La Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico examinó la regulación, la protección de datos y los controles necesarios para incorporar inteligencia artificial
SAN JUAN, Puerto Rico
Incorporar inteligencia artificial a una operación de seguros no elimina la responsabilidad de la empresa por sus decisiones ni permite delegar el cumplimiento en una aplicación o un proveedor.
Ese fue uno de los asuntos centrales del taller que la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico (APSPR) celebró este viernes, 23 de octubre, en Los Chavales, en Hato Rey, con la arquitecta de soluciones de inteligencia artificial Mildred Ramírez.
La jornada abordó cómo pasar del uso individual de herramientas a una integración con políticas, controles, responsables y resultados medibles. La discusión incluyó regulación, privacidad, proveedores, auditorías, costos, selección de aplicaciones y el papel del profesional de seguros ante la automatización.
Según su perfil profesional, Ramírez posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, una maestría en Negocios Internacionales de FIU/UNIBE y un MBA en Implementación de Inteligencia Artificial de College de Paris.
Cuenta con la certificación AI Transformation Leader del United States Artificial Intelligence Institute (USAII), además de formación certificada en IA aplicada al mercadeo digital de la Universidad de Salamanca y en neurociencia cognitiva de Huertas College y BINCA Global. Es creadora de STRATIA, una metodología para integrar IA a las empresas con énfasis en estrategia, gobernanza y auditoría.
Ramírez propuso invertir el orden del título del taller, “Inteligencia artificial para la industria de seguros de la adopción a la gobernanza”, para colocar primero la gobernanza y luego la adopción.
«Muchos estamos empezando por la herramienta. Y es un error».
El cumplimiento sigue siendo responsabilidad de la empresa
La conferenciante recalcó que los seguros constituyen una industria regulada y que incorporar inteligencia artificial exige considerar las disposiciones que ya rigen sus operaciones. Planteó que las organizaciones deben poder explicar qué sistemas utilizan, para qué procesos, con qué datos y bajo qué supervisión.
La Carta Normativa CN-2026-382-D, emitida el 11 de junio de 2026 por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS), establece que las decisiones apoyadas o generadas por sistemas automatizados continúan sujetas al Código de Seguros. La responsabilidad regulatoria no se transfiere a proveedores externos.
Su alcance comprende el ciclo de vida del seguro, desde mercadeo y suscripción hasta primas, administración de pólizas y reclamaciones. La OCS puede solicitar inventarios de sistemas, políticas, evaluaciones de riesgo, validaciones, auditorías, contratos, información sobre fuentes de datos y registros de incidentes.
La carta integra los riesgos de IA a la gestión de ciberseguridad bajo la Regla 108 y recuerda la certificación anual correspondiente, con fecha límite del 30 de junio para las entidades sujetas a esa regla. Toma como referencia el boletín de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), sin crear obligaciones regulatorias nuevas independientes del marco vigente.
Los controles deben ser proporcionales al riesgo del uso específico.
Durante su exposición, Ramírez también mencionó ISO/IEC 42001 como referencia para la gestión de sistemas de inteligencia artificial. Su discusión sobre auditorías se centró en preparar documentación y demostrar que los controles se ejecutan, más allá de redactar una política.
Cuando el empleado adopta la tecnología antes que la organización
Ramírez describió un cambio en la forma en que las tecnologías llegan al lugar de trabajo. En vez de comenzar con una decisión de la dirección, algunas aplicaciones entran mediante empleados que buscan agilizar sus tareas y utilizan cuentas personales sin reglas corporativas definidas.
Identificó ese uso sin autorización como “shadow AI”. El riesgo, explicó, es que la organización desconozca qué información se comparte, qué aplicaciones intervienen y dónde quedan los documentos o recursos creados.
Como observación de su trabajo con 61 empresas en Puerto Rico, indicó que el 90% utilizaba inteligencia artificial, pero solo el 28% contaba con una política de uso y ninguna auditaba esa tecnología. Presentó esas cifras como datos de las empresas que había visitado, no como un estudio representativo de todo el sector.
La ponente relató el caso de una empleada de una firma de arquitectura e ingeniería que pagó sus licencias y capacitación, desarrolló recursos en su cuenta personal y luego rechazó compartirlos con sus compañeros.
Utilizó el ejemplo para plantear la necesidad de acordar quién paga las herramientas, cómo se administra el acceso y cómo se conserva el trabajo que necesita la organización.
Datos sensibles y contratos con proveedores

La protección de información médica, financiera y corporativa ocupó otra parte de la jornada. Ramírez cuestionó que se introduzcan expedientes o documentos de terceros en cuentas personales sin evaluar las condiciones de uso y las autorizaciones correspondientes.
Entre las prácticas presentadas figuraron identificar nombres, correos, teléfonos, direcciones e identificadores, reemplazarlos por códigos genéricos y revisar el documento antes de compartirlo con una herramienta. Las diapositivas también señalaron los riesgos de cargar bases de clientes, contratos firmados, acuerdos de confidencialidad y capturas de sistemas internos.
