Por Miguel Díaz Román
25 de enero de 2022
La mayoría del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes se dispone a aprobar una medida que establecería por ley que la selección de los corredores de los seguros del gobierno se realice por medio del procedimiento de subasta, con el fin de eliminar la afiliación política, la relación amistosa, comercial o familiar como criterios para avalar la contratación de los corredores y así evitar “posibles actos de corrupción en el proceso”.
La medida fue radicada por el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela.
La medida, que en este momento carece de número de identificación y no tiene designada la comisión que la examinará en vistas públicas, enmienda el Código de Seguros para requerir el procedimiento de subasta en los seguros de propiedad y contingencia, que abarca a todos los edificios, infraestructuras y propiedades públicas del gobierno central, las corporaciones públicas, la Legislatura y los municipios.
El requisito de subasta también aplicaría a los seguros de salud para los empleados públicos del gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas, así como a la Junta del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
En suma, el requisito de subasta será obligatorio para la tramitación de más de $500 millones en primas de seguros anuales que son pagadas en su totalidad con fondos públicos o que existe una aportación sustancial del gobierno.
De hecho, en la oficina de Seguros Públicos, que está adscrita al Departamento de Hacienda, se efectúa la contratación de la mayoría de los seguros del gobierno y de los corredores que velarán por las mejores primas, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las pólizas y son, además, quienes tramitarán las reclamaciones.
No obstante, en la redacción actual del Código de Seguros se establece que la contratación de las pólizas de seguro se realizará a través del proceso de subasta, pero dispone que dicho mecanismo podrá obviarse “en aquellos casos en que se determine que el método de subasta no es el más apropiado para la mejor protección del interés público”.
Aunque el Reglamento sobre Contratación y Reclamación de las Fianzas y Seguros del Estado Libre Asociado, avala el procedimiento de subasta, también indica que el secretario de Hacienda podrá utilizar ese procedimiento de selección cuando entienda que es conveniente.
Además, el reglamento le permite al secretario obtener cualquier fianza o seguro utilizando el método de contratación directa de corredores de seguros.
Surge corrupción por no usar subasta
Sobre el efecto adverso que ha causado ese lenguaje, la exposición de motivos de la medida indica que, “la aplicación de este lenguaje ha resultado en que, en la mayoría si no en todos los casos, no se lleven a cabo procesos de subasta para obtener estas pólizas de seguro. El no requerir procesos de subasta pública en la adquisición de estos seguros públicos ha abierto la puerta a que las decisiones sobre quienes proveen los seguros y obtienen las comisiones sustanciales que resultan de estos procesos dependen de temas tales como la afiliación política o la relación amistosa, comercial o familiar de los proveedores con los contratantes. Ello expone al pueblo de Puerto Rico a posibles actos de corrupción en el proceso, y a que no se adquieran los productos mejores o más convenientes”.
Para asegurar que la contratación de seguros públicos y de los corredores se lleven a cabo exclusivamente mediante el procedimiento de subasta, la medida propone una enmienda al artículo 1220 del Código de Seguros, la cual dispone que “en la contratación de los seguros arriba expresados , el secretario de Hacienda, los presidentes de las Ramas Legislativas, las dependencias de éstas, las corporaciones y autoridades públicas, y los municipios, según sea el caso, utilizarán exclusivamente el método de subasta pública”.
En entrevista con Seguros, el vicepresidente de la Cámara indicó que decidió presentar el proyecto “por todo lo que estaba pasando con las contrataciones municipales y por todo lo he escuchado por más de 28 años en la Legislatura sobre lo que pasa con los seguros del gobierno”.
“Con todo lo que está pasando en este país yo creo que debe haber otra alternativa en la contratación de seguros. Que se contrate al mejor postor en una subasta, porque ese bizcocho se ha repartido entre unos pocos por mucho tiempo”, dijo Varela, al reconocer que un puñado de corredores de seguros, vinculados a familias de conocida influencia política, se han beneficiado económicamente al obtener, año tras año, el control de tramitar las pólizas de seguros del gobierno.
