Por Miguel Díaz Román
El ex Comisionado de Seguros, Fermín Contreras, respaldó que la legislatura le conceda a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar la cuantía a pagar de una reclamación en aquellas querellas en la que la cantidad de dinero adjudicada por la aseguradora haya sido impugnada por el asegurado.
“Es una buena idea pero este no es el momento porque la OCS tiene el plato lleno. Aún la OCS tiene que terminar el proceso para recuperar la acreditación de la NAIC (Asociación Nacional de Comisionados de Seguros) y falta hacer una restructuración de la oficina y reclutar el personal idóneo. Además, hay una faceta reglamentaria que habría que atender. Y en estos momentos ya la OCS tiene una alternativa para resolver ese tipo de controversias como lo son el proceso de arbitraje y mediación y existe el proceso en los tribunales”, dijo Contreras.
De esta manera Contreras reaccionó a la intención del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, para que la Cámara de Representantes presente una medida que le conceda a la OCS el poder de adjudicar la cuantía de una reclamación.
Actualmente, el monto a pagar por una reclamación es una determinación que toma la aseguradora tras una evaluación por parte de sus peritos y ajustadores. En esa determinación y según la complejidad de la reclamación, también participan los peritos de los asegurados, entre los que figuran los ajustadores públicos.
Además, en las querellas que impugnan el monto de una reclamación, la OCS solo puede evaluar si la aseguradora cumplió con las disposiciones del Código de Seguros que atienden el ajuste de reclamaciones y otras disposiciones relacionadas.
El Código de Seguros no le concede a la OCS el poder de intervenir en una reclamación para descartar la cantidad de dinero adjudicada por una aseguradora, y ordenar el nuevo monto que se le deberá pagar al asegurado.
De hecho, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha sostenido que la OCS no puede intervenir en una reclamación para decidir la cantidad de dinero que debe pagar un asegurador porque esa acción “es incompatible con su función como regulador”.
La directora ejecutiva de ACODESE, Iraelia Pernas, sostuvo que el Comisionado de Seguros, en su responsabilidad de regulador, no puede asumir una postura en controversias concretas adjudicando derechos de las partes. “O sea que se convertiría en juez y parte”, sostuvo Pernas.
Pernas señaló que si la legislatura se propusiera enmendar el Código de Seguros para que la OCS adjudique reclamaciones, ACODESE establecería una fuerte oposición. “Meterse a decir que son $15 millones y no $7 millones, ¡eso no lo puede hacer! Ahora no lo puede hacer, por eso (Adams Vega) sugiere enmendar el Código de Seguros. Si se propusiera enmendar la ley nos opondremos porque entendemos que es una mala legislación. Sería funesto que (el Comisionado) fuera juez y parte”, dijo Pernas.
Incluso, Pernas advirtió que probablemente el poder que exige Adams Vega para la OCS no tiene precedente en la estructura legal y reglamentaria de todos los comisionados de seguros en los Estados Unidos.
Legislatura puede empoderar la OCS
Contreras señaló que el hecho de que la práctica de adjudicar reclamaciones no sea una responsabilidad ordinaria entre de los comisionados de seguros de los Estados Unidos, no impide que la legislatura local apruebe una medida con ese objetivo.
“Eso se puede hacer, pero hay que hacer el andamiaje legal como corresponde y no debe haber problema alguno. El asunto es que dar ese poder a la OCS implica que se lo quitas a otro”, dijo Contreras.
El ex comisionado explicó que en la medida que a la OCS se le conceda el poder de intervenir para adjudicar reclamaciones, sería necesario limitar la capacidad de intervención de otros organismos, como, por ejemplo, los tribunales o el mecanismo de arbitraje y mediación que está accesible en la OCS desde que fue aprobado en el 2019, tras el paso del huracán María.
Contreras sostuvo que otra alternativa sería disponer por ley que la OCS pudiera intervenir en reclamaciones que involucren hasta una cantidad determinada de dinero y establecer que aquellas controversias que involucren reclamaciones con cantidades mayores podrían ser revisadas por los tribunales o utilizar el mecanismo de mediación y arbitraje.
El ex comisionado planteó incluso que para evitar que la función reguladora de la OCS sea afectada o cuestionada, la manera apropiada de establecer una herramienta para adjudicar reclamaciones es a través de un organismo independiente, pero adscrito a la OCS.
“Podrían ser algo parecido a la manera cómo opera el sindicato de impericia médica”, dijo Contreras, en referencia a que dicha entidad establece el monto a pagar en las reclamaciones que recibe tras un examen realizado por peritos y abogados, quienes asisten a los reclamantes.
Advierten oposición de reaseguradores
Una fuente de la industria de seguros catalogó la intención de Adams Vega para que la OCS pueda adjudicar reclamaciones como una medida populista que desatará la oposición de los reaseguradores.
“Los reaseguradores pagan aproximadamente el 90% de las pérdidas catastróficas en Puerto Rico. Tan pronto un legislador populista presente ese proyecto de ley las aseguradoras le van a llevar el mensaje a los reaseguradores. Ningún reasegurador va a permitir que la decisión de cuánto se debe pagar la tenga la OCS. Ese tipo medida populista atenta contra las aseguradoras del país porque se quedarían sin reaseguro”, dijo la fuente.