Estudios Técnicos advierte sobre impacto si no se extienden fondos federales tras 2027
Una nueva versión de la propuesta republicana para recortar $880,000 millones en gastos federales, centrados en el programa Medicaid, podría representar un golpe severo para el sistema de salud de Puerto Rico si no se extienden los niveles actuales de financiamiento federal más allá del año fiscal 2027.
Según el más reciente boletín Al Punto de Estudios Técnicos, Inc., la legislación presentada el 11 de mayo por la delegación republicana en la Cámara de Representantes federal propone reducir el gasto en Medicaid mediante nuevas restricciones a los beneficiarios, como requisitos laborales y recertificaciones más frecuentes.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que la medida reduciría en 8.6 millones la cantidad de personas cubiertas por el programa en Estados Unidos. Aunque el Comité de Presupuesto de la Cámara rechazó el paquete legislativo el 16 de mayo, el tema permanece bajo discusión y podría reconfigurarse durante las negociaciones.
La propuesta se presenta en un momento crítico para Puerto Rico. Actualmente, el financiamiento federal de Medicaid para la isla está garantizado hasta el año fiscal 2027 gracias a una asignación temporal incluida en la Ley Consolidada de Asignaciones Federales de 2023. A partir del año fiscal 2028, sin legislación adicional, las asignaciones volverían a los niveles previos al 2023.
Esto implicaría una reducción significativa para la Administración de Seguros de Salud (ASES), cuyo tope de financiamiento federal se sitúa actualmente en $3,300 millones y aumentará a $3,800 millones en 2027. Si se revierte al nivel de 2019, cuando ASES recibió $2,600 millones, la reducción sería de $1,300 millones, o 32.7%.
Del total de $15,300 millones en fondos federales asignados a Puerto Rico para el año fiscal 2025, el 62.0% se concentra en tres agencias: ASES (26.1%), la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (20.1%) y el Departamento de Educación (15.8%). Estos fondos han registrado aumentos significativos entre los años fiscales 2020 y 2025 debido a medidas legislativas federales temporales.
De no aprobarse una extensión del financiamiento vigente, el gobierno de Puerto Rico tendría que identificar fuentes alternas para cubrir la diferencia, lo que podría requerir recortes en otras áreas del presupuesto del Fondo General. Combinado con las nuevas restricciones propuestas a nivel federal, esto agravaría la incertidumbre fiscal en la isla y pondría en riesgo la continuidad de servicios esenciales de salud.
