Gerardo Torres y Rolando López plantean una reforma integral que atienda las desigualdades y promueva el desarrollo económico
SAN JUAN, Puerto Rico
El cobro de impuestos sobre las compras que los negocios necesitan para operar puede trasladarse a los precios y aumentar la carga que finalmente asumen los consumidores, explicaron representantes del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico y su fundación durante el programa Seguros y Finanzas, por Radio Isla 1320.
El presidente del colegio, Gerardo Torres, y el presidente de la fundación, Rolando López, discutieron el 16 de noviembre los resultados del estudio Radiografía estructural del sistema contributivo de Puerto Rico y sus principales distorsiones económicas, elaborado por Abexus Analytics.
La investigación abarca contribuciones sobre ingresos de individuos y corporaciones, el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), arbitrios, tributos municipales y contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble. Su propósito, explicaron, es evaluar cómo esas piezas funcionan en conjunto y qué obstáculos presentan para el crecimiento.
Uno de los problemas discutidos fue el efecto en cascada del IVU. López utilizó como ejemplo una panadería que paga el impuesto al comprar un mostrador o lámparas para su operación. Al tratarse de equipo y no de inventario para reventa, ese desembolso se convierte en un costo que el negocio puede intentar recuperar mediante sus precios.
El efecto puede extenderse por la cadena comercial. Un precio de adquisición más alto puede aumentar el valor del inventario y repercutir sobre otros tributos, mientras el consumidor termina pagando más por el producto.
El informe calcula que $1,723.7 millones, equivalentes al 42.7% de los recaudos del IVU en el año fiscal 2025, no se explican directamente por el consumo final de los hogares. Es una aproximación residual asociada principalmente a compras de negocios y otras transacciones, no una medición directa de cada compra empresarial.
En un escenario ilustrativo que supone trasladar a precios el 75% de ese componente, el estudio aproxima una carga de 12.7%, al sumar el 11.5% visible y una carga indirecta estimada de 1.2%. El cálculo no constituye una tasa legislada ni una medición precisa del impacto sobre los precios.
Torres también señaló diferencias en el tratamiento contributivo de personas que realizan trabajos similares, pero reciben sus ingresos como asalariados o contratistas independientes. A su juicio, una revisión debe atender esas desigualdades y considerar la carga combinada de las distintas contribuciones.
Para las pequeñas y medianas empresas, López destacó el peso de obligaciones como la patente municipal y el impuesto al inventario, que pueden existir aunque el negocio no genere ganancias.
Los entrevistados plantearon que una reforma debe superar las enmiendas aisladas y evaluar la estructura completa, sin perder de vista los ingresos que necesita el Gobierno para prestar servicios.
López aclaró que estudiar alternativas para corregir la tributación del consumo no equivale a retomar íntegramente la propuesta de impuesto al valor añadido discutida en 2015. El objetivo, sostuvo, es encontrar un mecanismo que reduzca las distorsiones y simplifique el sistema.
La revista publicó previamente un análisis de los cálculos y límites del estudio sobre el IVU. El informe completo está disponible en Abexus.

