Una corte federal limita el poder presidencial en materia comercial; Estudios Técnicos analiza el impacto en las importaciones
SAN JUAN, Puerto Rico – La reciente decisión del Tribunal Federal de Apelaciones del Primer Circuito ha reconfigurado el panorama comercial estadounidense al declarar inconstitucionales los llamados “aranceles recíprocos” impuestos por el expresidente Donald Trump el 2 de abril. Según un análisis publicado por Estudios Técnicos, Inc., esta determinación podría reducir el impacto arancelario sobre las importaciones de bienes de un 69% a un 16%, si se mantiene en firme.
En su boletín del 8 de septiembre, Al Punto (Núm. 22), la firma detalló que el tribunal concluyó que Trump se excedió en sus facultades al aplicar estas tarifas bajo el International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, dado que esta legislación no le otorga autoridad para imponer aranceles unilaterales. Esa prerrogativa recae exclusivamente en el Congreso federal.
La sentencia no solo afecta las tarifas del 2 de abril, sino también aquellas impuestas posteriormente a países como China, Canadá, México, Brasil e India. En total, estarían bajo revisión los aranceles aplicados a productos de más de 60 países. No obstante, otras medidas como los aranceles sectoriales bajo la Sección 232, aplicados al acero, aluminio y cobre, no fueron objeto de la litigación, por lo que permanecen en vigor.
Puerto Rico, al igual que el resto de Estados Unidos, permanece en una posición de espera. “La situación no cambia, aparte de que se crea una nueva situación de incertidumbre”, apunta el informe. El tribunal ha suspendido la eliminación de los aranceles hasta el 14 de octubre para permitir una posible apelación presidencial. En caso de que el Tribunal Supremo confirme la decisión, el presidente tendría que recurrir al Trade Act de 1974, que impone un límite temporal y cuantitativo a los aranceles.
De persistir el fallo, el Tesoro Federal podría verse obligado a reembolsar lo pagado por las tarifas invalidadas, lo que supondría un reto fiscal considerable para el gobierno.
El análisis técnico de la firma concluye que el desenlace de este proceso podría redefinir el alcance del poder presidencial en política comercial y alterar significativamente las condiciones de importación en Puerto Rico y el resto del país.
