Comisión cameral evalúa medida que permitiría al Comisionado de Seguros fijar límites en facturación adicional por servicios no cubiertos
SAN JUAN, Puerto Rico – La industria de seguros médicos expresó serias reservas ante el Proyecto de la Cámara 312, evaluado hoy por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que propone autorizar al Comisionado de Seguros a establecer límites sobre las tarifas adicionales que los proveedores de salud pueden facturar cuando el seguro no cubra el total del servicio.
Aunque la medida –de la autoría del representante Jorge “Georgie” Navarro Suárez– cuenta con el respaldo del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, los portavoces del sector asegurador advirtieron sobre las consecuencias operacionales y regulatorias de esta propuesta.
Wildalis Serra, directora de Asuntos Gubernamentales de Triple-S, argumentó que la Oficina del Comisionado de Seguros no cuenta con los recursos técnicos ni humanos para asumir la compleja responsabilidad de evaluar y autorizar tarifas comerciales razonables, lo que podría generar un aumento en reclamaciones inconsistentes y controversias contractuales.
“Lejos de fomentar y dar certeza al proceso de pago de los servicios prestados por el proveedor, redundará en múltiples controversias al momento de interpretar los códigos correspondientes a los servicios pactados entre asegurador y proveedor”, puntualizó Serra, al tiempo que propuso enmendar el Código de Seguros para incluir salvaguardas específicas contra las llamadas “tarifas sorpresa”.
Desde el Plan de Salud Menonita, su asesora legal, Yamilca Ortiz, sostuvo que la medida resulta innecesaria dado que ya existen mecanismos vigentes para negociar tarifas y proteger tanto a asegurados como a proveedores, incluso cuando no exista un contrato directo entre las partes.
La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) también se opuso a la iniciativa. Su directora, Iraelia Pernas, cuestionó el alcance del proyecto al considerarlo una forma de balance billing, práctica que usualmente está regulada o prohibida dentro de redes de planes médicos. A su juicio, conferir autoridad adicional al Comisionado implica una intromisión incompatible con su función reguladora y contractual.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Salud, Gabriel Rodríguez Aguiló, defendió la discusión legislativa al afirmar que el paciente merece claridad no solo en los procedimientos médicos, sino también en los costos que conlleva.
La medida propone que la OCS tenga 90 días para establecer y comunicar los límites de las tarifas comerciales razonables, los cuales serían revisados cada año. El sector asegurador continúa monitoreando el curso del proyecto ante el potencial impacto en la estabilidad operativa y contractual de los planes médicos privados en la Isla.
