Foro de AGCPR analiza la modernización energética, participación de contratistas locales y el impacto de los PLA
SAN JUAN, Puerto Rico – Durante el foro de energía organizado por la Asociación de Contratistas Generales de Puerto Rico (AGCPR), líderes del sector analizaron los avances en la modernización del sistema eléctrico de la isla, los desafíos en la contratación de empresas locales y los obstáculos regulatorios que han afectado la reconstrucción.
El evento, celebrado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, contó con la participación de la Ing. Mary Carmen Zapata, directora ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE); el Ing. Josué Colón, zar de energía de Puerto Rico; Juan Saca, presidente de LUMA Energy; y el Ing. José Torrens, presidente de AGCPR. La conversación fue moderada por Carlos Rodríguez, presidente del Comité de Energía de AGCPR, y la Ing. Lissette Villavicencio, presidenta del Comité de Mujeres de AGCPR.
El presidente de LUMA Energy, Juan Saca, destacó que la empresa está trabajando en estrecha colaboración con Genera PR y el Ing. Josué Colón para evitar contratiempos en la red eléctrica ante el aumento de demanda en verano.
“Estamos trabajando de cerca con Genera PR y con el ingeniero Colón para evitar contratiempos en verano”, aseguró Saca.
Debate sobre los Project Labor Agreements (PLA) y su impacto en contratistas locales
Uno de los temas más discutidos en el foro fue el impacto de los Project Labor Agreements (PLA) en la contratación de empresas locales. Estos acuerdos pueden requerir que los contratistas firmen convenios colectivos con sindicatos antes de iniciar ciertos proyectos con fondos públicos, lo que algunos representantes del sector han señalado como un obstáculo para la participación de empresas puertorriqueñas.
Recientemente, el Tribunal de Reclamaciones Federales de EE. UU. revocó el requisito de PLAs en proyectos federales de más de $35 millones. La decisión, resultado de una estrategia legal de la AGC, invalidó la orden ejecutiva del presidente Joe Biden que imponía estos acuerdos en la construcción federal.
En el foro, se presentó una diapositiva de LUMA Energy que distingue entre los trabajos que no requieren PLA y los que sí requieren PLA, aunque se están negociando excepciones.
No requieren PLA:
- Construcción de nuevas instalaciones (edificios, oficinas y almacenes).
- Reparación o renovación de instalaciones existentes.
- Manejo de la vegetación.
- Trabajos mecánicos en sistemas de HVAC.
- Plomería en instalaciones.
- Protección contra incendios.
Requieren PLA (aunque se está negociando para eliminar esta obligación):
- Trabajos de concreto o asfalto dentro de la verja de una subestación.
- Excavación y preparación del suelo para nuevas subestaciones.
- Instalación de tuberías pluviales o de alcantarillado dentro de las verjas.
- Trabajos en líneas eléctricas, sin importar su voltaje.
El IBEW LU 787 – LUMA Workers Union es el sindicato que representa a los trabajadores de LUMA Energy en Puerto Rico, y su participación en los PLA ha sido parte de la discusión sobre la contratación de empresas locales.
El moderador del foro, Carlos Rodríguez, presidente del Comité de Energía de AGCPR, destacó que muchos contratistas locales tienen la capacidad de ejecutar estos proyectos, pero se han mantenido al margen debido a las restricciones de los PLA.
“Hay muchos contratistas locales que se especializan en estos proyectos, pero no se involucran por el tema PLA. Queremos quitar estos obstáculos del medio para que todos tengamos una posición favorable”, expresó Rodríguez.
Por su parte, Saca reconoció que las áreas más retantes en cuanto a PLA han sido los trabajos en subestaciones y líneas eléctricas, pero invitó a los contratistas a participar en las licitaciones.
“Los invito a que participen en las licitaciones y trabajen con LUMA. Atrévanse, no todo lo que tiene que ver con el PLA los previene de trabajar con LUMA. Un contratista tiene un contrato de más de $100 millones”, afirmó.
Liderazgo femenino y proyectos prioritarios en la AEE
La Ing. Mary Carmen Zapata, primera mujer en dirigir la AEE en más de 80 años, habló sobre los retos que enfrenta en su cargo y la importancia de la representación femenina en la industria.
“Entiendo que muchas personas estarán mirando a ver si estoy a la altura de mis predecesores”, comentó.
En cuanto a proyectos prioritarios, Zapata informó que la AEE administra 20 de los 37 embalses de agua en Puerto Rico, además de operar 18 unidades hidroeléctricas con una capacidad total de 100 megavatios (MV). Actualmente, la mitad de estas unidades están operativas, generando 18 MV diarios. También mencionó que la AEE gestiona los sistemas de riego en Isabela, el Valle de Lajas y Costa Sur, vendiendo agua a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), agricultores e industrias privadas como la planta de carbón AES.
Zapata destacó la inversión de $2,800 millones en fondos federales en 25 proyectos clave, incluyendo:
- Dragado de 11 embalses para aumentar la capacidad de almacenamiento.
- Reconstrucción de represas afectadas por los huracanes Irma y María, con prioridad en Patillas y Guajataca.
- Proyecto conjunto con la AAA para modernizar los sistemas de seguridad y alarmas en los 37 embalses.
Obstáculos regulatorios y el impacto del Título III en el desarrollo de proyectos
El Ing. Josué Colón reiteró la necesidad de completar el proceso de reestructuración de la AEE bajo el Título III de la Ley PROMESA, en el cual la corporación ha estado inmersa desde 2017.
“Queremos finalizar este proceso para continuar con mejoras y reconstrucción del sistema y que haya más certeza en el mercado financiero con los contratos de energía renovable y tradicional. Hace tiempo venimos escuchando esto, pero ya estamos en la parte final del proceso. Nuestra meta y encomienda de la gobernadora y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) es esa”, enfatizó.
Sobre la ejecución de proyectos con fondos federales, Colón destacó que uno de los mayores desafíos ha sido la permisología y los requisitos ambientales impuestos por agencias como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y FEMA.
“A veces, en abstracto, no se entiende, pero para acceder a los fondos hay que cumplir con la permisología, incluyendo los requisitos ambientales, y ese es el nudo en la mayoría de los proyectos. Más del 85% de los trabajos en curso se están realizando en áreas ya impactadas ambientalmente, pero nos están exigiendo evaluaciones como si fueran terrenos vírgenes (Greenfield) y no áreas previamente desarrolladas (Brownfield). Creemos que no se debe requerir todo el proceso ambiental en estos casos. No solo cuesta millones, sino que retrasa innecesariamente el proceso”, explicó Colón.
El gobierno local espera reunirse con el recién nombrado director de la Región 2 de la EPA y con Carmen Guerrero, directora de la oficina de la EPA en Puerto Rico, para negociar una flexibilización en los requisitos ambientales que permita agilizar los proyectos.
El foro concluyó con un llamado a la acción por parte de los panelistas, destacando la importancia de la colaboración entre el sector público, privado y las agencias federales para garantizar que los proyectos de reconstrucción y modernización del sistema eléctrico avancen sin obstáculos innecesarios.
Desde la participación de contratistas locales en licitaciones hasta la flexibilización de regulaciones ambientales y laborales, los líderes del sector enfatizaron la necesidad de reducir trabas burocráticas y fomentar un sistema energético más moderno, resiliente y eficiente para Puerto Rico.
Comentarios 1