 empleados de la CSA carecían de múltiples documentos. La OIG encontró además que no se realizaban evaluaciones periódicas de desempeño y que, al 8 de abril de 2025, no existía un registro de las horas de adiestramiento de los empleados.
Otro de los hallazgos establece que la Junta de Directores de la CSA no se reunía desde el 23 de octubre de 2024, pese a que su reglamento interno exige reuniones ordinarias cada seis meses.
En tecnología, el informe identificó aplicaciones sin soporte técnico, ausencia de formularios para crear cuentas de acceso a la red, falta de controles ambientales en el cuarto de telecomunicaciones y ausencia de un registro actualizado de los programas instalados en las computadoras. El informe completo también señala la inexistencia de un plan de contingencia y de continuidad de operaciones, así como la ausencia de un centro alterno de recuperación.
Tras el examen, la OIG emitió 21 recomendaciones dirigidas a corregir las deficiencias, entre ellas reforzar la revisión de expedientes, los controles sobre contratación y facturación, la administración de documentos, los procesos de Recursos Humanos y el cumplimiento del reglamento de la Junta de Directores.