El taller abordó, además, las conexiones de aplicaciones con correo y almacenamiento corporativo, así como las extensiones que solicitan acceso a esos recursos. La discusión puso el énfasis en conocer los permisos y establecer qué integraciones autoriza la empresa.
Ramírez planteó que las políticas deben alcanzar a agencias de publicidad, servicios de contabilidad y otros proveedores. Recomendó examinar si sus contratos precisan quién responde ante una filtración, cómo se utilizan los datos y qué condiciones aplican para conectar sistemas o recuperar información.
También invitó a evaluar el alcance de las pólizas de ciberseguridad ante incidentes vinculados con estas tecnologías, incluidas filtraciones y suplantaciones mediante contenido sintético. La discusión no identificó una cubierta uniforme para todas las pólizas.
Escoger herramientas según la tarea
La capacitación incluyó referencias a Microsoft Copilot, Claude, ChatGPT y Gemini. Ramírez presentó usos distintos por departamento y planteó que la selección debe responder a las tareas, las restricciones de la organización y el entorno donde se procesa la información.
Entre los ejemplos discutidos estuvieron la integración con aplicaciones de oficina, la preparación de documentos, la programación, el análisis y la creación de imágenes. También mencionó entornos controlados y soluciones propias como alternativas que requieren capacidad técnica y presupuesto.
La ponente distinguió entre utilizar una aplicación de propósito general e implementar una solución para resolver un problema concreto. Tener licencias disponibles no corrige por sí solo un proceso de reclamaciones que mantiene los mismos retrasos.
Medir el costo y comprobar los resultados
Los costos ocuparon parte de la exposición, con una discusión sobre licencias, consumo de tokens y ventanas de contexto. Ramírez planteó que las empresas deben entender cómo se contabiliza el uso de las herramientas y establecer límites presupuestarios antes de ampliar su utilización.
También cuestionó que se adopten decisiones sobre sustitución de personal basadas únicamente en experiencias de Estados Unidos. Recomendó hacer el ejercicio financiero con los costos laborales y operacionales de Puerto Rico para determinar si la inversión resulta conveniente.
En términos de desempeño, propuso establecer una línea base antes de implementar una solución y definir qué indicador se busca mejorar. Mencionó como ejemplo un proyecto de documentación en manufactura de dispositivos médicos para ilustrar cómo medir el tiempo que una herramienta libera para otras tareas.
La validación de respuestas fue otro punto central. Ramírez discutió las “alucinaciones”, o respuestas incorrectas que una herramienta puede presentar como ciertas, y aludió a casos judiciales en los que se utilizaron referencias inexistentes. Instó a pedir las fuentes, contrastar la información y distinguir hechos de opiniones antes de utilizar los resultados profesionalmente.
Liderazgo, auditorías y atención al asegurado
La propuesta organizacional presentada descansó en cinco pilares: datos, procesos, cultura, estrategia y liderazgo. Ramírez sostuvo que la supervisión requiere una persona o estructura con responsabilidad definida y participación de la dirección, en lugar de concentrar toda la carga en tecnología.
Las diapositivas distribuyeron funciones entre un comité de IA, líderes de proyectos, auditoría externa, dirección de tecnología y comité ejecutivo. El esquema incluyó revisión de métricas y cumplimiento ético, informes de desempeño, evaluación de seguridad, privacidad y sesgos, conservación de registros y aprobación de mejoras.
La discusión también abordó la necesidad de alinear el uso de la IA con los valores de la empresa, capacitar al personal y documentar errores, incidentes y medidas correctivas.

En la apertura, Ángel Ocasio, actual presidente de la APSPR, agradeció la participación de los profesionales y el respaldo de los auspiciadores. Destacó el interés generado por la convocatoria y la oportunidad de aprendizaje que ofrecía la actividad.
Olga Matos, presidenta entrante, vinculó esa capacitación con el conocimiento técnico de seguros y el trato al asegurado. Señaló el potencial de la IA para agilizar suscripción, reclamaciones y tareas administrativas, pero recalcó la importancia de preservar la ética, la transparencia y la empatía.
«Esta industria es una industria de relaciones», expresó Olga Matos, presidenta entrante de la APSPR.
Matos recordó que muchos clientes buscan ayuda ante la muerte de un ser querido, una incapacidad o la pérdida de un negocio. En ese contexto, planteó que la eficiencia tecnológica debe acompañarse de atención personal.
Fundada en 1977 como la Asociación de Mujeres Profesionales de Seguros de Puerto Rico, la APSPR promueve la educación continua, el liderazgo y el desarrollo profesional. Está afiliada desde sus inicios a la International Association of Insurance Professionals (IAIP), vínculo que ofrece acceso a capacitación, designaciones profesionales e intercambio de conocimientos.





