Exhortan a la gobernadora a proteger calidad y seguridad de los servicios en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) expresó preocupación ante el Proyecto del Senado 0006, aprobado por la Asamblea Legislativa, que facilitaría que profesionales licenciados en otras jurisdicciones puedan ejercer en la isla sin revalidar credenciales locales.
Aunque la entidad reconoció que la medida busca fomentar la movilidad laboral, advirtió que contiene deficiencias significativas que, según sostienen, podrían comprometer la calidad, la seguridad y la equidad profesional.
“Nuestro colegio reitera su compromiso con la modernización y agilización de los procesos, pero sin comprometer la calidad, la seguridad ni la equidad profesional”, sostuvo el presidente del CIAPR, el agrimensor Carlos Fournier Morales. “Confiamos en que la gobernadora sabrá ponderar estas preocupaciones con la seriedad y el compromiso que la han caracterizado”.
El proyecto le permitiría a la gobernadora Jenniffer González Colón otorgar licencias automáticas si las Juntas Examinadoras no responden a una solicitud en 30 días, lo que a juicio del CIAPR debilita los controles y la fiscalización de la práctica profesional. También autoriza el reconocimiento expedito de licencias en situaciones de emergencia menores, sin precisar criterios rigurosos de evaluación.
La organización señaló que la medida permitiría el ejercicio provisional sin evidencia de seguros de responsabilidad profesional ni fianzas vigentes, dejando desprotegidos tanto a los profesionales como al público. Asimismo, criticó que los profesionales provenientes del exterior no tendrían que cumplir con los requisitos de educación formal y continua exigidos a los ingenieros y agrimensores locales.
“Establece un trato desigual para nuestros ingenieros y agrimensores, quienes cumplen con todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos por ley”, indicó el CIAPR.
El Colegio reiteró su disposición a colaborar con el Ejecutivo y la Legislatura para identificar un modelo que promueva la movilidad laboral responsable y, a la vez, proteja el interés público en Puerto Rico.
