La AGC-PR afirmó que la industria puertorriqueña tiene capacidad profesional, técnica y financiera para manejar proyectos de infraestructura financiados con fondos federales
El Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Contratistas Generales de América rechazó señalamientos sobre presuntas limitaciones de la industria local para ejecutar proyectos de reconstrucción y modernización de infraestructura pública financiados con fondos federales.
AGC-PR sostuvo que la industria puertorriqueña cuenta con capacidad profesional, técnica y financiera para asumir estos trabajos. Según la organización, el sector mantiene una capacidad de fianza que supera los $9,000 millones, maneja un volumen de trabajo activo mayor a $10,000 millones y emplea a más de 40,000 trabajadores de la construcción.
La asociación reaccionó a expresiones recientes del liderato de COR3, que aludieron a presuntas insuficiencias en la industria local como obstáculo para adelantar proyectos financiados con fondos de recuperación tras los huracanes Irma y María, así como los terremotos de 2020.
“En Puerto Rico contamos con profesionales altamente cualificados para diseñar y construir la infraestructura que sirve a nuestras comunidades, ahora y en el futuro. No es necesario traer refuerzos del exterior”, expresó el presidente de AGC-PR, ingeniero Ismael Sánchez.
Sánchez catalogó como inoportunas las expresiones del liderato de COR3 y sostuvo que cuestionar la capacidad de los profesionales y empresas locales genera distracciones en un momento en que el país necesita ejecución.
AGC-PR indicó que, si el objetivo del gobierno es hacer más atractivas las subastas, las agencias y subrecipientes deben enfocarse en garantizar proyectos viables y procesos contractuales ágiles, eficientes y certeros.
La organización, que agrupa a más de 300 empresas locales, señaló que ha presentado recomendaciones a distintas administraciones para impulsar la participación de la industria local, incluyendo la consolidación de proyectos de menor escala y la creación de un consejo consultivo nombrado por el gobernador para mejorar la comunicación entre el sector privado y las agencias responsables de obras de infraestructura.
