El Senado se propone investigar las denuncias de un nutrido grupo de titulares de condominios de Ponce sobre incumplimiento de contrato y negligencia de parte de aseguradoras y compañías ajustadoras, luego de que sus apartamentos sufrieron serios daños como resultado de la secuencia de terremotos ocurrida en enero de 2020 y todavía sus reclamaciones no han sido resueltas.
La senadora Keren Riquelme anunció la radicación de la Resolución del Senado 345 que ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor a realizar una pesquisa y rendir un informe detallado sobre los hallazgos en un período no mayor a los 30 días.
“Hemos observado el dolor de muchas familias, particularmente en el área sur de la Isla ante la inacción de las compañías de seguro en actuar para asistirlos. Han pasado casi tres años desde los terremotos de enero de 2020 y todavía no se han resuelto las reclamaciones. Esto no puede continuar. Ayer los residentes de los condominios Ponciana, Estancias de Aragón y Torre de Oro, todos en Ponce, levantaron su voz de indignación ante esta problemática. Esto urge una investigación exhaustiva y de manera expedita”, sentenció Riquelme mediante declaraciones escritas.
El pasado miércoles, un grupo de residentes de los condominios Ponciana, Estancias de Aragón y Torre de Oro denunciaron que desde el 2020, ni las juntas de directores de estos condominios, ni las aseguradoras han respondido a las reclamaciones de daños realizadas.
Los titulares de estos condominios, quienes fueron desalojados de sus apartamentos tras el terremoto del 7 de enero de 2020, denunciaron una serie de irregularidades de sus respectivas juntas de directores que han complicado la situación económica de cerca de 150 familias y comerciantes.
Denunciaron que mientras los bancos los están demandando en cobro de dinero por el impago de las hipotecas, existe un silencio absoluto sobre el estado de las reclamaciones o el uso del dinero que ya se ha recibido de parte de las aseguradoras. Alegadamente, las juntas de directores de los condominios han permitido que ese dinero se consuma en asuntos ajenos a la restauración de los condominios y sus apartamentos.
“Tengo que decir que lamentablemente nuestro desalojo fue ilegal por lo que estamos ahora pagando las consecuencias. Estamos muy molestos porque esta semana tembló en Puerto Rico y vino a nuestra mente el que tengo una propiedad en Estancias de Aragón que no puedo utilizar, pero mes tras mes el banco me reclama el pago de la hipoteca. Esta situación tiene a todos los titulares pagando renta en casas alquiladas, con la complicación de que hay que seguir pagando una propiedad la cual no se nos permite utilizar. Hacemos un llamamiento a cualquier agencia, especialmente al Departamento de Justicia para que tomen cartas en el asunto ya que se está afectando nuestro crédito y nuestra paz mental¨, señaló Ivette González Cuascut, quien es una de las titulares afectadas.
Los titulares cuestionaron la laxitud de las compañías aseguradoras y el comportamiento errático con los titulares de las propiedades afectadas por el terremoto y denunciaron que estas empresas han hecho causa común con las juntas de directores de los Condominios, bloqueando así la participación de los afectados en las reuniones de negociación.
¨No hay duda de que hay serios problemas en el comportamiento de algunos integrantes de las juntas de directores de estos condominios. Tenemos evidencia con fotocopias de cheques y documentos que reflejan desembolsos ilegales de parte de estas personas que deberían ser custodios de nuestros intereses. Hay información en blanco y negro que confirma las acciones tomadas por algunos miembros de las juntas de directores que no están cónsonas con la leyes y reglamentos que rigen la administración de los condominios en Puerto Rico. Se ha dado el caso de que apartamentos están siendo transferidos a miembros de las juntas sin que haya mediado una resolución de renuncia de sus titulares. Más aún, existe copia de un cheque que deja claro de un dinero desembolsado para gastos médicos personales de una miembro de una junta, lo que es totalmente ilegal, abusivo, dejando claro un acto de corrupción castigable por ley, señaló Juan Howe Hernández, titular del Condominio Ponciana.
“Los bancos nos están demandando por el cobro de las hipotecas y por otro lado, no se nos permite tan siquiera preguntar el estado de las reclamaciones o el uso del dinero que ya se ha recibido el cual se ha utilizado para asuntos ajenos a la restauración de los condominios y sus apartamentos. No hay duda de que hay evidencia clara, contundente que prueba el mal uso del poder que le confiere ser miembro de una junta de directores de estos condominios. Nosotros advertimos que nada nos va a detener, vamos a desenmascarar a todo aquel que esté obrando mal, recordando que nadie está impune por el mal uso de fondos que pertenecen a los titulares y no a los miembros de una junta” sostuvo Hernández.
Hernández también señaló que la Fiscalía de Ponce y la Policía de Puerto Rico, que tienen ante su consideración varías querellas contra miembros de esas Juntas y los administradores, deben darle paso a esas denuncias para que en las próximas semanas se radiquen acusaciones.
