El secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, aborda los retos y oportunidades de los incentivos fiscales, la fiscalización de decretos y el potencial de Puerto Rico en el sector fintech y cripto
Desde la aprobación de la Ley 60 en 2019, que consolidó diversos incentivos fiscales bajo un solo código, Puerto Rico ha recibido un promedio anual de 2,800 solicitudes de decretos, de las cuales aproximadamente 1,900 han sido aprobadas. No obstante, la implementación de estos beneficios y su impacto en la economía local han sido objeto de debate, especialmente en torno a la fiscalización y el acceso para los residentes de la isla.
Durante el evento “Puerto Rico: BUIDL Here”, una conferencia anual sobre criptomonedas organizada por la Puerto Rico Blockchain Trade Association en La Concha, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, abordó estos temas y destacó la importancia de garantizar la transparencia en la administración de los incentivos.
Transparencia y fiscalización de los decretos
Negrón Reichard enfatizó que el gobierno debe asegurarse de que los incentivos fiscales cumplan con su propósito y sean utilizados de manera correcta. Como parte de estos esfuerzos, mencionó que durante el pasado cuatrienio se revocaron más de 300 decretos, un número significativo que refleja la importancia de la fiscalización en este proceso.
“La transparencia le comunica a los residentes de Puerto Rico que sus dólares y centavos, que se invierten en incentivos, están siendo administrados con cuidado”, expresó Negrón.
Actualmente, el DDEC audita anualmente alrededor de 5,000 decretos, un proceso clave para garantizar que tanto empresas como individuos beneficiados cumplan con los requisitos establecidos. Sin embargo, el secretario reconoció que aún hay espacio para mejorar y que se está evaluando si los recursos destinados a la fiscalización son suficientes para la carga de trabajo que enfrenta el departamento.
Puerto Rico como hub de inversión cripto y fintech
Además de la fiscalización, Negrón Reichard abordó el potencial de Puerto Rico como un centro de inversión en criptomonedas y fintech, sectores que han atraído la atención de inversionistas internacionales. El secretario, quien trabajó previamente en una fintech en Ciudad de México, destacó que en la plataforma de la gobernadora ya existen iniciativas enfocadas en el desarrollo de tecnología blockchain y la expansión del ecosistema fintech en la isla.
Uno de los puntos clave, según Negrón, es evaluar el marco regulatorio actual para determinar si es lo suficientemente flexible o si se requieren cambios para fomentar aún más la inversión en estas áreas. También subrayó la importancia de educar a la población local sobre las oportunidades que ofrece este sector, incluyendo programas para jóvenes empresarios y alianzas con instituciones académicas.
En cuanto a los recientes cambios en la regulación federal de criptomonedas, Negrón indicó que el gobierno de Puerto Rico está atento a las disposiciones de agencias como la FDIC y la Casa Blanca, con el fin de alinear las políticas locales con las normativas federales.
“Tenemos que seguir todas las leyes federales y asegurarnos de que cualquier cambio regulatorio se implemente correctamente en la isla”, explicó.
Acceso a incentivos para los residentes locales
Otro tema de discusión fue la percepción de que la Ley 60 beneficia principalmente a inversionistas extranjeros, mientras que los residentes puertorriqueños no siempre tienen acceso a los mismos incentivos. Negrón Reichard reconoció que esta es una preocupación válida y afirmó que la administración actual está evaluando formas de extender ciertos beneficios a la población local.
“Es razonable que los puertorriqueños se cuestionen cómo se están usando sus impuestos. Como parte del comité de reforma contributiva, se está analizando cómo algunos beneficios de la Ley 60 podrían ampliarse para incluir a más residentes”, explicó.
Uno de los programas que destacó fue el de jóvenes empresarios, el cual permite a emprendedores locales acceder a incentivos fiscales para impulsar sus negocios. Según Negrón, una de sus prioridades es promover mejor estos beneficios para asegurarse de que más puertorriqueños los conozcan y los utilicen.
Colaboración con agencias de ley y orden
Finalmente, Negrón Reichard enfatizó que, aunque el DDEC no tiene jurisdicción directa sobre el cumplimiento de leyes relacionadas con lavado de dinero y financiamiento ilícito, sí colabora con agencias estatales y federales para garantizar que los beneficiarios de la Ley 60 cumplan con todas las regulaciones aplicables.
“Siempre vamos a colaborar con las agencias de ley y orden en cualquier investigación o auditoría que sea necesaria”, aseguró.
Con el crecimiento del sector cripto en la isla y la continua revisión de la Ley 60, la fiscalización y la transparencia seguirán siendo temas clave en el debate sobre el futuro económico de Puerto Rico.
