Por Miguel Díaz Román
La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió ayer una carta normativa que exige a las aseguradoras acelerar el pago de reclamaciones causadas por el huracán Fiona aun cuando existan controversias, y para que se emitan adelantos a los comercios en reclamaciones relacionadas con la cubierta que ofrece protección por interrupción de negocios.
La carta normativa responde a las denuncias del comercio y en especial de las agencias del gobierno y de los municipios sobre el atraso en el pago de reclamaciones de parte de las aseguradoras relacionadas con los daños causados por el huracán María, que ocurrió en 2017. Seis años después del fenómeno aún permanecen sin pagar 1,800 reclamaciones, de las cuales 1,400 se encuentran atascadas en procesos judiciales.
Aunque el Código de Seguros exige a las aseguradoras emitir el pago de una reclamación en 90 días, la carta normativa establece que el pago se realizará “en un periodo más corto dentro de los 90 días después de haberse sometido al asegurador la reclamación”.
Además, la carta normativa obliga a las aseguradoras a mantener un número adecuado de ajustadores independientes, incluyendo los ajustadores de emergencia necesarios, para atender el volumen de reclamaciones tras el paso del huracán Fiona.
“Nuestra oficina estará evaluando caso a caso el expediente de la reclamación y las gestiones del asegurador y los informes del ajustador que se requieren para determinar si existe la justa causa o no para excederse del término dispuesto en ley”, sostiene el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, en la carta normativa.
La normativa será extensiva a reclamaciones de agencias del gobierno central, instrumentalidades y corporaciones públicas, municipios, rama legislativa, rama judicial, hospitales, hogares de cuidado prolongado de envejecientes y facilidades que proveen servicios de salud, identificados como sectores de primera necesidad.
Según la carta normativa las aseguradoras deberán emitir pagos en aquellas reclamaciones en las que no existan controversias “en cuanto a una o varias de las partidas o elementos dentro de la reclamación”. El pago se realizará aún si existiese una controversia “sobre una o más partidas o elementos bajo alguna de las cubiertas de la póliza objeto de la reclamación”.
En el caso de reclamaciones por interrupción de negocios, las aseguradoras deberán proveer a los asegurados un adelanto “dentro de los límites de la póliza y según estimado dentro de la investigación preliminar de la reclamación que realice el asegurador”.
Pago parciales
La nueva normativa dispone que el asegurador identificará de manera clara que el pago corresponde a un “pago parcial” o en adelanto de la reclamación” e incluirá con el pago un informe que identifique la cubierta para lo cual se hace el pago y un desglose de la cuantía correspondiente a cada una de las partidas comprendidos en el pago, incluyendo la cantidad aplicable por concepto de deducible o coaseguro estipulado en la póliza.
También advierte que incumplir estas exigencias “se considerará una práctica desleal en el ajuste de reclamación, sujeto a penalidades”.
El documento explica que las nuevas normas para acelerar el pago de reclamaciones pretenden “priorizar el manejo de las reclamaciones de sectores de primera necesidad, y obtener una mejor respuesta de la industria de seguros con respecto a la experiencia habida con el huracán María”.
“La reparación de instalaciones de dependencias del gobierno central, municipios y facilidades de servicios de salud dañadas, sin duda, resulta esencial para habilitar las operaciones y estar en condiciones de responder adecuadamente a la población posterior a una catástrofe natural”, expresó Adams Vega.
En el caso de los municipios, la exigencia para que se acelere el pago de reclamaciones también pretende evitar que se retrasen los pagos de asistencia provenientes de fondos federales. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) asigna fondos a los municipios considerando la cantidad máxima de dinero que podrían recibir de sus aseguradoras, según el costo estimado de reconstrucción. No obstante, los municipios no pueden utilizar los fondos asignados por FEMA hasta que las aseguradoras determinen la cantidad que pagarán, lo que atrasa los trabajos de reconstrucción.
Atrasos por intervención de tribunales
Incluso, los atrasos también obedecen a que muchas de las reclamaciones de los municipios se encuentran en los tribunales, luego de que no lograron un acuerdo con sus aseguradoras. Entre estos municipios figuran Coamo, Manatí, Sabana Grande, Barceloneta, Canóvanas y Aguadilla.
Otro problema que genera el atraso en el pago de reclamaciones es el peligro de que se cumpla la fecha de vencimiento de los fondos obligados de FEMA, sin que se hayan realizado las reparaciones. Los alcaldes y legisladores han solicitado una extensión de la fecha de vencimiento para garantizar el uso de los fondos y con el objetivo de revisar las cotizaciones de los proyectos de infraestructura. La revisión busca que las cotizaciones registren los aumentos frecuentes en los precios.
El portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático en el Senado, el senador Javier Aponte Dalmau, solicitó la extensión de la fecha de vencimiento de los fondos obligados por FEMA. “Son irreales (las cotizaciones) porque no tomaron en consideración, ni la inflación, ni el aumento en costos de materiales, ni la empleomanía”, dijo el senador, quien ha exigido al Comisionado de Seguros, que tome acciones contundentes para que resuelvan las reclamaciones de los municipios.
El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, quien mantiene una disputa con Triple S en los tribunales, ha denunciado que antes de que comience el juicio la aseguradora cambia los abogados lo que ha provocado retrasos en la solución de sus reclamos.
Pero José del Amo, presidente de Triple-S Propiedad, replicó que el municipio de Coamo reclama una compensación por una serie de propiedades que fueron eliminadas de la cubierta por el propio municipio al momento de comprar la póliza. “Al eliminarlas, el municipio no pagó prima por ellas y, por ende, no están aseguradas. Ahora el municipio pretende cobrar por estas propiedades que no tienen cobertura”, dijo Del Amo.
Ajustadores públicos en la mirilla
Por su parte, algunas aseguradoras alegan que la intervención de los ajustadores públicos ha resultado en el alza injustificada y fraudulenta de las reclamaciones.
Actualmente las autoridades federales y locales realizan sendas pesquisas por presuntos actos de fraude cometidos por ajustadores públicos en reclamaciones tras el paso del huracán María.
La agente Lorena Vázquez, quien pertenece a la división de delitos de cuello blanco del Negociado de Investigaciones Federales (FBI), reveló que la investigación responde a un referido realizado por la OCS.
De acuerdo con una fuente de la industria de seguros, los presidentes de algunas aseguradoras del país se han reunido con agentes del FBI y han reclamado que se procese a determinados ajustadores públicos, funcionarios y alcaldes con Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas (RICO, por sus siglas en inglés). Alegadamente, existe un concurso de intereses económicos y políticos partidistas, quienes podrían beneficiarse del pago que realicen las aseguradoras de reclamaciones infladas de manera fraudulenta.
Es conocido que tras el huracán María las cubiertas comerciales que ofrecen protección por interrupción de negocios y las pólizas Full Value para condominios generaron numerosas controversias relacionadas por el monto económico de las reclamaciones, que han enfrentado a aseguradoras y asegurados.
Incluso, Jaime González, presidente de Antilles Insurance Company, responsabilizó a la póliza “Full Value” y a los ajustadores públicos por el atraso en los pagos a condominios de reclamaciones causadas por el huracán María.
