Firma, además, sus primeras dos leyes, ambas con su nueva política energética
Por Antonio Gómez
Especial para Seguros y Finanzas
SAN JUAN, Puerto Rico – La gobernadora Jenniffer González Colón firmó este miércoles una Orden Ejecutiva eliminando el requisito de acuerdos laborales en las empresas de construcción que realicen obras para el Gobierno, así como dos leyes que establecen la política energética inmediata de esta administración.
Las dos leyes que firmó fueron las primeras de su gobernación y también las dos primeras que envió a la Asamblea Legislativa.
La Ley Número 1 de 2025 “actualiza las metas de energía renovable, pero manteniendo la meta del 100% para 2050”, explicó González en conferencia de prensa, ofrecida previo a su participación en el “Caucus con el Gobierno”, celebrado por la Asociación de Industriales.
La medida elimina, sin embargo, las metas intermedias de energía renovable. “La obligación en ley de cumplir con las metas intermedias ha imposibilitado que el Negociado de Energía de Puerto Rico dé paso a fuentes de generación más limpias y costo-eficientes, como medida de transición hacia la meta del 100% de renovables para el 2050”, agregó la Gobernadora.
La nueva ley extiende, además, hasta diciembre de 2032 la generación de energía a base de carbón. Argumentó la Gobernadora que esta generación representa el 25% de la demanda energética de Puerto Rico y que actualmente no se cuenta con una fuente de energía alternativa para sustituirla, “que sea confiable, no intermitente y que nuestra gente pueda pagar”.
La Ley 2 de 2025 enmienda el Artículo 6.36 de la Ley 57-2014, conocida como la “Ley de Transformación y Alivio Energético”, para aumentar las multas que puede imponer el Negociado de Energía y facilitar el cobro de las mismas.
Faculta, además, al Negociado a incautar de cualquier acreencia a favor del regulado que cualquier agencia, dependencia, oficina, corporación pública, programa o entidad del Gobierno de Puerto Rico pueda poseer, con el fin de asegurar el cobro de esas penalidades.
La Orden Ejecutiva
La Orden, indicó la Gobernadora, es “para establecer la política pública de promover la libre y amplia competencia en los procesos de licitación pública y derogar el último párrafo de la sección dos y las secciones de la cuatro a la ocho del Boletín Administrativo 2022-14, que requiere a los licitadores de proyectos de construcción de las entidades gubernamentales firmar un acuerdo laboral del proyecto”.
Explicó que esa disposición, ahora eliminada, cubría todos los proyectos de cinco millones o más que fueran sufragados con fondos federales.
“Exigirle a los contratistas del gobierno un acuerdo laboral limita significativamente la competencia en las licitaciones, aun cuando el proceso de licitación esté abierto a todo tipo de proponente”, agrega la Orden.
Se señala, además, que esta disposición limitaba la participación de contratistas locales, que en muchos casos no podían sostener los costos que implicaba un acuerdo laboral del proyecto que se les exigía.
Se decreta que “no se requerirá a los contratistas adoptar un modelo particular de acuerdo laboral de proyecto como condición para la contratación con el Gobierno”.
La Orden fue leída ante el Caucus de los Industriales, y la Gobernadora preguntó si había oposición a la misma. No hubo respuestas negativas, por lo que se procedió a firmarla en ese momento.
Anuncia nombramientos
La gobernadora González sorprendió al anunciar una nueva secretaria para el Departamento de Asuntos del Consumidor, luego de que el Senado rechazara esa misma mañana a la designada original, Natalia Catoni.
La nueva designada es Valerie M. Rodríguez Erazo, quien aceptó la encomienda de asumir las riendas de la agencia.
Anunció, además, la Gobernadora los nombramientos de Arnaldo J. Ortiz como administrador de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura de Puerto Rico, y director ejecutivo de los Sistemas de Retiro de los Maestros.
Abner Gómez Cortés fue, a su vez, designado comisionado del Negociado del Cuerpo de Emergencias, mientras que Roberto Lefranc Fortuño fue seleccionado como director ejecutivo de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario. Víctor Roberto Segarra asumirá el cargo de director ejecutivo de la Administración de Terrenos.
Astrid Piñero Vázquez es la nueva Procuradora de las Mujeres.
