Propuesta legislativa busca fortalecer el sector tras el cierre de más de 20 entidades en los últimos años
SAN JUAN, Puerto Rico – Representantes del sector cooperativista y funcionarios públicos expresaron opiniones encontradas este miércoles durante una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 771, que propone elevar de $50,000 a $300,000 la cuantía mínima de capital requerida para establecer cooperativas de ahorro y crédito en Puerto Rico.
La medida fue presentada por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, y el representante Christian Muriel Sánchez, y busca enmendar la Ley 255-2002 con el objetivo de fortalecer la solidez financiera de las nuevas entidades cooperativistas, en momentos en que el sector ha experimentado un notable declive.
Durante los trabajos de la Comisión de Cooperativismo, la presidenta ejecutiva de Cossec, Mabel Jiménez Miranda, respaldó el proyecto al considerar que el ajuste es “prudente, proporcional y acorde con la realidad económica y operativa del sector”.
“Una base de capital inicial adecuada no es un obstáculo, sino una inversión estratégica que garantiza que los proyectos que se materialicen tengan mayores probabilidades de éxito”, indicó Jiménez, quien destacó que el costo de establecer y operar una nueva cooperativa en su primer año puede superar los $3.5 millones.
Según datos presentados por Cossec, solo una cooperativa de ahorro y crédito se ha incorporado desde 2021, y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. En contraste, el número total de estas instituciones se ha reducido de 112 a 91 en apenas cuatro años.
Preocupación por el acceso y la equidad
Sin embargo, la comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico (CDCOOP), Liza Alfaro Mercado, advirtió que la propuesta podría tener efectos adversos en el acceso a servicios financieros para comunidades de bajos ingresos.
“Debemos mantener el fin social del movimiento cooperativo de ser siempre una herramienta de fácil acceso para todas las poblaciones”, expresó Alfaro, al tiempo que sugirió un aumento más flexible del capital inicial a $100,000.
Por su parte, el representante Muriel Sánchez reconoció que el límite actual de $50,000 no es viable bajo las condiciones económicas presentes. Señaló que incluso comenzar de forma modesta requiere una inversión de al menos $270,000, por lo que anticipó nuevas vistas ejecutivas para lograr un consenso sobre una cantidad “correcta” que permita revitalizar el sistema cooperativista sin excluir a las comunidades vulnerables.
El debate continúa mientras el movimiento cooperativo enfrenta el reto de garantizar su viabilidad económica sin perder su esencia social.
