El caso del agricultor peruano contra RWE marca un hito en la litigancia climática, que gana fuerza como herramienta de presión frente a la inacción de gobiernos y empresas
Por Paula Fernández
Redacción Medioambiente (EFE) – Un agricultor peruano ha sentado en el banquillo esta semana a la energética alemana RWE. Es sólo uno de los casos en curso que anticipan un año de grandes decisiones para la litigancia climática, una pieza del puzzle de la acción por el clima que gana cada vez más fuerza.
Saúl Luciano Lliuya demandó en 2015 a la multinacional alemana al alegar que sus emisiones habían acelerado el deshielo de los glaciares andinos y ponía en peligro de inundación a la localidad donde reside, Huarez.
La vista del caso se celebró esta semana en el Tribunal Regional Superior de Hamm (oeste de Alemania), que deberá evaluar si una empresa puede ser considerada responsable por los daños climáticos que causa al planeta y tiene su próxima sesión agendada para el 14 de abril, cuando podría dictar sentencia.
Se trata de un caso «increíblemente significativo» por la «frontera que rompe», asegura a EFE la directora del programa de Clima y Energía del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, en inglés), Nikki Reisch.
«Es una prueba de fuego para la capacidad de exigir responsabilidades a las empresas de combustibles fósiles por los impactos de su conducta destructiva del clima y para asegurar que las comunidades que soportan la peor parte de los riesgos e impactos climáticos puedan acceder a reparación y justicia», señala.
El del peruano Lliuya es sólo un ejemplo más de la fuerza que está ganando la litigancia climática en todo el mundo, cada vez más utilizada contra empresas y Estados para pedir acción y rendición de cuentas por el clima.
Desde 1986 se han registrado unos 3.100 casos de litigancia climática, alrededor del 60% en Estados Unidos, según la base de datos del Centro Sabin de Derecho del Cambio Climático de la Universidad de Columbia.
Más del 80% se han interpuesto desde 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París.
¿Por qué este boom de la litigancia climática? «Muchas más personas se ven perjudicadas por el cambio climático. Y ante la inacción de gobiernos y empresas, están haciendo lo que siempre han hecho quienes sufren los daños: recurrir a los tribunales para buscar justicia y rendición de cuentas», explica Reisch.
Los expertos consideran que tiene margen para seguir creciendo: «Indudablemente, habrá un repunte» en 2025, afirma a EFE el director de Programas e Impacto de ClientEarth, Adam Weiss, que aventura que nos acercamos a un momento en el que «los propios directores de empresas tendrán que asumir personalmente la responsabilidad por tomar malas decisiones».
Y añade que «a medida que se van conociendo más sentencias, hay más terreno sobre el que construir».
Cada vez hay más jurisprudencia climática. El año pasado, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) pronunció un fallo histórico al condenar a Suiza por inacción climática y dar la razón a un grupo de mujeres mayores.
Pese a que sólo afecta a Suiza, la sentencia «envía una señal» a todos los países de Europa, defiende Reisch desde el CIEL, que anticipa para este año otras decisiones clave para la litigancia climática.
Este 2025, tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen previsto emitir una opinión consultiva sobre las obligaciones legales de los estados hacia el cambio climático.
A pesar de que estas decisiones no son vinculantes, pueden sentar las bases legales de cara a futuros casos.
«La orientación jurídica de expertos de talla mundial es una autoridad. Es aquí donde los jueces a nivel nacional se fijarán al enfrentarse a nuevos casos sobre obligaciones climáticas, y esta lógica se reflejará en sus sentencias nacionales, que son vinculantes», defiende Weiss.
Otros expertos son más prudentes. «No creo que vaya a ser como un antes y un después», indica a EFE la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medioambiente (IIDMA), Ana Barreira, que apunta que ya se han emitido otras opiniones consultivas anteriormente que no han tenido un gran impacto al no ser vinculantes.
Barreira considera que es necesario invertir en una formación específica sobre cuestiones climáticas y medioambientales en la judicatura, para que esté mejor preparada para juzgar este tipo de casos, y cita buenos ejemplos de ello repartidos por todo el mundo.
En países como Chile o India hay tribunales especializados, y Argentina aprobó en 2020 una ley que obligaba a todos los funcionarios públicos a recibir formación medioambiental.
La norma, sin embargo, ha quedado estancada con la Presidencia de Javier Milei.
La llegada al poder de negacionistas climáticos, especialmente Donald Trump en Estados Unidos, también augura un aumento de los litigios para combatir los retrocesos legislativos en ese sentido, según los expertos consultados por EFE.
Pero los defensores de la acción por el clima no son los únicos que acuden a los tribunales, ya que los ecologistas y otros activistas denuncian que las corporaciones, los políticos y otros grupos de poder tratan de acallar sus protestas cada vez más con las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés).
Es lo que ha ocurrido con Greenpeace, que esta semana ha sido condenada a pagar más de 660 de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que degeneraron en actos de vandalismo.