En un reciente comunicado de prensa Varela respaldó el proceso de subasta porque, según señala el documento, “la subasta pública es el mejor método para lograr que el proceso de adquisición de seguros sea uno pulcro, que dependa exclusivamente del valor del producto y no de las relaciones o la inclinación política del productor”.
Varela no descarta investigar Seguros Públicos
De hecho, Varela no descartó radicar una resolución para investigar las irregularidades en la concesión de contratos a los corredores de seguros del gobierno en la oficina de Seguros Públicos.
“No quiero mezclar una cosa con otra, si alguien trae este asunto (las irregularidades en Seguros Públicos) pues yo podría radicar una resolución para investigar”, dijo Varela.
La conocida corredora de seguros, Edna Vázquez Bonnet, denunció el pasado año que fue separada del programa de seguros del gobierno por descubrir que el Túnel Minillas, los Túneles de Maunabo, así como cientos de puentes y miles de millas de carreteras y de autopistas en todo Puerto Rico carecen de una cubierta de seguros de propiedad, que ofrecen protección contra los daños catastróficos que pueda causar un terremoto o un huracán.
La escandalosa revelación surge como parte de una carta enviada el pasado lunes 8 de noviembre al secretario de Hacienda, Francisco Parés, por Vázquez Bonnet, quien es la presidenta de Bonnet Insurance Brokerage Corporation.
La carta fue enviada a Parés luego de que la corredora de seguros recibiera una notificación de la división de Seguros Públicos, en la que se le informó que su propuesta para continuar administrando la cubierta de seguros de la Autoridad de Carreteras (AC) no fue aceptada.
La corredora de seguros sostuvo en la carta que su descubrimiento sobre la falta de seguros en puentes, túneles y carreteras, “despertó el apetito de nuestros competidores, quienes advirtieron la existencia de una nueva fuente de jugosas primas”.
Corredora denuncia esquema de cabilderos en Seguros Públicos
Vázquez Bonnet indicó en la carta que el 17 de febrero de 2020 visitó Parés en su oficina y le entregó una gráfica que describe cómo opera un presunto “esquema de cabilderos en Seguros Públicos que buscan beneficiar a una pequeña piña de corredores y agentes generales”. También menciona que entre esos cabilderos figuran la contratista Katherine Erazo y el licenciado Juan Maldonado de Jesús.
Erazo firmó un acuerdo de cooperación con la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) en el caso contra la ex presidenta del Negociado de Telecomunicaciones, Sandra Torres. La prensa ha reseñado que el acuerdo de cooperación impidió que la señora Erazo fuera incluida entre los acusados.
Maldonado de Jesús fue acusado por el PFEI en relación al intento fallido de vender al gobierno un cargamento de pruebas de detección de COVID-19 por $19 millones.
De las expresiones de Vázquez Bonnet en la carta no se desprende si a Parés le interesó investigar las denuncias.
En la carta Vázquez Bonnet mencionó que recibió “presión indebida” de parte de Erazo y de Maldonado de Jesús. Sobre este último, la corredora indicó en la carta, que en 2017 Maldonado de Jesús, quien era asesor legal del secretario de Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos Contreras, la presionó para que contratara a Seguros N Colón como agente general para la póliza del Tren Urbano.
En una breve reacción enviada a Revista Seguros, el director de Seguros Públicos, Carlos Allende, sostuvo que no comentará sobre las imputaciones sobre el presunto esquema de cabilderos que la corredora reveló al secretario Parés en una gráfica.
Vázquez Bonnet ha denunciado que ella y otros conocidos y experimentados corredores han sido rechazados por Seguros Públicos sin una razón justificada y advirtió la posibilidad de que la división de Hacienda haya incurrido en un presunto discrimen por edad.
