Por Miguel Díaz Román
Especial para Revista Seguros
El licenciado Andrés Guillemard enfrenta una moción de desacato ante el Tribunal Federal de San Juan por negarse a entrar documentos y comparecer a deponer sobre los negocios en Puerto Rico del ajustador público Scott M. Favre Public Adjuster (SFPA) y por los que, alegadamente, el abogado recibió $5 millones por conseguir que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se convirtiera en cliente de la empresa.
Guillemard es el esposo de Caridad Pierluisi, hermana del gobernador, Pedro Pierluisi, y quien ocupa la posición de directora de la Oficina del Gobernador.
Ayer, en una reacción solicitada por este medio, Guillemard negó que se le hubiera ordenado comparecer a una vista o a una deposición. “Se trata de un pleito civil en el estado de Mississippi, del cual no soy parte ni hay alegaciones en mi contra. No he sido ordenado a comparecer a ninguna vista o deposición y se trata de una disputa de descubrimiento de prueba entre las partes. De ser necesario, acudiré a cualquier procedimiento judicial de dicho pleito civil del cual no soy demandante o demandado. Muchas gracias por siempre preocuparse por mí”, sostuvo el abogado en un breve mensaje de texto.
La moción de desacato, que está en espera de ser atendida por la juez federal Aida Delgado, fue radicada el 20 de junio por los abogados David Baria y Christopher Van Cleave, quienes son los representantes legales de Rolando Rodríguez y su empresa The Bridge Consulting Firm LLC (BCF), que ofrece servicios y productos educativos a las escuelas públicas y colegios en el estado de Florida y en otras jurisdicciones de Estados Unidos.
BCF acusa a SFPA de incumplimiento de contrato y le reclaman el pago de más de $8 millones en comisiones. Los reclamos de Rodríguez y BCF se están ventilando en el Tribunal Federal de Mississippi, donde están ubicadas las oficinas principales de SFPA.
BDF fue contratada por SFPA para que le refieran al ajustador público escuelas de Florida afectadas por el huracán Irma, que entró en el estado el 10 de septiembre de 2017. El acuerdo comprendía que BCF recibiría 2.5% de cada comisión de 10% que recibiera SFPA por representar a las escuelas en sus reclamos por pérdidas ante sus aseguradoras.
Posteriormente, tras el paso del huracán María en Puerto Rico el 19 de septiembre, SFPA solicitó los servicios de BCF para que se trasladara a la isla y refiera al ajustador público clientes que sufrieron pérdidas a causa del fenómeno meteorológico.
BCF sostiene que SFPA acordó pagarle el 10 % de las comisiones que recibiera por ofrecer sus servicios de ajustar reclamaciones en Puerto Rico. Alegadamente, Rodríguez tenía contactos en la isla y, además, dominaba el español, lo cual sería beneficioso para cumplir el objetivo de conseguir clientes a SFPA.
BCF sostiene que SFPA obtuvo ingresos por más de $80 millones a través de sus contratos para ajustar reclamaciones y representar a sus clientes ante sus aseguradoras por las pérdidas causadas por el huracán María. Entre los clientes de SFPA figuran corporaciones públicas, agencias, municipios y empresas privadas.
Dos de los principales clientes del ajustador público en el gobierno local son la Autoridad de Puertos (AP) y la AAA. De acuerdo con la demanda radicada por BCF en Mississippi, la AP pagó a SFPA en 2019 $30 millones y entre 2018 y 2019, la AAA le pagó $21 millones, lo que totalizan $51 millones. Alegadamente, dichos desembolsos debieron generar una comisión de $5.1 para BCF, que SFPA no pagó.
La empresa de corretaje de seguros Lone Star Insurance Producer, que administra la cuenta propiedad de la AAA por más de ocho años y por la que recibe una comisión de más de $1 millón anualmente, pertenece al padre de Andrés Guillemard, Andrés Guillermard Ginorio.
Moción radicada en Mississippi
Precisamente, en mayo 16 de 2022 el licenciado Baria radicó en Mississippi una moción para que Guillemard presentara toda clase de documentos y correos electrónicos relacionados con SFPA. Los documentos se debieron entregar el pasado 3 de junio, en las oficinas del bufete DMRA LLC, ubicado en el Centro Internacional de Mercadeo en Guaynabo, y en el que participa como abogada postulante la ex fiscal federal María Domínguez Victoriano.
En la citación se solicitan documentos, mensajes de texto, cartas o correos electrónicos relativos a la potencial contratación de SFPA por la AAA, que Guillemard haya intercambiado con 25 personas, cuyos nombres aparecen en el documento. Entre estos figuran el gobernador Pedro Pierluisi; la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales; el ya fallecido ex director de finanzas de la AAA, Efraín Acosta, y la ex senadora y ex secretaria de la gobernación, Zoe Laboy.
La citación también exige la entrega de documentos, mensajes de texto, cartas o correos electrónicos intercambiados por Guillemard con las 25 personas entre 1 de agosto de 2017 y 1 de octubre de 2019.
