Por Miguel Díaz Román
12 de noviembre de 2021
La conocida corredora de seguros, Edna Vázquez Bonnet, denunció que fue separada del programa de seguros del gobierno por descubrir que el Túnel Minillas, los Túneles de Maunabo, así como cientos de puentes y miles de millas de carreteras y de autopistas en todo Puerto Rico carecen de una cubierta de seguros de propiedad, que ofrecen protección contra los daños catastróficos que pueda causar un terremoto o un huracán.
La escandalosa revelación surge como parte de una carta enviada el pasado lunes 8 de noviembre al secretario de Hacienda, Francisco Parés, por Vázquez Bonnet, quien es la presidenta de Bonnet Insurance Brokerage Corporation.
La corredora de seguros envió la carta luego de que recibiera una notificación de la división de Seguros Públicos, adscrita al Departamento de Hacienda, en la que se le informó que su propuesta para continuar administrando la cubierta de seguros de la Autoridad de Carreteras (AC) no fue aceptada.
El 17 de febrero de 2020, Vázquez Bonnet visitó Parés a en su oficina y le entregó una gráfica que describe cómo opera un presunto “esquema de cabilderos en Seguros Públicos que buscan beneficiar a una pequeña piña de corredores y agentes generales”, según la misiva. También menciona que entre esos cabilderos figuran la contratista Katherine Erazo y el licenciado Juan Maldonado de Jesús.
Erazo firmó un acuerdo de cooperación con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en el caso contra la ex presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres. La prensa ha reseñado que el acuerdo de cooperación impidió que la señora Erazo fuera incluida entre los acusados.
Maldonado de Jesús fue acusado por el PFEI en relación al intento fallido de vender al gobierno un cargamento de pruebas de detección de COVID-19 por $19 millones.
De las expresiones de Vázquez Bonnet en la carta no se desprende si a Parés le interesó investigar las denuncias.
La corredora de seguros sostuvo en la carta que su descubrimiento sobre la falta de seguros en puentes, túneles y carreteras, “despertó el apetito de nuestros competidores, quienes advirtieron la existencia de una nueva fuente de jugosas primas”.
En entrevista con Revista Seguros, Vázquez Bonnet dijo que semanas antes de que fuera rechazada, obtuvo el permiso de Seguros Públicos para identificar de manera preliminar la disponibilidad de los reaseguradores internacionales a reasegurar los puentes, túneles y carreteras. La corredora dijo que propuso a los reaseguradores internacionales varias alternativas como los llamados CAT Bond, o bonos de catástrofe, crear un asegurador cautivo o adquirir un seguro paramétrico.
“Los dos reaseguradores más grandes del mundo dijeron que sí. Y cuando en Seguros Públicos vieron las cantidades billonarias que se estaban manejando, alguien sopló la información y se despertó el apetito de nuestros competidores, que no querían que yo estuviera allí para ellos hacer el negocio”, dijo la corredora.
Además, la corredora advirtió en la carta que era necesario asegurar la infraestructura vial, incluyendo los túneles, y los puentes “pues sabemos que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) está cansada y preocupada de pagar reclamaciones de esta naturaleza”.
“Es alarmante que los Agentes Generales y los corredores de seguros que nos precedieron nunca habían adquirido una póliza para estos riesgos. Es sencillamente escandaloso que ni el Túnel Minillas ni los Túneles de Maunabo cuenten con una cubierta contra terremoto y huracán, ante el hecho indiscutible de que Puerto Rico se encuentra en la ruta de los huracanes que amenazan el Caribe y de que cada año la isla experimenta una intensa actividad sísmica”, indicó Vázquez Bonnet en la misiva.
Se desconoce valor de túneles, carreteras y puentes
Incluso, Vázquez Bonnet sostuvo que la Autoridad de Carreteras desconoce el valor actual de los puentes, túneles y carreteras del país, porque en los registros de la agencia solo figura el valor histórico de estas infraestructuras, que consiste de una relación de los fondos públicos invertidos para su construcción.
