Por Miguel Díaz Román
30 de diciembre de 2021
El Comisionado de Seguros designado, el licenciado Alexander Adams Vega, trabajó desde el pasado mes de octubre hasta el momento de su designación el 20 de diciembre, en el bufete Puerto Rico Legal Advisers LLC, donde también trabaja el ex secretario de Asuntos Públicos y Política Pública de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, quien representa a dos empresas imputadas de graves violaciones al Código de Seguros por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
La contratación de Adams Vega por un bufete que representa a dos clientes, quienes mantienen dos casos activos de alto perfil ante la OCS por violaciones al Código de Seguros, ha levantado interrogantes sobre si el Comisionado de Seguros designado pudo incurrir en una conducta profesional impropia o si pudo violar alguna disposición de la ley 1 de 2012 o ley orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, relativa a la conducta prohibida a los ex funcionarios del gobierno.
Específicamente, la ley 1 del 2012 dispone en el artículo 4.6, relacionado con las restricciones a los ex servidores públicos, que, entre otras prohibiciones, le impide a un ex servidor público ofrecer información, intervenir, cooperar, asesorar en forma alguna o representar en cualquier capacidad, directa o indirectamente, a una persona privada, negocio o entidad pública, sobre aquellas acciones oficiales o asuntos en los que intervino mientras trabajó como servidor público”.
De hecho, no está claro qué tipo de trabajo realizó Adams Vega para el bufete Puerto Rico Legal Advisers LLC.
Según fuentes de la Revista Seguros, Adams Vega, quien ocupó el cargo de comisionado auxiliar en asuntos legales en la OCS, fue despedido de manera fulminante por el ex Comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu, el pasado mes de agosto.
Según la fuente, el despido se produjo por dos razones fundamentales: porque no había satisfacción con el cumplimiento de sus responsabilidades en la OCS y porque Adams Vega lideraba un grupo de funcionarios de esa agencia opuestos a la permanencia de Mier Romeu en el cargo y que “llevaban chismes de la oficina a la Fortaleza”.
De acuerdo con la fuente, tanto Adams Vega como el grupo de funcionarios que lideraba en la OCS, están identificados con los ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos y Rafael Cestero Lopategui, y resentían los cambios que Mier Romeu fue instaurando en la agencia reguladora.
Revista Seguros le cuestionó al licenciado Rosario Cortés si el licenciado Adams Vega trabajaba con él, tras su salida de la OCS. “Esa pregunta se la debes hacer a él”, respondió Rosario Cortés.
Revista Seguros se comunicó con la OCS con la siguiente interrogante: “el Comisionado de Seguros designado ¿trabajó con el licenciado Ramón Rosario tras salir de la OCS en el verano pasado?”.
La respuesta fue que “el comisionado designado trabajó hasta el 27 de agosto en la OCS, luego desde octubre de 2021 hasta que fue nombrado, estuvo trabajando por servicios profesionales con varios bufetes, entre ellos Puerto Rico Legal Services”.
Más adelante y a petición de este medio, la OCS aclaró que el nombre del bufete “es Puerto Rico Legal Advisers”.
Rosario representa a Scott M. Favre Public Adjusters LLC
El bufete Puerto Rico Legal Advisers y el licenciado Rosario Cortés representan al ajustador público Scott M. Favre Public Adjusters LLC, imputado de inflar reclamaciones relacionadas con el huracán María de forma fraudulenta y por lo que la OCS le impuso $30,000 en dos multas. De hecho, el licenciado Adams Vega representó a la OCS en una apelación presentada por Rosario Cortés en el Tribunal de Apelaciones, que fue desestimada el pasado 20 de junio.
Para las aseguradoras del país, el caso de Scott M. Favre es probablemente el asunto más importante presentado ante la OCS en los últimos años. Las aseguradoras Integrand Assurance Company, QBE Seguros, Mapfre Praico Insurance Company solicitaron a la OCS que investigara las acciones del ajustador público en la presentación de reclamaciones infladas.
El bufete Puerto Rico Legal Advisers LLC y el licenciado Rosario Cortés también representa a la representante autorizada de seguros, a Alice Meléndez, a su padre, José A. Meléndez, y a la agencia general de seguros, Prima Group, a quienes la OCS le imputó graves violaciones al Código de Seguros por medio de un escandaloso esquema de fraude y de un aparente enriquecimiento ilícito en la venta de seguros para condominios.
El bufete Puerto Rico Legal Advisers LLC fue incluido en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado desde el 3 de noviembre del 2014. La agente residente de la corporación es Claudia Rodríguez Matos, quien es la esposa del licenciado Rosario Cortés.
El exsecretario de Asuntos Públicos y Política Pública renunció a su cargo en la Fortaleza a finales de 2018, pero en el 2019 se vió involucrado en el escándalo del chat de Telegram, que provocó la renuncia del entonces gobernador, Ricardo Rosselló, en el verano de ese año.
Promete vistas públicas ‘exhaustivas‘
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, el senador Javier Aponte Dalmau, le indicó a Revista Seguros el pasado martes que la Comisión de Nombramientos del Senado realizará “exhaustivas” vistas públicas sobre las denuncias realizadas por empleados de la OCS tras el nombramiento del licenciado Adams Vega y que fueron publicadas por este medio.
Los empleados de la OCS sostuvieron que desconocen hasta qué punto el Comisionado designado está implicado en varios asuntos presuntamente ilegales que ocurrieron en el pasado cuatrienio y que actualmente son objeto de investigación.
Una fuente de Revista Seguros sostuvo que funcionarios de la OCS han sido entrevistados en los pasados meses por investigadores de la Oficina de Ética Gubernamental en relación a varias querellas confidenciales, una de las cuales está relacionada con la alegada anulación de una multa al ajustador público Scott M. Favre, durante el pasado cuatrienio.
La otra investigación está relacionada con la presunta aprobación de un producto de seguros para autos que se es promovido actualmente por una aseguradora, a pesar de que la recomendación de los peritos de la OCS fue rechazar su aprobación.
Los empleados de la OCS también señalaron que no saben la participación que tuvo Adams Vega en los fallidos trámites que causaron que la OCS perdiera la acreditación que concede la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés), en el verano de 2020.
La pérdida de la acreditación ocurrió luego de que la OCS aprobara una transacción en la que una aseguradora recién instalada en el Centro Internacional de Seguros en San Juan, adquirió a su compañía matriz en Wisconsin e intentó anular sus contratos de reaseguro para recuperar $2,700 millones, lo que habría dejado sin protección a miles de asegurados en Estados Unidos.
De acuerdo con una fuente de la Revista Seguros, la deficiente evaluación de la transacción por parte de la OCS, que fue incapaz de anticipar las nefastas implicaciones para los asegurados en múltiples estados, fue una de las razones principales para que la NAIC anulara la acreditación.
Incluso, los empleados de la OCS advirtieron que conocen el desempeño de Adams Vega y aseguraron que están convencidos de que el funcionario carece de las “herramientas” para regir la agencia reguladora. Además, señalaron que Adams Vega representa una continuación de la gestión de los ex Comisionado de Seguros, Rivera Ríos y Cestero Lopategui.
El senador Aponte Dalmau, sostuvo que la Comisión de Nombramientos deberá “citar a los empleados de la OCS para que revelen detalles de los hechos que han provocado la presentación de querellas ante la Oficina de Ética Gubernamental y que también se debe citar a funcionarios de Ética Gubernamental para informen a la Comisión sobre esos asuntos en investigación”.
