La organización defiende la importancia de la Ley 99-2024 para la protección del Sistema Cooperativo y el desarrollo económico de Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – En respuesta a las recientes declaraciones públicas del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, en contra de la recién aprobada Ley 99-2024, la Liga de Cooperativas de Puerto Rico ha expresado su desacuerdo con lo que consideran una interpretación errónea y desinformada de la legislación.
La Liga subraya la relevancia de esta ley para el fortalecimiento del Sistema Cooperativo y la recuperación económica equitativa del país.
Carmen Rosado, presidenta en funciones de la Junta de Directores de la Liga de Cooperativas, destacó que, a diferencia de las afirmaciones anteriores de Mujica, su reciente carta reconoce que la Ley 99-2024 exige la autorización expresa de la JSF para cualquier uso de fondos, lo que, según Rosado, elimina cualquier supuesto conflicto con la Ley PROMESA.
Desde el año 2017, la JSF ha promovido intervenciones que, según la Liga, perjudican injustamente a las cooperativas debido a errores cometidos por el gobierno. Estas acciones, argumentan, podrían haber reducido la capacidad financiera de las cooperativas si no hubiera sido por la resistencia del Movimiento Cooperativo.
La Ley 99-2024, explican los representantes de la Liga, fue concebida como un mecanismo de consenso que permite reformas aceptables, siempre y cuando el gobierno se comprometa a mitigar los daños causados por su mal manejo financiero.
Heriberto Martínez Otero, director ejecutivo de la Liga de Cooperativas, subrayó que la obligación del gobierno de proteger el sistema financiero cooperativo está reconocida en los Planes Fiscales de COSSEC. “Las cooperativas han contribuido con primas y capital durante 44 años, sumas que superan con creces los fondos necesarios para la mitigación,” afirmó Martínez.
En contraste, la Liga cuestiona el trato favorable que la JSF otorga a entidades como LUMA y GeneraPR, así como a la banca comercial, donde el gobierno mantiene billones de dólares en depósitos. La Liga critica que, mientras estas instituciones reciben un apoyo considerable, las cooperativas, que atienden las necesidades financieras de más de un millón de puertorriqueños, enfrentan restricciones y propuestas de intervención.
Martínez también expresó su frustración por la negativa de Mujica a reunirse con representantes del movimiento cooperativo para discutir la Ley 99-2024, a pesar de múltiples solicitudes. “Reiteramos nuestro llamado al señor Mujica a un diálogo abierto para abordar las políticas públicas que son vitales para el bienestar del cooperativismo y el desarrollo económico de Puerto Rico,” concluyó.
La Ley 99-2024, aprobada con apoyo multipartidista, es vista por la Liga como un paso crucial para viabilizar las reformas necesarias en el sistema cooperativo, siempre y cuando se mitiguen los impactos negativos causados por decisiones gubernamentales anteriores. La Liga de Cooperativas continuará defendiendo esta ley en beneficio de sus más de un millón de socios en todo Puerto Rico.
