San Juan (EFE) – El Departamento de Justicia cerrará el año con sobre $340 millones en recobro, producto de múltiples pleitos legales incoados contra empresas de carácter multinacional en representación de los derechos de los puertorriqueños.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli indicó este jueves que, a través de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos, la agencia ha enfocado sus esfuerzos en defensa de los ciudadanos radicando una serie de reclamaciones judiciales contra empresas que han incurrido en prácticas engañosas.
Además, Justicia mantiene varios pleitos activos contra empresas a las que le han exigido compensaciones económicas para subsanar los daños provocados por sus prácticas ilegales que afectan la salud y el acceso a medicamentos de la población, la situación económica de los estudiantes universitarios y la calidad del agua, ente otros.
El equipo de la Secretaría de Asuntos Monopolísticos representó al Gobierno de Puerto Rico en el pleito contra los fabricantes de insulina: Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc.
Este pleito fue por haber incurrido en prácticas comerciantes injustas y engañosas, que han elevado el precio de este medicamento ilegalmente durante la pasada década hasta 1.200 % de su costo original.
A su vez, la isla recibirá sobre $200 millones mediante el anuncio del histórico acuerdo por el cual Johnson & Johnson, así como los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, desembolsaron $26,000 millones a nivel nacional.
Estas empresas aceptaron transigir miles de demandas de los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos y Puerto Rico, cuyos residentes se vieron afectados por las farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opiodes.
De igual forma, se anunció una transacción legal, mediante la cual Puerto Rico recibió sobre $7 millones para contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos o vapeo entre menores de edad.
La isla se unió a 34 estados y territorios de EE.UU. en una investigación contra JUUL Labs Inc., principal fabricante de cigarrillos electrónicos, señalado por sus prácticas de mercadeo ilegales y engañosas para fomentar el vapeo entre jóvenes y niños.
Además, el Departamento de Justicia demandó por fraude y prácticas engañosas al principal proveedor de préstamos estudiantiles en EE.UU., la empresa Naviet Solutions, anteriormente conocida como Sallie Mae.
Al menos 20,000 estudiantes residentes de Puerto Rico obtuvieron servicios de Navient y se exigió que la organización cancelara unos $12 millones en deudas e intereses que fueron acumulados ilegalmente.
