San Juan – El Colegio de Médicos Cirujanos, el Departamento de Salud, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, así como médicos residentes del Centro Médico Episcopal San Lucas en Ponce, endosaron ayer el Proyecto del Senado 538, que pretende enmendar el Código de Seguros de Puerto Rico, la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado y la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico, “con el propósito de aclarar la inmunidad que le aplica a los profesionales de la salud en especial, a los estudiantes y residentes de las instituciones médico hospitalarias públicas y privadas”.
El Departamento de Justicia estaba citado a deponer, pero se excusó de los trabajos.
En la vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor, presidida por la senadora Gretchen M. Hau, todos los deponentes destacaron la importancia de que los estudiantes de medicina y los médicos residentes no importa si estudian en el sistema público o privado estén cobijados bajo la inmunidad. Esto, indicaron, redundará en beneficio tanto para los profesionales de la salud como de los pacientes.
“La salud debe ser reconocida como el principal interés del Estado y los recursos humanos que ostentan Ia capacidad para proteger Ia vida, salud e integridad física de pacientes deben recibir el trato que se promueve en este proyecto de legislación”, estableció el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz.
Díaz propuso, además, que con la aprobación de la medida debería también establecerse un “No Fault Insurance”, una propuesta que por años ha impulsado el Colegio.
“La inmunidad a los médicos de reclamaciones por impericia médica debe venir acompañada de un sistema de seguro sin culpa (No Fault Insurance) para los pacientes como lo es el Fondo del Seguro del Estado para los empleados. Esto no es un asunto novel. En el año 2008 esta Legislatura tuvo ante si, y aprobaron en Ia Cámara de Representantes, un proyecto de Seguro de Compensación del Paciente que tenía Ia intención de habilitar un sistema de compensación a pacientes que hubiesen sufrido daños por impericia profesional, esto, acompañado de inmunidad para los médicos similar a Ia que gozan los patronos que se acogen a Ia póliza del Fondo del Seguro del Estado”.
El secretario del Departamento de Salud, Carlos mellado, destacó que es necesario tomar todas las medidas necesarias para que los puertorriqueños cuenten con acceso a los mejores servicios médicos posible.
“Desde el punto de vista de salud pública, reconocemos que el proyecto ante Ia consideración de esta Comisión constituye una herramienta adecuada para incentivar que nuestros médicos, especialistas, médicos residentes, así como los estudiantes de medicina se queden en Puerto Rico y que nuestros pacientes reciban el mejor acceso a servicios de salud en facilidades de salud tanto públicas como privadas”, lee la ponencia de Salud, firmada por Mellado.
En el caso del Recinto de Ciencias Médicas, el rector interino, el doctor Humberto Guiot, también endosó el proyecto, no obstante, subrayó que debe hacerse una diferencia entre los estudiantes y médicos residentes del sistema público versus los de hospitales privados.
“Aun cuando respaldamos la extensión de Ia inmunidad a todos los médicos en adiestramiento postgraduado y residencia, incluyendo a las escuelas privadas de medicina, la fuente de tal protección jurídica no es ni puede ser idéntica para todos los residentes. En el caso de los residentes de las instituciones privadas, su inmunidad debe ser reconocida y derivarse, estricta y exclusivamente, de la Ley 136, porque tales entidades no son parte del Estado”, dijo Guiot en su ponencia.
Guiot, pidió, además, que la inmunidad o inexistencia de causa de acción se extienda a los facultativos del sistema UPR “que rinden servicios a nuestra institución pública, como universidad del Estado, a través de los diversos hospitales o ‘sites’ clínicos. Ciertamente, dicha inmunidad debe quedar claramente reconocida, fuera de toda duda en interpretación y aplicación. Es el equipo de facultativos y residentes del RCM-UPR, quien asume, inequívocamente, el peso mayor de las responsabilidades del sistema de atender y resolver los casos más complejos y riesgosos de nuestro sistema de salud”.
Finalmente, los médicos residentes del Hospital San Lucas, el doctor Héctor López, residente de cirugía y la doctora, Yolanda Hildalgo, residente de medicina interna, también avalaron la medida legislativa. Destacaron la importancia de tener las mismas protecciones que sus compañeros del sistema público para sentirse protegidos mientras se educan, además de que aseguraron que la medida ayudará a limitar el éxodo de estudiantes de medicina y médicos.
“Nosotros, como proveedores en el sistema de salud que estamos en entrenamiento, debemos tener Ia protección del Estado que gozan nuestros colegas en hospitales públicos mientras aprendemos, cuidamos y hacemos nuestro mejor y mayor esfuerzo durante el cuidado médico y lo hemos demostrado en circunstancias críticas y de alto riesgo. La inmunidad no limita los derechos de nuestros pacientes, pero es importante porque protege nuestra educación que es una distinta a las demás profesiones”, dijo López.De hecho, sobre los derechos de los pacientes ante la potencial aprobación del proyecto, y a preguntas del senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Coral Rivera Torres, representante legal de San Lucas aclaró que “con la enmienda [el paciente] va a poder demandar a los tres [hospital, al médico docente y al residente] pero al residente no se le va a afectar su residencia”.
LEE AQUí LAS PONENCIAS:
