El CRIM, la OGP y la Asociación de Alcaldes expresan reservas por la posible pérdida de ingresos municipales
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes evaluó el Proyecto del Senado 11, una medida que propone eximir del pago de contribuciones sobre bienes muebles a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con facturación anual menor de $3 millones, lo que generó advertencias de varias agencias y entidades municipales por su impacto fiscal.
El director ejecutivo interino del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier García Cintrón, fue el primero en expresar reservas, al señalar que la medida limitaría la capacidad del CRIM y de los municipios para fiscalizar la actividad económica y representaría “otro golpe a los ingresos municipales”.
García Cintrón sostuvo que, aunque favorece iniciativas para simplificar procesos administrativos y fomentar el desarrollo económico de las PYMES, estas deben implantarse sin afectar los recursos fiscales de los municipios, que resultan esenciales para atender servicios directos a las comunidades.
A estas preocupaciones se sumó el director asociado de Gerencia Municipal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el licenciado Elvin Rosado Morales, quien advirtió que, desde una perspectiva de manejo fiscal integral, la medida tiende a debilitar la base contributiva municipal.
Rosado Morales indicó que un análisis realizado por la OGP, utilizando datos del CRIM, la Junta de Supervisión y Administración Financiera y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, estima que el impacto fiscal potencial del proyecto podría ascender a unos $89 millones. Además, señaló que la medida no identifica fuentes de repago ni alternativas de financiamiento que cumplan con el principio de neutralidad fiscal exigido por el Plan Fiscal.
El funcionario recomendó que el proyecto sea evaluado por el Comité de Impuesto al Inventario, presidido por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, que actualmente analiza reformas contributivas junto a representantes municipales y del sector comercial.
Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Verónica Rodríguez Irizarry, advirtió que la exención propuesta se sumaría a otras decisiones recientes que han reducido los ingresos municipales, como la disminución del Fondo de Equiparación y nuevas responsabilidades fiscales delegadas por el gobierno central. También subrayó que el proyecto no contempla la asignación de recursos para compensar a los municipios afectados, como dispone el Código Municipal.
Ante los señalamientos, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, indicó que la medida continuará su trámite legislativo y que se dará espacio al comité multisectorial que evalúa la congelación del impuesto al inventario para presentar alternativas que atiendan los distintos intereses envueltos.
