En un encuentro auspiciado por MAPFRE, representantes de la banca, la judicatura y la academia examinaron la relación entre diálogo, confianza institucional y desarrollo económico
SAN JUAN, Puerto Rico Reconocer la legitimidad de quien piensa distinto, respetar unas reglas compartidas y asumir el costo de construir acuerdos fueron los principios que el abogado y ensayista español Adolfo Suárez Illana propuso como fundamento de la convivencia democrática durante una conferencia que abrió una discusión sobre los desafíos institucionales y económicos de Puerto Rico.
«Se requiere mucho más esfuerzo para entenderse que para enfrentarse», expresó durante la conferencia magistral «Concordia: Transición y Constitución. Un testimonio del proceso español», celebrada el 14 de octubre en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
La actividad fue organizada por la Fundación del Tribunal Supremo de Puerto Rico y la Interamericana, con el auspicio de MAPFRE. La presentación del conferenciante estuvo a cargo de José María Muriel Palomino, cónsul general de España en Puerto Rico.
Suárez Illana, especializado en la resolución negociada de conflictos e hijo del expresidente del Gobierno español Adolfo Suárez González, recurrió a la experiencia de la transición española para explicar cómo sectores con profundas diferencias pudieron construir un marco de convivencia.
Su planteamiento parte del reconocimiento de que las discrepancias son inherentes a una sociedad plural. La concordia, explicó, exige aceptar que quien sostiene otra posición tiene la misma legitimidad y los mismos derechos fundamentales que cada persona reclama para sí.
«La concordia no consiste en pensar igual, ni en sentir igual, ni siquiera en recordar igual», sostuvo.
Un espacio común para discrepar
Al repasar el proceso que condujo a la Constitución española de 1978, Suárez Illana destacó la disposición de una generación a superar la lógica de los bandos excluyentes y construir instituciones que permitieran compartir el poder y aceptar la alternancia democrática.
En su exposición, presentó la Constitución como una casa común donde personas con ideas distintas pueden vivir bajo las mismas normas. Ese marco permite que unas fuerzas gobiernen hoy y otras mañana, sin convertir cada relevo en una amenaza para quienes quedan fuera del gobierno.
También destacó la veracidad como una exigencia de la convivencia. Las opiniones pueden ser diferentes, parciales o equivocadas y estar abiertas a discusión y rectificación. La mentira deliberada y la deslegitimación del discrepante, planteó, deterioran las condiciones necesarias para entenderse.
El autor de La concordia es posible atribuyó esa responsabilidad tanto a los dirigentes como a la ciudadanía. La convivencia requiere una práctica constante, sostenida por el ejemplo y la disposición a renunciar al insulto y a la descalificación.
La confianza institucional y la economía
El conversatorio posterior trasladó esas ideas a asuntos concretos de Puerto Rico. Javier D. Ferrer, expresidente y principal oficial ejecutivo de Popular, Inc., relacionó el respeto al Estado de derecho con la seguridad que necesitan las personas y las empresas para planificar e invertir.
Ferrer señaló que el cumplimiento de los contratos, la protección de la propiedad, la solución pacífica de los conflictos y el combate a la corrupción contribuyen a generar confianza en el país.
Desde esa perspectiva, propuso fortalecer la colaboración entre los partidos políticos y los sectores público y privado para atender problemas que requieren continuidad y acuerdos amplios.
Mencionó la infraestructura de energía y agua, la educación, la reforma del sistema fiscal y la asequibilidad de la vivienda. También incluyó la participación laboral, los cambios demográficos y una ruta constructiva para superar el marco de la ley PROMESA.
A su juicio, esas conversaciones deben incorporar al pueblo y desarrollarse en el espacio público. Reconoció que construir acuerdos exige un trabajo prolongado, sin garantías de resultados inmediatos.
«No hay que esperar una crisis mayor, el momento es ahora», concluyó.
Veracidad, educación cívica y acuerdos parciales
La jueza federal Silvia Carreño-Coll examinó los obstáculos que enfrenta el diálogo cuando se cuestiona la legitimidad del adversario o se difunde información falsa para provocar reacciones contra él.
Destacó que las herramientas tecnológicas capaces de fabricar imágenes y videos añaden dificultades a la comprobación de los hechos. También vinculó la estabilidad democrática con el respeto al equilibrio entre las ramas de gobierno y la formación cívica de las nuevas generaciones.
Por su parte, Julio E. Fontanet Maldonado, decano de la Facultad de Derecho de la Interamericana, propuso convertir la concordia en un método para abordar conflictos sociales, económicos y políticos.
Identificó cinco criterios: reconocer al adversario como un ciudadano de igual legitimidad, compartir una base de hechos verificables, respetar el proceso acordado, aceptar acuerdos parciales y considerar a las generaciones futuras.
«Se puede discrepar sobre valores, prioridades, no sobre datos verificables», expresó.
En asuntos como el costo de vida, la vivienda y el desplazamiento, planteó la necesidad de construir diagnósticos compartidos antes de adoptar soluciones.
La moderadora, Vivian Neptune Rivera, presidenta de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, destacó las experiencias de organizaciones y comunidades que han articulado respuestas ante huracanes y la pandemia. Señaló esos espacios de colaboración como ejemplos que pueden aportar a otros ámbitos donde se toman decisiones para el país.
El intercambio conectó así la experiencia española con una tarea pendiente en Puerto Rico: sostener conversaciones públicas que permitan acordar soluciones, aun cuando persistan las diferencias sobre sus fundamentos.
Fotografías de José E. Maldonado Marrero / RevistaSeguros.com
