El cálculo para el año fiscal 2025 es residual y apunta al costo que los impuestos sobre insumos pueden añadir a la actividad productiva
SAN JUAN, Puerto Rico
Un estudio preparado por ABEXUS estima que $1,723.7 millones, equivalentes al 42.7% del recaudo total del IVU en el año fiscal 2025, podrían estar relacionados principalmente con compras operacionales de negocios y otras transacciones fuera del consumo final de los hogares.
El informe sobre las distorsiones del sistema contributivo fue presentado el 10 de noviembre de 2026 por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico y su Fundación, en Hato Rey. La investigación, realizada por ABEXUS y el economista Edwin Ríos, evalúa la carga sobre insumos empresariales como uno de los factores que puede encarecer producir en Puerto Rico.
Cómo se obtuvo el 42.7%
Los investigadores compararon los $4,039.9 millones recaudados por IVU con $2,316.2 millones de impuesto estimado sobre consumo final. La diferencia de $1,723.7 millones es la aproximación que utilizan para estudiar el componente asociado a actividad productiva.
El total de recaudos incluye el componente municipal del 1%. El cálculo residual no equivale a una medición directa de las compras empresariales: el informe señala que también puede incorporar diferencias temporales, variaciones en captación, ajustes administrativos y transacciones no recogidas en las estadísticas de consumo personal.
La distinción importa para interpretar el alcance del hallazgo. El análisis identifica una magnitud aproximada y un mecanismo de acumulación de impuestos, pero no establece cuánto pagó individualmente cada sector ni demuestra que todo el residual proceda de empresas.
Costos que pueden acumularse
El efecto cascada surge cuando el impuesto pagado por insumos y servicios permanece dentro del costo productivo y se acumula en distintas etapas. El informe identifica una posible mayor exposición en actividades que compran servicios tributables e insumos de manera recurrente, como construcción, comercio, restaurantes y telecomunicaciones.
Parte de esa carga puede trasladarse a precios. Otra parte puede absorberse mediante menores márgenes, cambios en remuneraciones o menor inversión. El estudio reconoce que los datos disponibles no permiten medir con precisión esa distribución.
Como ejercicio de sensibilidad, calcula que un traslado del 50% del componente estimado incorporaría $861.9 millones a precios. Con un supuesto de 75%, serían $1,292.8 millones. Ninguno de los dos escenarios representa un efecto observado ni una proyección de inflación anual.
Opciones para una reforma
Entre las recomendaciones figuran revisar la tributación de insumos intermedios y servicios entre negocios, evaluar diferencias entre sectores y publicar datos más detallados sobre las transacciones. Los autores también plantean distinguir las exclusiones que reducen la acumulación contributiva de otros beneficios fiscales.
El documento explora alternativas como una base de consumo más amplia acompañada de una tasa menor y la evaluación de un impuesto al valor añadido. Las presenta como opciones que requieren estudio, no como una sustitución aprobada del IVU.
Rolando López, presidente de la Fundación, indicó en el comunicado que la investigación busca evaluar las alternativas de reforma por sus efectos sobre inversión, productividad, equidad y recaudos.
El informe es un diagnóstico estructural y no estima el costo fiscal de una reforma concreta. Combina fuentes de distintos años: el análisis del IVU utiliza el año fiscal 2025; el de individuos, datos contributivos de 2023; y el de corporaciones, información de 2021.