Guillemard no compareció a la citación. En respuesta al incumplimiento, los abogados de BCF presentaron el pasado 20 de junio una moción de desacato contra Guillemard ante el Tribunal Federal de San Juan por negarse a entregar documentos y comparecer a deponer sobre los negocios SFPA. En esa moción se indica que la representante legal de Guillemard, la licenciada Monique Guillemard, argumentó que los documentos y la información sobre SFPA en posesión de Guillemard están protegidos por el llamado “privilegio abogado y cliente”, que impide a los abogados divulgar los secretos de sus clientes.
Aseguradoras atentas a los detalles
Pero los abogados de los demandantes sostuvieron que Guillemard recibió pagos de parte SFBA por referir clientes para el ajuste de reclamaciones y no por servicios legales que merezcan la protección de privilegio abogado y cliente.
De hecho, los abogados de varias aseguradoras locales que mantienen demandas judiciales por fraude contra SFPA, están muy atentos al caso de BCF contra SFPA y en especial, la información que provea Guillemard.
Varios de los señalamientos de fraude de las aseguradoras contra SFPA involucran reclamaciones causadas por el huracán María en agencias del gobierno y en corporaciones públicas que, alegadamente, fueron infladas. Una fuente indicó que existe interés en conocer quién designó a Guillemard como el encargado de las cuentas del gobierno de SFPA, quién le dio acceso a las agencias y municipios y cómo logró que esas entidades contrataran a SFPA.
Otra área de interés es conocer en qué consistió el acuerdo entre SFPA y Guillemard y los acuerdos del ajustador público con las agencias y municipios. Un aspecto importante es conocer los elementos que permitieron que Scott Favre le pagara $5 Millones a Guillemard y al licenciado Jan Maduro por la reclamación de la AAA.
Las demandas judiciales contra SFPA de parte de las aseguradoras ocurren en el contexto de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió multas por fraude contra la citada empresa de ajustadores públicos en 2019. Pero hasta el momento la OCS no ha celebrado una vista a fondo después de imponer las multas y tampoco se han tomado acciones enérgicas a pesar de las serias imputaciones señaladas por el regulador contra SFPA.
El pasado 23 de septiembre el licenciado Christopher Van Cleave presentó en el tribunal de Mississippi una declaración jurada en oposición a una moción presentada por los abogados de SFPA, dirigida a que se desestime una parte de los reclamos de Rodríguez y BCF. En la declaración jurada Van Cleave relata que el pasado 2 de mayo sostuvo una reunión con Scott Favre en las oficinas de SFPA en el sector de Kiln, ubicado en el condado de Hancock en Mississippi.
En la declaración jurada Van Cleave también relata que estuvo en las oficinas de SFPA en Puerto Rico durante los días 9,10 y 11 de mayo, en los que examinó numerosos documentos que se encontraban en unas cajas y en archivos. Entre estos encontró un expediente que contenía un resumen del acuerdo entre Rodríguez y SFPA, el cual confirmó que la comisión acordada fue de 10 % de los ingresos que genere el ajustador público en la isla.
El documento señala que en la conversación con Van Cleave, Scott Favre identificó a Guillemard y al licenciado Jan Maduro como las personas a las que pagó $5 millones por su ayuda para garantizar que la AAA contratara a SFPA como su ajustador público. De hecho, Van Cleave identifica a la AAA como “el más grande cliente de SFPA en Puerto Rico”.
«¿Por qué le pagaría a Rolando cuando ya le pagué a Andy y a Jan $5,000,000?», sostuvo Scott Favre en la conversación con Van Cleave, según indica la declaración jurada. También señala que a pesar de la importancia de las gestiones que realizó el licenciado Maduro, su nombre no figura en los documentos ofrecidos por SFPA a Van Cleave.
La declaración jurada señala que tanto Guillemard como Maduro fueron citados para entregar documentos el 3 de junio en las oficinas del bufete DMRA LLC en Guaynabo y que ambos abogados incumplieron con la citación.
Nuevas citaciones para deponer
Además, indica que el magistrado federal de Mississippi, Rober Walker, aprobó que los demandantes emitieran nuevas citaciones a Guillemard y Maduro para deponer en Puerto Rico sobre sus relaciones con SFPA, las cuales fueron diligenciadas el 2 de junio.
Maduro fue citado para deponer el 15 de junio y Guillemard el 16 de junio. Alegadamente, Maduro solicitó deponer el 21 de junio y Guillemard se negó a cumplir con la citación por lo que “está en desacato a la misma”, sostuvo Van Cleave en el documento.
Maduro compareció a la deposición, pero el abogado de SFPA, que no fue identificado en la declaración jurada, impidió que el deponente respondiera a las preguntas. Luego, Maduro se comprometió a entregar documentos, pero tampoco cumplió ese compromiso.
Maduro fue director ejecutivo adjunto de la Administración de Asuntos de Energía en el 2009 y aparece como incorporador de las empresas de consultoría Gvelop y Overwatch Consulting y además, fue presidente del Comité Educativo del Museo de Arte de Puerto Rico.
La declaración jurada revela que Guillemard aceptó comparecer el pasado 30 de agosto para ofrecer una deposición. Dicha comparecencia no se efectuó debido a que su abogada propuso que Guillemard ofreciera información de manera voluntaria a los demandantes. No obstante, el ofrecimiento de información voluntaria de parte de Guillemard no se ha realizado aún debido a los contratiempos causados por la enfermedad de un familiar y por el paso del huracán Fiona.