“Debe ser muy preocupante para cualquier gobernante que a causa de un terremoto la isla sufra una catástrofe en la infraestructura vial, lo que sin duda tendrá serias repercusiones en la capacidad del gobierno para garantizar la protección de la vida y la recuperación de la actividad económica. Esa preocupación debe ser mayor debido a las fallas tectónicas activas que existen en la isla y al incremento de los movimientos sísmicos”, dice la carta.
La corredora de seguros señala en la misiva que su salida del programa de Seguros Públicos, respondió directamente a su descubrimiento sobre la falta de seguros en la AC, y a la gestión de un grupo de cabilderos relacionados con el agente general Seguros N. Colón, cuyos propietarios estarían “molestos por mis señalamientos”.
De la carta se desprende que Vázquez Bonnet impidió durante dos años contratar a Seguros N. Colón porque “estoy convencida de que contratar un Agente General es innecesario y constituye un despilfarro de fondos públicos”.
La corredora sostuvo que la primera contratación de Seguros N. Colón, objetada por Bonnet Insurance, fue para la cuenta de Tren Urbano en 2017. La segunda ocurrió en 2020 con la cuenta de la Autoridad de Carreteras.
“Es la segunda vez que renovamos pólizas del gobierno sin este Agente General y cada vez que lo eliminamos, comienzan las manipulaciones de sus influyentes cabilderos para impedir que Seguros Públicos contrate a Bonnet Insurance. La primera ocasión fue en el Tren Urbano y ahora se repite la experiencia en la Autoridad de Carreteras”, indica la misiva.
Incluso, Vázquez Bonnet indicó en la carta que en su propuesta para obtener nuevamente la cuenta de la Autoridad de Carreteras para el 2021, informó que durante el pasado año logró un ahorro de $71,379 en el pago de la prima “al eliminar el Agente General, Seguros N. Colón”.
“Tras la cancelación de esos contratos, el Agente General Seguros N. Colón inició una campaña de persecución hacia mi persona en determinados niveles del gobierno de Puerto Rico. Esa campaña ha tenido como fin que la mencionada empresa cumpla su objetivo de lograr su participación como intermediario en Seguros Públicos para obtener el pago de comisiones, un tipo de contratación que no está avalada por el Código de Seguros”, indicó Vázquez Bonnet.
La contratación de intermediarios de parte de los corredores de los seguros del gobierno, y el pago de comisiones a los intermediarios, ha sido una controversia sancionada en el pasado por la Oficina del Comisionado de Seguros.
El licenciado Lee Sepulvado, representante legal de Seguros N. Colón, sostuvo que “se trata de expresiones difamatorias y completamente falsas, nuestro cliente nunca ha manejado los seguros del Tren Urbano y nunca ha contratado como cabilderos ni en ninguna otra capacidad a las personas mencionadas en la carta. No ha realizado campaña alguna en contra de Bonnet Insurance o sus funcionarios”.
Sepulvado agregó que su cliente “desconoce las razones o circunstancias relacionadas a la determinación de Seguros Públicos de no hacer o no renovar negocios con Bonnet; y nunca ha ofrecido consideraciones ilegales a Bonnet o presionado a dicha empresa como parte de exigencias para hacer negocios con ésta. Seguros N. Colón estará respondiendo formalmente a la comunicación de Bonnet al Secretario de Hacienda”.
El abogado dijo que su cliente “no ha realizado actuación ilegal de clase alguna en contra de los intereses de Bonnet ni ha autorizado a ningún tercero, agente o representante suyo a realizar las mismas. Bonnet debe tener claro que su proceder abiertamente ilegalidad le sujeta a responsabilidad civil y reclamaciones por parte de terceros inocentes como nuestro cliente”.
Tren Urbano pierde millones de dólares
Más adelante, la misiva sostiene que la empresa de corretaje en seguros AON Risk, causó una pérdida de millones de dólares al gobierno por los daños causados por el huracán María al Tren Urbano. Vázquez Bonnet indicó en la carta que la empresa es responsable de colocar la póliza de propiedad del Tren Urbano en 2016 en la aseguradora Real Legacy, que fue sometida a liquidación por insolvencia en el 2019.
