San Juan (EFE) – El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, anunció este domingo que firmó en ley el Proyecto del Senado 722 que pone a la isla caribeña en estándares internacionales de la industria de seguros.
La medida enmienda el Código de Seguros que adopta en la isla los estándares de regulación aplicables a las operaciones de reaseguro en jurisdicciones participantes del Acuerdo Internacional sobre medidas de regulación de seguros y reaseguros internacionales bajo el Federal Insurance Office.
De esta forma, Puerto Rico se une a las jurisdicciones de Estados Unidos que deben adoptar en o antes del 1 de septiembre de 2022 las medidas prudenciales reconocidas por EE.UU., la Unión Europea y el Reino Unido para que sus leyes no queden desplazadas en cuanto sea incompatible con la ley federal del Dood-Frank Act.
Esta medida forma parte de un paquete de cinco piezas legislativas que el gobernador firmó cuya gran mayoría están relacionadas al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), incluyendo el sistema de AutoExpreso y la Autoridad de Transporte Integrado.
La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), entidad que favoreció el proyecto, explicó que el reaseguro es una garantía adicional para que las compañías puedan cumplir con el pago de reclamaciones a los asegurados.
A su vez, la OCS indicó que con esta nueva ley los asegurados pueden contar con un mayor acceso a estos productos mientras que las compañías pueden tener el respaldo necesario para poder afrontar las reclamaciones de sus asegurados, en particular por pérdidas relacionadas con catástrofes.
En torno a las medidas vinculadas al DTOP, Pierluisi firmó el Proyecto de la Cámara 428 que enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para que se faculte a los concesionarios de estaciones de inspección de vehículos de motor, a vender y recargar los sellos electrónicos y recibir el pago de multas de AutoExpreso.
Sin embargo, la nueva ley deja expresamente claro que nada de lo dispuesto podrá interpretarse como un cargo adicional al consumidor y ordena a la secretaria del DTOP, Eileen Vélez, a promulgar toda la reglamentación necesaria en un periodo máximo de 90 días.
Otra medida firmada sobre AutoExpreso es el Proyecto de la Cámara 653 que exime a vehículos oficiales de emergencia del Gobierno central, federal, de las fuerzas armadas y de los tribunales debidamente identificados, del pago de derechos en las estaciones de peaje y AutoExpreso en caso de fenómenos de la naturaleza.
