Un estudio encontró inseguridad alimentaria en cuatro de cada diez adultos en Puerto Rico, mientras las organizaciones proponen una respuesta que vincule salud, acceso a alimentos y economía familiar
SAN JUAN, Puerto Rico La Fundación Triple-S planteó la necesidad de integrar la nutrición a la prevención y al manejo de enfermedades crónicas, tras la presentación de un estudio que encontró algún grado de inseguridad alimentaria en el 40.8% de los adultos en Puerto Rico.
Los resultados del Informe de Seguridad Alimentaria en Puerto Rico 2026, divulgado el miércoles por Espacios Abiertos, Nutriendo Puerto Rico y la fundación, describen un problema que combina limitaciones económicas, dificultades para conseguir alimentos adecuados y retos para el cuidado de la salud.
“Para nosotros desde fundación hablar de seguridad alimentaria es hablar de salud”, expresó Lydia Figueroa, directora ejecutiva de la Fundación Triple-S, durante la presentación.
Figueroa señaló que colocar alimentos sobre la mesa atiende una necesidad inmediata, pero resulta insuficiente si las personas no pueden adquirir de manera consistente los productos adecuados para sus condiciones de salud o carecen de orientación nutricional.
“Podemos decirle a una persona con diabetes, tienes que alimentarte mejor, pero tenemos que preguntarnos, ¿tiene el acceso a esos alimentos? ¿Puede pagarlos?”, sostuvo.
La ejecutiva propuso ampliar la discusión en el sector de la salud sobre intervenciones que incorporen la alimentación como parte del manejo integral de determinadas condiciones crónicas. También reclamó la participación de proveedores médicos, aseguradoras, organizaciones comunitarias, academia y gobierno.
El resumen de hallazgos publicado por Espacios Abiertos establece que el 30.5% de los adultos tiene seguridad alimentaria baja y el 10.3% muy baja. Ambas categorías conforman la estimación de inseguridad alimentaria.
Además, el 51.9% reportó dificultades para acceder a alimentos saludables y el 61% indicó problemas para cubrir sus gastos mensuales. Entre quienes enfrentaron dificultades para obtener alimentos nutritivos, el 91.7% identificó su alto costo como una de las principales barreras.
Ángela Díaz, directora ejecutiva de Nutriendo Puerto Rico, cuestionó que las respuestas a la alimentación, la economía y la salud se desarrollen por separado, aunque las familias enfrentan esos problemas simultáneamente.
“Una persona puede comer todos los días y aún así no estar adecuadamente nutrida”, afirmó.
Díaz explicó que las decisiones sobre qué comer también dependen de la disponibilidad de productos, la transportación, el tiempo para preparar los alimentos y las necesidades particulares de cada persona. Planteó que la respuesta requiere conectar la agricultura, el comercio, la asistencia social, la educación y los servicios de salud.
La presentación de resultados estuvo a cargo de Angélica Marrero Sánchez, subdirectora de Investigación de Espacios Abiertos. Según explicó, el 36.8% de los empleados o trabajadores independientes presenta algún grado de inseguridad alimentaria, por lo que el problema también alcanza a quienes trabajan.
Entre las personas que describieron su estado de salud como pobre, la proporción rondó el 75%. Ese resultado refleja una asociación entre ambas variables y no establece que una sea la causa de la otra.
La región de salud de Ponce registró una prevalencia de 67.1%, la más alta entre las regiones evaluadas. Marrero Sánchez aclaró, durante las preguntas de la prensa, que el estudio midió la distribución del problema, pero no determinó las causas de esa diferencia regional.
La investigación se realizó en marzo de 2026 mediante entrevistas presenciales con 1,416 adultos y utilizó un módulo de seis preguntas para clasificar los niveles de seguridad alimentaria. Marrero Sánchez informó un nivel de confianza de 95% y un margen de error de ±2.6 puntos porcentuales.
También precisó que los resultados no son directamente comparables con el estudio anterior del Instituto de Estadísticas, publicado en 2019 con datos de 2015, debido a diferencias metodológicas.
Las organizaciones recomendaron establecer mediciones periódicas, fortalecer la producción y distribución local de alimentos, modernizar el Programa de Asistencia Nutricional y coordinar intervenciones para las poblaciones más vulnerables. Figueroa insistió en que los datos deben servir para identificar las brechas de acceso y orientar una respuesta conjunta desde el sector de la salud y las comunidades.
La presentación del estudio
