La iniciativa, impulsada por el DDEC y la gobernadora Jenniffer González, busca atender la emergencia y promover la recuperación laboral
San Juan, Puerto Rico – El Gobierno de Puerto Rico activó una nueva iniciativa de empleos temporeros con el fin de responder a la emergencia provocada por las recientes inundaciones que han afectado a 10 municipios. Así lo anunciaron este miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard.
La medida forma parte del Programa de Desarrollo Laboral (PDL), también conocido como Conexión Laboral, y se pone en marcha tras la aprobación de la Orden Ejecutiva Núm. 2025-022, que declaró estado de emergencia en los municipios de Corozal, Naranjito, Orocovis, Cidra, Aguas Buenas, Caguas, Ciales, Vega Alta, Utuado y Lares, afectados por lluvias torrenciales que provocaron deslizamientos, crecidas de ríos e interrupciones de servicios esenciales.
Puerto Rico cuenta actualmente con la dispensa de la Administración de Empleo y Adiestramiento del Departamento del Trabajo Federal (DOLETA), que permite flexibilizar el uso de fondos del Título I de la Ley WIOA para crear empleos temporeros orientados a la recuperación tras desastres.
“La iniciativa es una muestra concreta de que no estamos solos, y que cada esfuerzo cuenta para reconstruir nuestras comunidades y devolverles la estabilidad y seguridad que merecen”, expresó la gobernadora González Colón.
Por su parte, Negrón Reichard destacó que la medida “representa una respuesta inmediata para atender las necesidades de nuestras comunidades afectadas, y también abre una puerta de oportunidad laboral para quienes buscan apoyar la recuperación de la isla”.
Como parte del programa, se crearán empleos de Waste Handling Technician con hasta 10 participantes por municipio. Cada trabajador podrá laborar un máximo de 160 horas a razón de $12 por hora, hasta el 30 de junio de 2025. Los municipios serán responsables de la seguridad y el equipo de los trabajadores. El impacto estimado de esta medida asciende a más de $200,000 en fondos federales.
El Gobierno reafirmó su compromiso con las comunidades afectadas, enfocándose en proteger vidas, impulsar la recuperación económica y facilitar la reactivación laboral tras la emergencia.