En aquel momento, según indica la carta, “ya la Oficina del Comisionado de Seguros había emitido varios informes documentando la insolvencia creciente de la aseguradora Real Legacy, la cual se evidenció tras el paso del huracán María”, lo que implicó que el Tren Urbano no recibirá el pago de sus reclamaciones para corregir sus pérdidas.
La relacionista pública de AON Risk informó que la empresa no emitirá comentarios sobre la comunicación de Bonnet Insurance al secretario de Hacienda.
La carta también resalta que la colocación de la póliza del Tren Urbano en la aseguradora Real Legacy violó disposiciones federales que exigen que los seguros de propiedades públicas que recibieron fondos federales, se deben suscribir en aseguradoras solventes. Además, indica que la Ley PROMESA prohíbe colocar seguros públicos en aseguradoras con problemas de insolvencia.
La corredora indicó que no existe justificación para que su empresa haya sido rechazada debido a que el documento que presentó este año para atender la licitación convocada por Seguros Públicos es similar al que presentó el pasado año, cuando fue seleccionada. “Solo el discrimen y la injusticia explican la eliminación de Bonnet Insurance Brokerage Corporation por Seguros Públicos”, señala la carta.
Vázquez Bonnet finaliza la carta señalando que “otros participantes del esquema han sido mencionados en la prensa en presuntas actividades fuera de ley o se encuentran bajo investigación en estos momentos”.
Hacienda no reacciona
En entrevista con Revista Seguros, la corredora señaló que la contratista Katherine Erazo la presionó para que contratara a Seguros N. Colón como agente general para la póliza de la AC “porque habían aportado a la campaña de Ricky Rosselló”. Vázquez Bonnet también agregó que en la reunión del 17 de febrero de 2020 en la oficina de Parés, estuvo presente el ex contralor y ex secretario de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña.
En la carta Vázquez Bonnet mencionó que en 2017 recibió “presión indebida” de parte del licenciado Juan Maldonado de Jesús, quien para entonces era asesor legal del secretario de Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, para que contratara a Seguros N Colón como agente general para la póliza del Tren Urbano.
“Estos casos y los ya mencionados de la señora Erazo y del licenciado Maldonado, corroboran mis señalamientos y deberían despertar en usted el interés de investigar a fondo las irregularidades en la división de Seguros Públicos. Confiamos en su buen juicio para que la balanza de la justicia lleve a cabo su función. El sol sale todos los días y alumbra con toda su claridad y transparencia, y la verdad siempre aflora y prevalece”, concluye la misiva.
Seguros Públicos dice que cumplió con la ley
En una breve reacción enviada a Revista Seguros, el director de Seguros Públicos, Carlos Allende, sostuvo que no comentará sobre las imputaciones sobre el presunto esquema de cabilderos que la corredora reveló al secretario Parés en una gráfica.
“Sobre las imputaciones, no emitiremos comentarios por considerar las mismas totalmente falsas ya que no van acorde con lo establecido en el procedimiento en ley que fue realizado», dice de manera escueta el breve comunicado.
En relación con las otras denuncias de la carta, Allende se limitó a señalar que la dependencia cumplió con la ley y los reglamentos que regulan la adjudicación de contratos a los corredores de seguros. El funcionario mencionó, además, que los corredores rechazados pudieron incumplir con determinados requisitos.
“Hay proveedores de servicio que pudieron quedar descartados al no cumplir cabalmente con los requisitos establecidos en el RFQ (invitación a licitación), entre los que figura como requisito cumplir con someter la certificación del Registro Único de Proveedores del Gobierno, el cual no está sujeto a discreción de ningún funcionario. Este requisito, establecido en ley, es uno de carácter indispensable para el perfeccionamiento de cualquier contrato con el Gobierno y aplica a la adquisición de servicios profesionales”, dijo Allende.
La breve reacción añade que previo a la invitación a los corredores para que participen en la licitación “el Departamento de Hacienda ofreció un seminario a los proveedores donde se detalló todos los requisitos vigentes este año para los procesos de contratación, incluyendo esta nueva normativa”.
No obstante, Vázquez Bonnet dijo que nunca fue invitada al citado seminario. Tampoco fueron invitados los corredores Eduard J. Cheveres, presidente de Aegis International Insurance y Emilio Villaverde.
