Agencias fiscales advierten sobre posible duplicidad administrativa y falta de análisis presupuestario
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Gobierno del Senado evaluó el Proyecto del Senado 968, medida que propone reconfigurar la Oficina de Gerencia de Permisos como una instrumentalidad pública con autonomía operacional y fiscal, separada del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio.
Durante la vista pública compareció el licenciado Luis Méndez, en representación del DDEC, quien expresó la oposición de la agencia a la propuesta. Según sostuvo, la medida no adelanta la reforma estructural del sistema de permisos que impulsa la administración y podría intensificar escollos que se busca eliminar.
Méndez indicó que, aunque la intención del proyecto es loable, distrae de iniciativas como la adopción de un Código de Permisos con coherencia institucional, la culminación de un reglamento único y la integración de todos los componentes del sistema en una sola plataforma.
El funcionario recordó que la Ley 141-2018 estableció como política pública la centralización y coordinación de funciones relacionadas con el desarrollo económico bajo una rectoría administrativa común, lo que incluyó la consolidación de la OGPe en el DDEC.
En cuanto al aspecto financiero, explicó que la OGPe genera alrededor de 30 millones de dólares en ingresos y que sus esfuerzos programáticos pueden cubrirse con esos fondos, aunque aclaró que esa cifra no contempla los servicios de apoyo operacional que recibe del DDEC, particularmente en finanzas y contratación.
El presidente de la Comisión, senador Ángel Toledo López, planteó que podría existir confusión en la delimitación de funciones entre ambas entidades, mientras que el autor de la medida, senador Wilmer Reyes Berríos, cuestionó por qué no otorgar mayor independencia si la OGPe administra sus propios recursos.
Representantes de la Oficina de Gerencia y Presupuesto mostraron reservas. La licenciada Carmen Guillén advirtió que crear una entidad con autonomía operacional y fiscal podría provocar duplicidad de funciones actualmente centralizadas, lo que sería contrario a la política pública fiscal vigente y al Plan Fiscal certificado.
Por su parte, el licenciado Luis Roberto Rivera Cruz, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, señaló que no existe un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que cuantifique el impacto fiscal del proyecto, lo que limita la evaluación de posibles costos de transición y gastos recurrentes.
Aunque se excusó de la vista, la OGPe presentó una ponencia en la que sostuvo que su adscripción al DDEC fue diseñada como un mecanismo de coordinación administrativa sin alterar su base legal ni su autonomía decisional en la gestión técnica de permisos.
El Colegio de Ingenieros y Agrónomos respaldó la medida al considerar que representa un ajuste administrativo dirigido a fortalecer el funcionamiento del sistema sin crear nuevas entidades gubernamentales.
