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Los incendios de Los Ángeles y su impacto en los mercados de seguros de Puerto Rico

Revista Seguros Por Revista Seguros
09/01/2025
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Los incendios de Los Ángeles y su impacto en los mercados de seguros de Puerto Rico

Fotografía del incendio que asola a Los Ángeles. EFE

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Aumentos en las primas, desafíos en la cobertura y adaptaciones regulatorias ante los riesgos climáticos globales

Los incendios forestales que asolan el área de Los Ángeles han alcanzado niveles catastróficos, marcando un punto crítico tanto para las comunidades afectadas como para la industria de seguros. Entre los más devastadores se encuentra el Palisades Fire, que ya ha destruido más de 1,000 estructuras, arrasado 17,000 acres y sigue fuera de control. Otros incendios, como el Eaton Fire, que abarca 10,600 acres, y los incendios Hurst y Sunset, agravan la crisis.

Con más de 100,000 personas evacuadas, cinco fallecidos confirmados y miles enfrentando cortes de electricidad que afectan a 362,000 hogares y negocios, el impacto económico y humano de estos incendios es inmenso. El gobernador Gavin Newsom ha declarado el estado de emergencia, mientras que la declaración federal de desastre aprobada por el presidente Biden moviliza recursos adicionales.

Los incendios han provocado reclamos que podrían oscilar entre $6,000 millones y $13,000 millones en pérdidas aseguradas. Áreas como Pacific Palisades han sido especialmente afectadas, con un solo incendio contribuyendo hasta $10,000 millones en reclamos. Este panorama pone aún más presión sobre una industria que ya enfrenta dificultades debido a eventos catastróficos previos.

Esta emergencia no solo pone de manifiesto la creciente frecuencia y severidad de los desastres naturales, sino también las profundas implicaciones que estos tienen para los mercados de seguros, especialmente en regiones como Puerto Rico.

Lecciones y posibles repercusiones para Puerto Rico

El mercado de seguros de Puerto Rico, altamente sensible a los riesgos climáticos, podría enfrentar cambios significativos como resultado de estas tendencias globales.

La retirada de aseguradoras en mercados de alto riesgo como California, impulsada por la incapacidad de gestionar pérdidas cada vez mayores, podría sentar un precedente. En Los Ángeles, aseguradoras como State Farm han cancelado hasta el 70% de sus pólizas en áreas de alto riesgo, obligando a muchos residentes a depender del California FAIR Plan, una solución estatal con costos más altos y coberturas limitadas.

Este tipo de dinámicas podría reflejarse en Puerto Rico, donde los riesgos asociados con huracanes y fenómenos climáticos extremos ya están ejerciendo presión sobre el sistema. La introducción de nuevos modelos de seguros, como los seguros paramétricos, podría convertirse en una alternativa necesaria para garantizar pagos rápidos tras eventos catastróficos.

Por otro lado, las primas de seguros en Puerto Rico, que en promedio ya son altas, podrían experimentar aumentos similares a los registrados en California, donde los costos han subido un 40% en promedio y hasta un 100% en las zonas más vulnerables.

Adaptaciones regulatorias y el futuro del mercado

La experiencia de California pone en evidencia la necesidad de fortalecer el marco regulatorio en Puerto Rico para enfrentar una posible crisis aseguradora. Iniciativas como la transferencia de costos de reaseguro a los consumidores, adoptadas en California, podrían ser necesarias, aunque controvertidas, para garantizar la sostenibilidad del mercado.

Además, la innovación en productos de seguros será clave para atender a una población cada vez más expuesta a desastres naturales. La introducción de políticas que incentiven el acceso a reaseguros internacionales y respalden la creación de fondos de emergencia puede marcar la diferencia para preservar la estabilidad del sector.

En última instancia, los incendios de Los Ángeles subrayan la necesidad urgente de adaptar los mercados de seguros a una realidad climática cambiante, no solo en California, sino también en Puerto Rico. Ante un panorama de riesgos crecientes, las comunidades y los gobiernos deben actuar con rapidez para garantizar la protección financiera y la resiliencia de los sistemas aseguradores.

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