Justicia prefiere enmendar estatuto vigente; comerciantes apoyan ampliar remedios legales
SAN JUAN, Puerto Rico – La Cámara de Representantes evalúa una medida que permitiría a personas y empresas presentar demandas judiciales por prácticas de competencia desleal en Puerto Rico, ampliando así las protecciones que actualmente ofrece la Ley Antimonopolística vigente.
Se trata del Proyecto de la Cámara 664, presentado por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, que propone establecer una “Ley de Competencia Desleal de Puerto Rico”. El objetivo es crear un marco legal independiente que defina actos específicos considerados desleales y autorice acciones legales para remediarlos, incluyendo la solicitud de interdictos y la reclamación de daños ante el tribunal.
Durante una vista pública celebrada el jueves 29 de agosto, las Comisiones de Desarrollo Económico y de Asuntos del Consumidor escucharon el testimonio de agencias y sectores interesados. La medida recibió apoyo del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y del Centro Unido de Detallistas (CUD), pero el Departamento de Justicia expresó reservas.
“La medida es altamente beneficiosa porque fortalece la protección de los consumidores y promueve un mercado más justo y competitivo al reconocer un derecho de acción privada”, sostuvo la subsecretaria de Justicia, Annette Esteves. No obstante, advirtió que el proyecto toma como modelo una legislación española, lo que podría generar complicaciones al insertarse en el marco jurídico local, que responde a la tradición estadounidense.
Esteves argumentó que las disposiciones deseadas pueden lograrse mediante enmiendas a la Ley 77 de 1964, conocida como Ley Antimonopolística, sin necesidad de crear un estatuto completamente nuevo. La OAM, adscrita a Justicia y encargada de atender querellas por actos desleales, también defendió la utilidad del marco actual y aseguró que los casos se atienden con agilidad.
Sin embargo, la autora del proyecto rechazó que la estructura vigente sea suficiente. “Estamos abiertos a poder tener el diálogo. Es tener la legislación que sea necesaria para atemperarla con la realidad actual”, expresó Lebrón Rodríguez, reiterando que el sistema actual es ineficiente y no protege adecuadamente a quienes sufren daños en el mercado.
Por su parte, el presidente del CUD, Ramón Barquín, denunció que la Ley Antimonopolística ha resultado “prácticamente inoperante” y que la Oficina de Asuntos Monopolísticos carece del personal necesario para atender los casos con la rapidez que exigen los comerciantes afectados.
Actualmente, las querellas por competencia desleal deben presentarse ante la OAM, la cual decide si procede su adjudicación administrativa en el DACO. El nuevo proyecto, en cambio, permitiría a los ciudadanos acudir directamente al tribunal, como ocurre en los estados de EE. UU. y en otras jurisdicciones como España y la Unión Europea.
La propuesta contiene una lista detallada de conductas que se considerarían actos de competencia desleal, incluyendo engaños, omisiones, actos de confusión, ventas por debajo del costo, uso indebido de la reputación ajena, y explotación de la dependencia económica, entre otros. También permitiría acciones legales como cesación de la conducta, indemnización por daños y perjuicios (con posibilidad de triplicación en casos de dolo), y enriquecimiento injusto.
El DACO, por su parte, recomendó incluir lenguaje claro sobre su rol en el manejo de estos casos y propuso que la ley ordene campañas educativas dirigidas tanto al sector comercial como a los consumidores.
La vista fue presidida por el representante Joel Franqui Atiles, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, y contó con la participación de varios legisladores, incluyendo a José Varela Fernández, Sergio Estévez Vélez, Víctor Parés Otero, Lisie Burgos Muñiz, Ángel Morey Noble y Wilson Román López.
El debate sobre si se debe crear una nueva ley o enmendar la vigente continúa. Mientras tanto, el PC 664 plantea un nuevo paradigma para la protección del mercado y el acceso a la justicia por parte de quienes resulten perjudicados por prácticas desleales.
