Implementan la Regla 109 para frenar anuncios engañosos y proteger al consumidor ante el auge de productos financieros complejos
Por José E. Maldonado Marrero
Seguros y Finanzas
SAN JUAN, Puerto Rico – En medio del creciente interés por productos financieros como las anualidades y seguros de vida, y ante un aluvión de querellas por prácticas engañosas en su promoción, la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico ha implementado la Regla 109, una medida que busca frenar los abusos publicitarios y mejorar la orientación a los consumidores.
La norma surge tras un periodo de alarmante desinformación, donde anuncios incompletos o francamente incorrectos llevaron a decisiones financieras con consecuencias fiscales inesperadas, particularmente en productos emitidos por compañías de Estados Unidos. Esta realidad ha obligado tanto a reguladores como a miembros de la industria a reevaluar cómo se comunica, promueve y vende un producto tan técnico y especializado como lo es una anualidad.
Los detalles de esta problemática y la relevancia de la nueva regulación fueron discutidos en profundidad durante una entrevista en el programa Seguros y Finanzas por Radio Isla 1320, que se transmite los lunes a las 6:00 p.m. En esta edición participaron los representantes de la National Association of Insurance and Financial Advisors (NAIFA) capítulo de Puerto Rico, Luis Mayoral y Francisco Santiago.
Publicidad engañosa, títulos falsos y desinformación
Según explicaron los entrevistados, la raíz del problema está en una combinación peligrosa: una industria en expansión, una ciudadanía deseosa de asegurar su futuro financiero, y un ecosistema publicitario que muchas veces ignora la ley local y las implicaciones tributarias de los productos ofrecidos.
“Hay colegas en la calle que están diciendo que las anualidades tienen un beneficio de muerte libre de impuestos. Eso no es cierto”, afirmó Mayoral. “Las anualidades forman parte de la herencia del causante, y pueden estar sujetas a tributación federal si los activos están localizados en EE.UU.”.
Peor aún, algunos agentes están utilizando títulos que no les corresponden legalmente, como asesores financieros o financial planners, sin contar con las licencias necesarias. Como subrayó Santiago, esto puede equivaler a una violación directa de regulaciones federales.
El mercado de anualidades en Puerto Rico supera ya los $7,000 millones, según cifras discutidas durante la entrevista, y representa un 73% de las ventas de productos de vida y retiro en la isla. Esta cifra subraya la magnitud del fenómeno y justifica el llamado a una regulación más estricta.
La anterior administración de la Oficina del Comisionado de Seguros reportó cerca de mil querellas relacionadas a prácticas indebidas en la promoción y venta de estos productos. En respuesta, la Regla 109 transfiere mayor responsabilidad a las aseguradoras para supervisar sus campañas publicitarias, exige transparencia sobre cargos y penalidades, y prohíbe el uso de títulos engañosos.
Además, se ha vuelto obligatorio un curso de educación continua titulado Mitos y realidades de las anualidades en Puerto Rico, para todos los productores de seguros con licencia de vida. El objetivo: nivelar el conocimiento técnico de los agentes y garantizar que el consumidor reciba información precisa.
¿Qué implica la Regla 109?
La nueva norma establece directrices claras para toda publicidad relacionada a seguros de vida y anualidades:
- Todo anuncio debe identificar la compañía aseguradora emisora.
- Se deben divulgar penalidades, costos de redención anticipada y cualquier limitación importante.
- Prohíbe títulos como “asesor financiero” sin las debidas licencias de inversión.
- Establece multas desde $500 hasta $10,000 por anuncio, lo cual puede escalar drásticamente si se trata de una campaña digital con múltiples publicaciones.
Santiago instó a la ciudadanía a utilizar los canales oficiales para presentar sus querellas: “El consumidor tiene que saber que puede llenar una solicitud de investigación directamente en la página web del Comisionado de Seguros. Es un proceso que toma tiempo, pero existe”.
También advirtió que muchas personas acuden erróneamente a entidades como DACO o a comisiones legislativas, cuando el ente regulador de la industria es exclusivamente la Oficina del Comisionado de Seguros.
La conversación reveló que muchos consumidores no entienden conceptos clave como “rendimiento”, “retorno” o “penalidad por redención”. Esta falta de educación abre la puerta a confusión e incluso fraude.
“Si tú no sabes la diferencia entre rendimiento y retorno, ya empezamos mal”, apuntó Mayoral, quien también participó en la revisión de exámenes de entrada a la industria en 2003. “La mayoría de los nuevos productores nunca contesta preguntas sobre anualidades en sus exámenes”.
Mirada hacia el futuro
La nueva comisionada de seguros, quien asumió su cargo recientemente, ya ha mostrado interés en reforzar estas regulaciones y promover la educación continua. Según los representantes de NAIFA, se encuentra evaluando la ampliación de la Regla 109 y la implementación de medidas más estrictas para proteger al consumidor puertorriqueño.
En un país donde la planificación financiera cobra cada vez mayor relevancia frente a la incertidumbre económica, este tipo de medidas se vuelve vital. Como bien dijo Mayoral: “Puerto Rico no tiene tiempo para perder tiempo, ni chavos para perder chavos”.
El mensaje final es claro: que el consumidor compre con información correcta, y que el productor venda de forma ética y responsable. Solo así se podrá garantizar un ecosistema financiero saludable y sostenible para todos.
