San Juan (EFE) – El gobernador, Pedro Pierluisi, convirtió este jueves en ley el Proyecto del Senado 612, con el objetivo de uniformar y agilizar el proceso de disposición de vehículos de motor en buenas condiciones, inservibles y abandonados en las vías públicas, áreas anexas privadas y estacionamientos.
También establece el proceso que deberán seguir los titulares identificados de la propiedad ante el municipio y la Policía de Puerto Rico, dependiendo del ente que haya removido el vehículo y el Tribunal de Primera Instancia.
Esta ley, que entrará en vigor en 60 días, forma parte de seis nuevas leyes firmadas por el mandatario.
Según dispone la nueva ley, se presumirá que un vehículo en buenas condiciones o inservible, ha sido abandonado si ha estado desatendido en una vía pública o en cualquier área anexa, pública o privada, por un período mayor de 24 horas.
Por lo tanto, y luego de que el Negociado la Policía estatal o la Policía municipal, le notifiquen al dueño del vehículo que debe remover el mismo en un plazo de 24 horas, y de este no hacerlo, las autoridades estatales y municipales quedan autorizadas a hacer lo propio y remolcarlo.
En los casos en los que no se pudo identificar al dueño del vehículo, permanecerá por un periodo de 15 días en la propiedad a la cual fue remolcado y luego la Policía estatal o municipal dispondrá de este según establezca el reglamento de la Policía o la ordenanza municipal aplicable.
Por otra parte, el gobernador autorizó que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) cree el Plan Estratégico para la Revitalización y Desarrollo del Casco Urbano en Río Piedras.
Como parte del Plan Estratégico, el Comité que se creará a esos fines, y que incluirá al municipio de San Juan- al Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedras-a la Junta Comunitaria de Río Piedras, entre otras entidades privadas y gubernamentales, tendrá entre sus funciones el evaluar los resultados del Plan de Desarrollo Integral de 1995.
También, y a base de los estudios realizados por entidades públicas y privadas con sede en el casco urbano, deberán determinar el mejor uso y destino que deba otorgarse a la propiedad inmueble de la zona.
Otra medida que ya es ley, y que entra en vigor de manera inmediata, es el Proyecto del Senado 1250 que autoriza la concesión o renovación, por un periodo no mayor de 50 años, de las empresas que proveen servicios de acueductos y alcantarillados mediante un sistema privado, expedidas inicialmente por la Comisión de Servicio Público.
Por último, el gobernador dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 66, al Proyecto del Senado 467 y a la Resolución Conjunta del Senado 340.