Asociaciones de residentes respaldan la medida, pero constructores advierten sobre impacto en costos operacionales
SAN JUAN, Puerto Rico – La propuesta legislativa que busca regular la contratación de bienes y servicios en comunidades con control de acceso generó debate en una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes. Mientras que asociaciones de residentes expresaron su respaldo a la iniciativa, el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, Agustín Rojo, rechazó la aprobación del proyecto y abogó por alternativas que reduzcan los costos operacionales de estas entidades.
El Proyecto de la Cámara 306, impulsado por el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, establece que las juntas residenciales deberán obtener un mínimo de tres cotizaciones antes de contratar cualquier servicio. Además, propone la obligatoriedad de un proceso de subasta para contrataciones que superen los $10,000, cambios que se integrarían en el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020).
Pérez Ortiz defendió la medida argumentando que busca “garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos” en las urbanizaciones cerradas y fomentar la participación de los residentes en la toma de decisiones. Sin embargo, representantes de la Asociación de Condominios y Controles de Acceso alertaron sobre los obstáculos que podrían surgir con la implementación de estos requisitos.
El gerente de servicios de la organización, Wilson Cruz, señaló que obligar a obtener un número específico de cotizaciones podría retrasar la ejecución de proyectos esenciales, como reparaciones de seguridad o mantenimiento de infraestructura. Además, argumentó que muchas asociaciones carecen de la experiencia para manejar procesos de subasta, lo que las obligaría a contratar asesores externos, incrementando así sus costos operacionales.
Por su parte, el presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, Marco Rosado, propuso ajustes al umbral económico para solicitar cotizaciones, sugiriendo que se base en el presupuesto de cada comunidad. También recomendó que las juntas convoquen, al menos una vez al año, asambleas de residentes para la aprobación de gastos significativos.
No obstante, Agustín Rojo, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, rechazó la medida en su totalidad y sostuvo que, en lugar de imponer más regulaciones, el gobierno debería centrarse en reducir barreras regulatorias y costos contributivos para las asociaciones sin fines de lucro. “Más burocracia no es la solución. Lo que estas comunidades necesitan es un alivio económico que les permita operar con mayor eficiencia”, expresó Rojo.
El debate sobre la regulación de adquisiciones en comunidades con acceso controlado continúa, y la Comisión de Asuntos Municipales evaluará posibles enmiendas antes de decidir el futuro del Proyecto de la Cámara 306.
