Jenniffer González dijo que el proyecto reduciría ingresos por $2.67 millones y limitaría opciones de pago disponibles para los ciudadanos
SAN JUAN (EFE)
La gobernadora Jenniffer González anunció este jueves que vetó un proyecto del Senado que buscaba enmendar la Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, pues tendría un impacto fiscal negativo de $2.67 millones en reducción de ingresos para el Año Fiscal 2025-2026.
Según explicó la gobernadora en un comunicado, el impacto fiscal negativo ocurriría por la reducción de ingresos relacionados a las comisiones derivadas de las transacciones procesadas mediante CESCO Digital.
El veto al Proyecto del Senado 67 buscaba atemperar la definición de entidad autorizada para el cobro del seguro de responsabilidad obligatorio a la evolución del marbete electrónico.
El proyecto legislativo disponía también que la selección y pago del seguro obligatorio en vehículos de motor con más de 3 años de fabricación se llevará a cabo durante el proceso de inspección vehicular en una entidad autorizada para cobrar dicho seguro.
No obstante, en el análisis realizado por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, refleja que el proyecto impone nuevas responsabilidades y cambios operacionales sin contemplar una asignación presupuestaria para su implementación.
Por su parte, la Oficina del Comisionado de Seguros advirtió que la medida restringe la opción del consumidor al obligar que el pago digital del Seguro de Responsabilidad Obligatorio se realice exclusivamente en centros de inspección vehicular, limitando así el acceso del ciudadano a otros canales autorizados como colecturías, bancos, cooperativas y CESCO Digital.
Según la Oficina del Comisionado de Seguros, esta limitación desvirtúa el propósito de modernización y flexibilidad que actualmente ofrece el sistema digital implementado por el Gobierno de Puerto Rico.
Además, la medida entraría en vigor sin establecer un periodo razonable de transición ni contemplar la coordinación tecnológica y operacional necesaria entre las distintas entidades concernidas.
«Aprobar esta medida, sin atender estas consideraciones, podría resultar en una política pública de difícil implementación y con efectos adversos sobre el ciudadano y las agencias concernidas», explicó la mandataria.
Por otra parte, la gobernadora firmó la Ley 94-2026, que enmienda la ley hipotecaria y la Regla 55 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, para facilitar el tráfico jurídico y minimizar los costos de las transacciones jurídicas a la ciudadanía.
La Ley 210-2015, según enmendada, conocida como la ‘Ley de Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’, permitió la modernización y digitalización del Registro de la Propiedad en un proceso que todavía continúa.
Sin embargo, han pasado diez años desde su aprobación, por lo que es necesario evaluar áreas en las que se puedan lograr procesos en el Registro de la Propiedad más ágiles y efectivos, según se dijo.
