La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que han participado cerca de 200 países, finalizó este domingo en la capital de Azerbaiyán con un acuerdo de mínimos en medio de tensiones geopolíticas, una cita que el año pasado tuvo lugar en Emiratos Árabes Unidos
Bakú (EFE) – Vanuatu, uno de los países más afectados por la crisis climática, calificó de insuficiente el acuerdo alcanzado en la cumbre del clima COP29 en Bakú por el que los países ricos pagarán al menos $300,000 millones anuales al mundo en desarrollo para costear la acción climática a partir de 2035.
En un comunicado, el enviado especial para el Cambio Climático de esta nación del Pacífico, Ralph Regenvanu, subrayó que el dinero comprometido no es suficiente y recordó que en diciembre la Corte Internacional de Justicia comenzará un proceso iniciado por su país para aclarar las obligaciones legales de los países en la crisis climática.
«Los compromisos alcanzados en Bakú -la cantidad de dólares propuesta y la reducción de emisiones prometido- no son suficientes. Nunca iban a ser suficientes. E incluso con esto, basándonos en nuestra experiencia en el pasado, sabemos que no se cumplirán», dijo Regenvanu.
«Tras dos reuniones consecutivas celebradas en naciones cuyas economías dependen de los combustibles fósiles, continuamos alejándonos del objetivo de mantener el calentamiento global debajo de 1.5 grados -el objetivo marcado en estas reuniones y el acuerdo de Paris 2016», explicó el representante de Vanuatu.
Regenvanu recordó que su país, una nación isleña de 334,000 habitantes, emite solo el 0.02% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero se ve afectado desproporcionadamente por el cambio climático, con problemas como el aumento de tifones y la subida del nivel del mar.
El representante señaló que el 2 de diciembre la Corte Internacional de Justicia en La Haya iniciará las consultas con 110 países y organizaciones no gubernamentales para abordar las responsabilidades legales ante la crisis climática.
En su opinión, el proceso consultivo de la corte «tiene el potencial de fortalecer el marco del Acuerdo de París al aclarar las obligaciones jurídicas de los Estados en virtud del derecho internacional para actuar contra el cambio climático, obligaciones que se han ignorado durante demasiado tiempo».