La medida busca retener y atraer dentistas ante la alarmante escasez de estos profesionales de la salud en Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico – El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (CCDPR) hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para aprobar el Proyecto del Senado 15 (P. de la S. 15), una iniciativa que enmendaría el Código de Seguros de Puerto Rico con el fin de frenar la fuga de profesionales y mejorar el acceso a servicios dentales en la Isla.
La medida propone extender una tasa contributiva especial a ciertos profesionales de la salud, incluyendo los dentistas, con el objetivo de retener talento local y atraer a especialistas que cumplan con los requisitos de elegibilidad. La doctora Ivette Rodríguez Quesada, presidenta del CCDPR, subrayó la urgencia de la legislación para mitigar la crisis de disponibilidad de dentistas en Puerto Rico.
Durante su ponencia ante el Senado, Rodríguez Quesada destacó que actualmente solo hay 851 dentistas regulares activos en Puerto Rico, una cifra alarmantemente baja para atender a toda la población. Señaló que la escasez es resultado de la constante migración de nuevos egresados de odontología, quienes optan por ejercer fuera de la Isla debido a los bajos pagos de las aseguradoras, la cancelación arbitraria de contratos y las restricciones en el acceso a la red de proveedores.
“La compensación estática por más de tres décadas, junto con las excesivas dilaciones en los pagos, ha generado una crisis en la profesión. Esto desalienta a los dentistas a continuar ejerciendo en Puerto Rico. Solicitamos a los legisladores que respalden el P. de la S. 15, ya que su aprobación fomentará la retención de profesionales de la salud oral y beneficiará directamente a miles de pacientes en la Isla”, enfatizó Rodríguez Quesada.
Además de solicitar la aprobación del P. de la S. 15, el CCDPR reclamó la necesidad de reformas estructurales para mejorar el acceso a tratamientos odontológicos y evitar «trabas administrativas» impuestas por las aseguradoras. Rodríguez Quesada indicó que es fundamental establecer regulaciones claras para el manejo de tarifas, el procesamiento de reclamaciones y la cobertura efectiva de procedimientos esenciales.
“El Colegio de Cirujanos Dentistas continuará luchando por una mayor equidad en la relación entre los profesionales de la salud y las aseguradoras. Es indispensable establecer parámetros justos que permitan a los dentistas ofrecer tratamientos adecuados sin obstáculos administrativos injustificados”, puntualizó la presidenta del CCDPR.
Los opositores al Proyecto del Senado 15, particularmente la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el Departamento de Hacienda, han expresado preocupaciones sobre el impacto fiscal de la medida.
Según publicó El Nuevo Día, el asesor ejecutivo sénior de la Aafaf, Luis R. Rivera, “las modificaciones de criterios para la otorgación de incentivos… no pueden considerarse ligeramente”, ya que la legislación no cuenta con un análisis formal sobre cómo afectaría los recaudos del gobierno.
Además, el licenciado José Chávez, en representación del Departamento de Hacienda, indicó en el mismo reportaje que el impacto de la Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos desde 2020 ha sido de aproximadamente $250 millones anuales, con una proyección de $291 millones para 2026 . Debido a estas preocupaciones, la senadora Nitza Morán anticipó que solicitará un análisis financiero a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) antes de continuar con la discusión del proyecto.
