La medida pretende endurecer los criterios para determinar quién puede reclamar la condición de tenedor de buena fe en la compra de deudas y procesos hipotecarios
La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado evaluó este miércoles una medida que busca fortalecer las protecciones legales de los deudores, pero que encontró oposición entre representantes de la banca, cooperativas y el sector hipotecario.
El Proyecto del Senado 1103, presentado por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, propone enmendar la Ley de Transacciones Comerciales para establecer criterios más rigurosos al momento de determinar cuándo una persona o entidad puede ser considerada un tenedor de buena fe de instrumentos negociables, particularmente en transacciones relacionadas con deudas adquiridas durante ejecuciones hipotecarias, quiebras o situaciones económicas extraordinarias.
Durante la vista pública, la presidenta de la comisión, la senadora Nitza Morán Trinidad, indicó que abrió el proceso de evaluación para analizar los argumentos a favor y en contra de una medida que anteriormente ha recibido informes negativos.
La Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) favoreció el objetivo de la legislación, aunque recomendó modificaciones. Su representante, Mabel Jiménez, sostuvo que la propuesta fortalece el marco jurídico aplicable a los instrumentos negociables y refuerza la protección contra prácticas especulativas, pero advirtió sobre la necesidad de mantener un balance entre la protección de los deudores y la estabilidad financiera del sector cooperativo.
Entre las recomendaciones de COSSEC figura precisar el alcance de las circunstancias económicas extraordinarias y evitar que ciertos factores provoquen automáticamente la pérdida de la condición de tenedor de buena fe cuando el adquirente haya actuado con diligencia razonable.
En contraste, la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico, la Asociación de Bancos de Puerto Rico y la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas expresaron su rechazo al proyecto.
Pedro Torres, expresidente de la organización hipotecaria, argumentó que la medida altera principios jurídicos que han regido durante décadas la compraventa y transferencia de instrumentos negociables, particularmente los pagarés hipotecarios.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez, sostuvo que la propuesta añadiría incertidumbre a las transacciones financieras y afectaría la uniformidad jurídica que rige en Puerto Rico y otras jurisdicciones estadounidenses.
“Es imprescindible que, en los esfuerzos de reconstrucción de la economía de Puerto Rico, los inversionistas cuenten con la certeza y uniformidad de un estado de derecho que promueva el flujo de instrumentos y riquezas”, expresó Álvarez.
La Asociación de Ejecutivos de Cooperativas advirtió igualmente que la medida podría aumentar costos operacionales, riesgos institucionales y eventualmente los costos para los socios de las cooperativas.
Mientras, el Departamento de Justicia indicó que no identifica impedimentos legales para considerar la propuesta, aunque recomendó continuar evaluando su impacto práctico para preservar un balance adecuado entre la protección de los deudores y la estabilidad de la actividad comercial.
La Oficina de Administración de los Tribunales tampoco asumió una posición sobre la medida, pero presentó observaciones técnicas relacionadas con la redacción de algunas disposiciones y los remedios que estarían disponibles para los deudores.
